Juan Cárdenas Rendon
Expediente 1157/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1157/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 25/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Cárdenas Rendon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
....se advierte que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, toda vez que resulta innecesario conservar las documentales allegadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, las cuales obran en un tomo de pruebas por separado, destrúyanse las mismas, de conformidad con lo dispuesto por el punto décimo primero, tercer párrafo del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece. Cúmplase.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de noviembre de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además conforme lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este órgano de control constitucional procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el veinte de enero de dos mil dieciséis (fojas 75 a la 102), se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por Juan Cárdenas Rendon, Magdaleno Sandría Juan y David Bautista Flores. Inconforme con el fallo constitucional emitido, mediante acuerdo de diecisiete de febrero de la presente anualidad, se tuvo al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, en su carácter de autoridad tercero interesada, interponiendo recurso de revisión (fojas 142 a la 149, 152 y 153); por lo cual, mediante oficio 18930/2016 de tres de mayo de dos mil quince, se remitieron los autos originales del juicio en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común Adscrita a los Órganos Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación del medio defensivo hecho valer por la parte tercero interesada (foja 246). Posteriormente, el veintitrés de septiembre de esta anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado el oficio 7026, signado por el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, con el que remitió copia certificada del testimonio de la resolución de trece del referido mes y año, dictada en el amparo en revisión número 109/2016 de su índice (fojas 255 a la 265), de la que se desprende que la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados por la Jueza de Distrito, la Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Cárdenas Rendón, Magdaleno Sandria Juan y David Bautista Flores, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y puntualizados, respectivamente, en el resultando primero de esta sentencia." Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió el testimonio de la superioridad y, en términos de la ejecutoria de mérito, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, para que en el improrrogable plazo de tres días, contado a partir de que le fuera notificado tal acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 267 y 268). Por oficio número 2240, de siete de octubre pasado, el citado Juez responsable remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 277 a la 360); por lo anterior, mediante acuerdo de diecisiete de octubre siguiente, quedaron los autos a la vista de las partes, por el plazo de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 361 y 362); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora bien, el amparo concedido a Juan Cárdenas Rendon, Magdaleno Sandría Juan y David Bautista Flores, fue para el efecto siguiente: 1. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, deje insubsistente los autos de formal prisión dictados en su contra el tres de julio de dos mil quince, por el delito de secuestro agravado, en los autos de la causa penal 87/2015-I, de su índice y así restituirlos en el pleno goce de sus derechos fundamentales infringidos, en términos de lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo; 2. Con plenitud de jurisdicción, emita otra determinación, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, o en otro diverso, en la que siguiendo los lineamientos señalados en la presente resolución: a) Reitere la comprobación del cuerpo del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a), con sus agravantes, establecidas en los artículos 10, fracción I, inciso b) (que se cometa por un grupo de dos o más personas), y 11 (que la víctima se privada de la vida), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Prescinda de la aplicación de la calificativa que agrava la conducta del delito de secuestro, consistente en que la misma se lleve a cabo en un lugar desprotegido, prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Excluya de la agravante referente a que los autores tengan vínculo de amistad, prevista en el artículo 10, fracción II, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente respecto de los quejosos 2. Magdaleno Sandria Juan y 3. David Bautista Flores. d) Respecto a la probable responsabilidad de los inculpados 1. Juan Cárdenas Rendón, 2. Magdaleno Sandria Juan y 3. David Bautista Flores, deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en la causa penal, la forma de autoría o participación en que incurrieron los quejosos, en la comisión del delito que se les imputa, es decir, si fue de manera directa, expresando las razones que tiene para considerarlo así, o de manera conjunta precise los elementos que así lo demuestran. En el caso, tomando en consideración las constancias que anexó la citada responsable, se advierte que mediante resolución de siete de octubre de la presente anualidad, en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal, dejó insubsistente el auto de formal prisión de tres de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 87/2015, de su índice, y en su lugar, dictó una nueva determinación, donde del estudio de las constancias de autos, valoradas en su integridad y en su conjunto, acorde con lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, estableció que se acreditaba la probable responsabilidad de los aquí quejosos Juan Cárdenas Rendon, Magdaleno Sandría Juan y David Bautista Flores, en la comisión del delito de secuestro agravado comedido en agravio de la libertad y de la vida de quien llevó el nombre de A.H..H., establecido y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 10, fracción I, inciso a) y b), fracción II, inciso a) y b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materias de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la época en que sucedieron los hechos y determinó nuevamente dictar auto de formal prisión en contra de los impetrantes de garantías. Asimismo, prescindió de la aplicación de la calificativa que agrava la conducta del delito de secuestro, consistente en que si el mismo se llevó a cabo en un lugar desprotegido, pues concluyó que el lugar en el que suscitaron los hechos no puede estimarse que sea un lugar solitario o desprotegido, al encontrarse en un centro de población; y, por la hora en que sucedieron los hechos, la víctima se encontraba en posibilidad de ser auxiliada, circunstancias que lo excluye de la categoría de lugar desprotegido, no surgiendo a la vida jurídica tal aspecto. De igual manera, excluyó la agravante referente a que Magdaleno Sandria Juan y David Bautista Flores, tuvieran vínculo de amistad con la víctima, pues únicamente quedó demostrado con las constancias que obran en el proceso penal, que Juan Cárdenas Rendón sí tenía vínculo de amistad con la víctima del delito Finalmente, respecto a la probable responsabilidad de los ahora quejosos quedó justificada con base en los elementos de prueba que sirvieron de base para tener por acreditada la corporeidad del antisocial en estudio, valoradas en lo individual y de su enlace lógico y natural en su conjunto conforme a los artículos 214, 215 y 277 del Código de Procedimientos Penales vigente en el estado. De lo anterior se desprende, que la responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido, ya que acató los lineamientos trazados en la ejecutoria, dejando insubsistente la resolución que constituía el acto reclamado en el presente asunto, y emitiendo una nueva, en la que se restituyó a los solicitantes del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que este órgano jurisdiccional declara que el fallo constitucional se encuentra cumplido. Gírese oficio a la responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y archívese el presente asunto como concluido. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto, se concedió la protección de la justicia federal, lo que fue confirmado por la Superioridad, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención en lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y la resolución en la que se haya concedido dicha medida cautelar, para lo cual, como se indicó deberá conservarse por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido por el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite las constancias relativas al mismo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a los quejosos con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando los quejosos no desahoguen dicho requerimiento, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese por lista de acuerdos a los quejosos, así como a la parte tercero interesada...
- Principal
.. el oficio de la autoridad que se indica.. informa las medidas tomadas para dar cumplimiento al fallo protector...
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