Juan Cárdenas Aguiar
Expediente 1057/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/06/2019
Partes del expediente
- Juan Cárdenas Aguiar
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el seis de noviembre de dos mil dieciocho y dieciocho de junio del año en curso (fojas 87-88 y 160-161), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de junio de la presente anualidad (foja 162), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicados y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veinte de junio del año en curso (foja 163); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinticuatro al veintiséis de junio de dos mil diecinueve, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 57-69), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ". se aclara que los efectos de la concesión implican que, en los términos en que fue aplicada la porción normativa declarada inconstitucional, no pueda integrarse el cobro de los impuestos adicionales para el fomento a la educación, la asistencia social y la Universidad Autónoma de Nayarit, en tanto la base para su causación consiste precisamente en el monto por el derecho al refrendo anual del permiso de alcoholes previsto la norma declarada inconstitucional; y, por tanto, deba devolverse la totalidad del monto enterado por el contribuyente, amparado en el recibo 23133994 de veinte de abril de dicho año, sin retención de cantidad alguna. Al respecto ha de tenerse en cuenta que si se sustrae de la esfera jurídica del quejoso el sistema contributivo previsto por el 23, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, no podrían subsistir los impuestos adicionales que se causan teniendo a aquella tarifa como base y presupuesto de hecho determinante del gravamen; entonces, al desaparecer esta última quedan suprimidas las primeras también en tanto no habría forma de calcular los impuestos para el fomento de la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit porque no se integraría uno de los elementos impositivos." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: a). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 23, fracción VI, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; y b). Que la autoridad responsable devuelva a la parte quejosa las contribuciones erogadas determinadas en el recibo de pago exhibido por la quejosa previstas en el artículo 23, fracción VI de la ley declarada inconstitucional. Por otra parte, mediante ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro en la inconformidad 4/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad (fojas 136-156), se determinó que la cantidad a devolver por la autoridad responsable debería de estar actualizada. Luego, a través de oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el seis de noviembre de dos mil dieciocho y dieciocho de junio del año en curso (fojas 87-88 y 160-161), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la quejosa mediante transferencia electrónica, por la cantidad de $19,608.10 (diecinueve mil seiscientos ocho pesos 10/100, moneda nacional), la que se realizó el cinco de noviembre de dos mil dieciocho (foja 88), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y que la cantidad se encuentra debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $19,331.22 (diecinueve mil trescientos treinta y un pesos 22/100 moneda nacional), debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado por la parte quejosa, el veinte de abril de dos mil dieciocho y el cinco de noviembre del mismo año, la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad a través de la transferencia bancaria; por lo que el periodo de actualización comprende de marzo a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo del referido año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue 100.9170; y para el mes de marzo de la referida anualidad 99.4922. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0143. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $19,608.10 (diecinueve mil seiscientos ocho pesos 10/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $276.83 (doscientos setenta y seis pesos 8/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $19,608.10 (diecinueve mil seiscientos ocho pesos 10/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó en y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el seis de noviembre de dos mil dieciocho y dieciocho de junio del año en curso (fojas 87-88 y 160-161), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de junio de la presente anualidad (foja 162), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicados y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veinte de junio del año en curso (foja 163); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinticuatro al veintiséis de junio de dos mil diecinueve, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 57-69), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ". se aclara que los efectos de la concesión implican que, en los términos en que fue aplicada la porción normativa declarada inconstitucional, no pueda integrarse el cobro de los impuestos adicionales para el fomento a la educación, la asistencia social y la Universidad Autónoma de Nayarit, en tanto la base para su causación consiste precisamente en el monto por el derecho al refrendo anual del permiso de alcoholes previsto la norma declarada inconstitucional; y, por tanto, deba devolverse la totalidad del monto enterado por el contribuyente, amparado en el recibo 23133994 de veinte de abril de dicho año, sin retención de cantidad alguna. Al respecto ha de tenerse en cuenta que si se sustrae de la esfera jurídica del quejoso el sistema contributivo previsto por el 23, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, no podrían subsistir los impuestos adicionales que se causan teniendo a aquella tarifa como base y presupuesto de hecho determinante del gravamen; entonces, al desaparecer esta última quedan suprimidas las primeras también en tanto no habría forma de calcular los impuestos para el fomento de la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit porque no se integraría uno de los elementos impositivos." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: a). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 23, fracción VI, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; y b). Que la autoridad responsable devuelva a la parte quejosa las contribuciones erogadas determinadas en el recibo de pago exhibido por la quejosa previstas en el artículo 23, fracción VI de la ley declarada inconstitucional. Por otra parte, mediante ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro en la inconformidad 4/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad (fojas 136-156), se determinó que la cantidad a devolver por la autoridad responsable debería de estar actualizada. Luego, a través de oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el seis de noviembre de dos mil dieciocho y dieciocho de junio del año en curso (fojas 87-88 y 160-161), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la quejosa mediante transferencia electrónica, por la cantidad de $19,608.10 (diecinueve mil seiscientos ocho pesos 10/100, moneda nacional), la que se realizó el cinco de noviembre de dos mil dieciocho (foja 88), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y que la cantidad se encuentra debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $19,331.22 (diecinueve mil trescientos treinta y un pesos 22/100 moneda nacional), debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado por la parte quejosa, el veinte de abril de dos mil dieciocho y el cinco de noviembre del mismo año, la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad a través de la transferencia bancaria; por lo que el periodo de actualización comprende de marzo a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo del referido año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue 100.9170; y para el mes de marzo de la referida anualidad 99.4922. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0143. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $19,608.10 (diecinueve mil seiscientos ocho pesos 10/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $276.83 (doscientos setenta y seis pesos 8/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $19,608.10 (diecinueve mil seiscientos ocho pesos 10/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó en y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por Karla Marvelly Gudiño Dena, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado, así como con el diverso recibido en este juzgado el seis de noviembre de dos mil dieciocho y su anexo (fojas 87-88), a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el veintitrés de mayo del presente año, por el referido Órgano Colegiado, en el recurso de inconformidad 4/2019, de su índice, relativo al presente juicio de garantías 1057/2018, en la que se aprecia que declaró fundado el recurso de inconformidad interpuesto por Juan Cárdenas Aguiar, contra de auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente. En efecto, visto el sentido de la ejecutoria de referencia, se advierte que el Órgano Revisor revocó el auto de diecisiete de diciembre del año pasado y dejó sin efectos el diverso de veintiocho del referido mes y año, dictados dentro del juicio de amparo en que se actúa y ordenó a este juzgado federal requerir a la autoridad responsable, para que remita las constancias en las que se advierta que la operación aritmética que acrediten que la cantidad devuelta fue actualizada conforme a derecho y determine si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, o en su caso, si hubo exceso o defecto en el cumplimiento de conformidad con el precepto 196 de la Ley de Amparo. Así pues, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase únicamente a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, para lo cual, remítasele copia simple de la ejecutoria emitida dentro de los autos del recurso de inconformidad 4/2019. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá a cada una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se les hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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