JUAN CAMILO ORDOÑEZ IGLESIAS y Otros.

Expediente 984/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
984/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • JUAN CAMILO ORDOÑEZ IGLESIAS y Otros.
  • Juan Pablo Ordoñez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por desechada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    con fundamento en el artículo 27 de la ley de amparo se notifica a la parte quejosa el auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Roberto Méndez Torres, a favor de Juan camilo Ordoñez Iglesias y Juan Pablo Ordoñez García; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 984/2022- VII. Análisis de la demanda de amparo. Este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Desechamiento de demanda. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Máxime, que los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. señalando el correo electrónico y número telefónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Notificación por estrados. Por otro lado, dado que el promovente Roberto Méndez Torres, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, de conformidad con el artículo 27 fracción lll de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente auto y las subsecuentes notificaciones de carácter personal por lista de estrados, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Consulta vía electrónica. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza al promovente el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta en la modalidad de juicio en línea. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A adscrita, realice la autorización para la consulta al promovente a través de la vía electrónica, por conducto del usuario robtor57. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese por lista de estrados al promovente. Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria Tania Aguilar Herrera que firma y da fe. Doy fe En efecto, el precepto legal en cita establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. [.]De la lectura del dispositivo legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando la acción constitucional se promueve contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En ese sentido, los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que existan por lo menos dos juicios de amparo. b) Que uno de esos juicios constitucionales se encuentre en trámite. c) Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuren como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. d) Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos. Establecido lo anterior, se estima que los requisitos anteriores se encuentran colmados, generando con ello la improcedencia de este juicio constitucional. Para demostrar tal afirmación se estudiarán las exigencias precisadas de manera particular de la siguiente manera. Primer requisito. Que existan por lo menos dos juicios de amparo. En el caso, se estima actualizado el requisito en análisis, en razón que de la certificación de cuenta se advierte que en esta propia fecha, se proveyó sobre la demanda de amparo promovida por Roberto Méndez Torres, a favor de Juan Camilo Ordoñez Iglesias y Juan Pablo Ordoñez García, misma que se radicó bajo el número 983/2022-VI. Además, la presente demanda y la promovida en el juicio 983/2022-VI, se presentaron en línea a través del portal electrónico del Poder Judicial de la Federación en este mismo día. Segundo requisito. Que uno de esos juicios constitucionales se encuentre en trámite. Este requisito también se considera satisfecho, en atención a que el juicio de amparo 983/2022-VI, promovido por Roberto Méndez Torres, a favor de Juan Camilo Ordoñez Iglesias y Juan Pablo Ordoñez García, se encuentra en trámite al haberse realizado el pronunciamiento respectivo sobre la demanda el día de hoy, proveyéndose sobre la suspensión de plano y ordenándose la ratificación de la misma, es decir, no fue desechada ésta. Tercer requisito. Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuren como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. Por lo que respecta a esta exigencia debe decirse que ambos juicios de amparo, esto es, el identificado con el número 983/2022-VI, así como el presente asunto, existe identidad de partes, ya que se trata de los mismos quejosos y de las mismas autoridades responsables. Ello, pues en ambos juicios constitucionales el promovente es Roberto Méndez Torres, quien instó la acción constitucional a favor de Juan Camilo Ordoñez Iglesias y Juan Pablo Ordoñez García, en contra de las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California; Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California y Jefe de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, todos con sede en esta ciudad. De ahí que, esta exigencia también se encuentre satisfecha. Cuarto requisito. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos. Finalmente, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que en ambos juicios de amparo la parte quejosa reclama, sustancialmente, las órdenes de deportación, expulsión, repatriación, restricción a la libertad de tránsito, detención e incomunicación Actos cuya existencia se reclama a partir de la presentación de ambas demandas, esto es, en esta propia fecha -veinte de diciembre de dos mil veintidós-. Por tanto, es claro que la parte quejosa a través de este juicio de amparo y el diverso 983/2022-VI, reclama los mismos actos reclamados de las mismas autoridades responsables, trayendo como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Roberto Méndez Torres, a favor de Juan Camilo Ordoñez Iglesias y Juan Pablo Ordoñez García.

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