Juan Camilio Ordoñez Iglesias
Expediente 2179/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2179/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- JUAN PABLO ORDOÑEZ GARCÍA y Otros.
- Juan Camilio Ordoñez Iglesias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de catorce de diciembre del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de Juan Camilo Ordoñez Iglesias y Juan Pablo Ordoñez García; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar, en lo que refiere a Juan Camilo Ordoñez Iglesias y Juan Pablo Ordoñez García. Por otra parte, el estado procesal de autos se desprende que en proveído de trece de diciembre del año en curso, este juzgado se declaró incompetente en razón del territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por William José Gálvez Aliaga, contra actos de la Subdirectora de Departamento de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California y otras autoridades. Por lo anterior, se remitió la misma al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno. No obstante lo anterior, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte la existencia de diversos juicios de amparo indirecto a nombre del aquí quejoso el cual se encuentra radicado en los Juzgados Segundo y Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por tanto, solicítese respetuosamente a los referidos juzgadores que, de no tener inconveniente legal alguno, informen si alguno de los juicios de su índice deriva de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en el que este juzgador declaró la legal incompetencia a favor del homólogo en esa entidad federativa.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 199/2022 (orden 1035/2022), que se le remitió para notificar a los directos quejosos Juan Camilo Ordoñez Iglesias, Juan Pablo Ordoñez García y William José Gálvez Aliaga. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. No ratifican la demanda. Ahora, vista la constancia de notificación de siete de diciembre de dos mil veintidós, levantada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se advierte que los quejosos Juan Camilo Ordoñez Iglesias y Juan Pablo Ordoñez García señalaron que es deseo de ambos no ratificar la demanda de amparo, promovida por Roberto Méndez Torres; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por Roberto Méndez Torres, a favor de Juan Camilo Ordoñez Iglesias y Juan Pablo Ordoñez García. Ahora, tomando en consideración que los quejosos no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) notifíquese por lista la presente resolución y las subsecuentes, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por último, se deja sin efectos la suspensión de plano decretada en autos del presente juicio por cuanto hace a los precitados quejosos. Incompetencia. Ahora, por lo que respecta al diverso quejoso William José Gálvez Aliaga, una vez analizados los autos del juicio de amparo en que se actúa, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del mismo; para ello, resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo anterior, tomando en consideración la constancia de notificación de siete de diciembre de dos mil veintidós, levantada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se colige que el quejoso William José Gálvez Aliaga se encuentra alojado en la Estación Migratoria en Tijuana, Baja California; por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado anteriormente, se advierte que la privación de la libertad con fines de deportación reclamada, tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; esto es, en Tijuana, Baja California; en consecuencia, el competente para conocer del presente asunto es un Juez de Distrito con jurisdicción en dicho lugar. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, a fin de que conozca del presente asunto, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, instrúyase a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite los permisos necesarios para dar acceso al expediente electrónico respectivo al homólogo federal, a efecto de que las constancias que obran en el mismo puedan ser tomadas en consideración al momento en que provea lo conducente, solicitando amable y atentamente comunique a este juzgado lo que tenga a bien determinar
- Principal
Villahermosa, Tabasco, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda la constancia actuarial que antecede de la que se desprende que el fedatario de la adscripción, notificó al promovente del presente juicio el proveído de seis de diciembre del año en curso. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Informe sobre la suspensión de plano. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio suscrito por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe en relación a la suspensión de plano dictada en el presente sumario; en consecuencia, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido. Domicilio y delegados. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable antes mencionada, a los que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo.
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