Juan Camacho Bello

Expediente 739/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
739/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Camacho Bello
  • Juan Camacho Bello y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, uno de junio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, trece de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad que ahí se indica, en representación de las autoridades responsables Secretario de Seguridad Ciudadana y de la Subsecretaría de Operación Policial, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por el cual interpone incidente de modificación de la suspensión definitiva, de conformidad con el artículo 66, 67, 139, 141, y 154 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que en auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se advierte que se concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, por tal motivo no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que tampoco fue solicitado la autoridad responsable oficiante; por tanto, tramítese dentro del presente expediente principal, todo lo relativo al incidente de modificación a la suspensión promovido en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 154, en relación con los diversos 125 a 147 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de modificación a la suspensión hecho valer por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.13º.T.19 K (10a.), de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 154 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de revocar o modificar la resolución que conceda o niegue la medida suspensional definitiva cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, conforme al trámite correspondiente a un incidente de suspensión, al disponer que debe "tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión", lo cual implica que se realiza mediante una incidencia que debe seguir las reglas previstas en los artículos 125 a 147 de la invocada ley; por lo que debe abrirse una dilación procesal a través de la cual se dé vista a las partes a efecto de ofrecer las pruebas que a su interés convenga y, que por su naturaleza, se trata de una audiencia y resolución, lo cual incumbe al a quo, quien debe proveer lo conducente para constatar la actualización del hecho superveniente y, una vez agotado el procedimiento, resolver lo que en derecho proceda respecto a si modifica o revoca los términos en que concedió la suspensión provisional. En este tenor, cuando en un incidente de suspensión derivado de un amparo indirecto, el Juez de Distrito fija una postura en cuanto a la suspensión definitiva y una de las partes solicita su modificación o revocación por alguna causa posterior a esa determinación, es ilegal que se niegue a tramitar esa petición bajo el argumento de que procede el recurso de queja establecido en el artículo 97, fracción I, inciso c), de la ley mencionada, pues ésta no es la vía para revocar o modificar la determinación adoptada en la resolución de suspensión definitiva. Lo anterior, porque en esos casos la decisión no se constriñe a negar lisa y llanamente la modificación o revocación solicitada, sino a sustanciar el trámite correspondiente, a efecto de que una vez agotado se resuelva si se concede o niega la petición."1 Por tanto, con copia del ocurso de cuenta, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de 2 cuarenta y ocho horas, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, rindan su informe en relación con la incidencia planteada, y proporcionen a este Juzgado los elementos probatorios que estimen convenientes. Apercibidas de que de ser omisas al requerimiento que se les formula o de no manifestar oportunamente el impedimento legal que tengan para ello, se acordará lo conducente, únicamente con las constancias que obren agregadas en autos. En ese sentido, se fijan las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia relativa al incidente que se plantea. De igual forma, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social interese, con copia del escrito de mérito. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de veintiocho de abril del año en curso, cuyo texto es: "Ciudad de México, trece de mayo de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por **************************, por propio derecho, así como *********************, quienes aducen promover en representación de sus progenitores ******************* respectivamente, y *******************, quien promueve en representación de su hermano *****************; contra actos de la Tesorería de la Ciudad de México; de quien reclama los siguientes actos: "El Acuerdo de fecha 4 de abril del año en curso, emitido por la C. Licenciada Erika Adrián Ruíz Rocha, Directora de Recuperación de Cobro, de la Tesorería de la Ciudad de México, con el que se ordena el remate del Bien Inmueble ubicado en Avenida Tláhuac número 138, Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09820, en esta Ciudad; no obstante tener pleno conocimiento que ese bien inmueble se encuentra embargado legal y materialmente, desde el 13 de julio de 2001, en favor de los trabajadores que estallamos la huelga en 1999. Del acuerdo que se impugna tuvimos conocimiento el 25 de abril del año en curso." Integración del expediente. Fórmese el expediente 739/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107 fracción IV constitucional, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previo a la promoción del presente juicio de amparo, ya que en contra de los actos reclamados procede el juicio de nulidad previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Al respecto, se transcribe el contenido del artículo 107, fracción IV, constitucional, y del diverso numeral y fracción invocada de la ley de la materia, que a la letra disponen: . De conformidad con lo dispuesto por los dispositivos de ley preinsertos, el juicio de amparo indirecto en materia administrativa es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que ésta establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley ordinaria. El hacer referencia a la inexigibilidad de mayores requisitos significa, que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, el quejoso deberá agotar los medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias en las que pueda obtener la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Así las cosas, los artículos 3, fracción I, y 31, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, disponen: . En términos de los numerales citados, se establece la procedencia del juicio de nulidad en contra de actos administrativos de las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, que causen agravio a una persona física o moral, como acontece en el presente asunto en el cual medularmente se combate el oficio de cuatro de abril de dos mil veintidós, emitido por la Directora de Recuperación de Cobro de la Tesorería de la Ciudad de México en el cual ordena el remate del bien inmueble ya señalado con antelación. En ese contexto, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, ésta se divide en Central, Desconcentrada y Paraestatal, de lo que se colige que la autoridad que la parte quejosa señala como responsable, forma parte de la Administración Pública de dicha entidad; y que con sus actos pueden ocasionar un agravio tanto a personas físicas como a personas jurídicas. En ese orden de ideas, si en este caso concreto, la parte peticionaria de amparo se duele del oficio emitido por la Directora de Recuperación de Cobro de la Tesorería de la Ciudad de México en el cual, como ya se precisó, ordena el remate del bien inmueble ubicado en "Avenida Tláhuac número 138, Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09820, en esta Ciudad", se colige que dicho acto debe ser combatido a través del juicio de nulidad, en términos de los numerales 3, fracciones I y II y 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, previo a la promoción del juicio de amparo, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige esta materia. Lo anterior es así, habida cuenta de que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad México, prevé la suspensión de los efectos de los actos reclamados, en términos de los artículos 61, 71, 72 y 73, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, para otorgar la suspensión definitiva de los actos. Resulta aplicable, la jurisprudencia PC.I.A. J/160 A (10a.), visible en la página 5405, del Libro 77, Tomo VI, correspondiente a agosto de dos mil veinte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuyo criterio es del tenor siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, NI ESTABLECE MENORES ALCANCES QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. . Bajo esa circunstancia, este juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra del acto que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encuentra obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia constitucional, pues no opera excepción alguna a esa institución jurídica. No pasa inadvertido a lo anterior, la excepción al principio de definitividad que prevé el párrafo tercero de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, en el presente caso no se actualiza dicha excepción dado que de las determinaciones que constituye el acto reclamado, se aprecia que se indican diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales, que sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que se concluya que no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata, lo que se reitera, no sucede en el caso. De ese modo, queda claro que la parte quejosa conoce los motivos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Conclusión. Por lo tanto, como se expuso, se determina que se actualiza una causal de improcedencia, pues no se agotó, previo a instar el presente juicio, el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.1 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe."

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