Juan Calos Godínez Morales
Expediente 272/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Calos Godínez Morales
- FISCAL Y/O AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO que integra la carpeta de investigación 1003201943269 por el delito de fraude procedimental, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado sobreseimiento. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó y negó el presente juicio en que se actúa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Destacando, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se sobreseyó y negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, por una parte se negó, y otra concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Se acusa de recibo Vista la certificación secretarial de cuenta de la cual se advierte que en esta fecha, el licenciado Jorge Alejandro Flores Mendoza, oficial Administrativo del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, hizo llegar de manera económica el original del cuaderno incidental 272/2022, deducido del presente juico de amparo, en razón de que se omitió su devolución con el oficio por el cual se informó que causó estado el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por Juan Calos Godinez Morales, dentro de la queja 82/2022; por tanto, acuse recibo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal Colegiado informa. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que concluyo el término de tres días que establece el artículo 104, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de reclamación contra el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, que desechó por improcedente el recurso de queja, interpuesto por Juan Calos Godinez Morales, sin que haya sido impugnado dicho auto; por lo que, dicho proveído ha causado estado, dentro de la queja 82/2022 de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal Colegiado acusa recibo y desecha recurso de queja. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo e informa que desecho el recurso de queja interpuesto por el quejoso Juan Calos Godínez Morales, en contra de la suspensión definitiva dictada el diecisiete de marzo de la presente anualidad, dentro de la queja 82/2022 de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 272/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Juan Calos Godínez Morales, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad, que estimo violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SEGUNDO. Trámite de la demanda. Este Juzgado de avocó al conocimiento del asunto; y, por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridad que se ejecutó en la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En acatamiento a lo establecido en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Fiscal y/o Agente del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación 1003201943269 por el delito de Fraude Procedimental, con residencia en esta ciudad: El citatorio de la Fiscalía General del Estado, derivado de la carpeta de investigación 1003201943269 por el delito de fraude procedimental. La privación de la libertad derivada de la integración de dicha carpeta de investigación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Fiscal y/o Agente del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación 1003201943269 por el delito de Fraude Procedimental, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada del oficio por el que se le requirió el mismo; por tanto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. Cabe mencionar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con su escrito de alegatos que presentó ante este juzgado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la responsable negó la existencia de los actos reclamados, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Argumento que se desestima, en virtud de que, por los motivos dados, el acto reclamado es cierto. CUARTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causas de improcedencia que pudieran actualizarse en el juicio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora advierte de oficio la actualización del motivo de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en el citatorio de la Fiscalía General del Estado, derivado de la carpeta de investigación 1003201943269 por el delito de fraude procedimental. . Dichos ordinales y fracciones prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Porciones normativas de las que se obtiene que uno de los casos en los que el juicio de amparo es improcedente, es cuando la propia improcedencia se aparezca de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Asimismo, de la fracción III, inciso b) del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Disposición que aplicada en sentido contrario, deriva en que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados en ese tipo de procedimientos, que no se afecten materialmente derechos sustantivos. Por "derechos sustantivos", deben entenderse aquellos que se identifican con los bienes de la vida, por lo que, pueden considerarse sustantivos, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. Siendo aplicable al caso la siguiente jurisprudencia: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así, para considerar que un acto afecta derechos sustantivos, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado de lo que se resuelva al final del procedimiento; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, de acuerdo al criterio jurisprudencial: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como se dijo, el quejoso reclamó el citatorio girado en su contra dentro de la carpeta de investigación 1003201943269 por el delito de fraude procedimental. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, toda vez que el mismo no afecta la libertad personal del citado. Al respecto, explicó que la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del primer párrafo del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que estimó que la citación, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Añadió que no obstaculizaba considerar lo anterior el hecho de que se estableciera el apercibimiento con el empleo de medios de apremio, como puede ser su presentación por medio de la fuerza pública, en caso de inasistencia injustificada, toda vez que esa inasistencia está sujeta a circunstancias de realización incierta. De modo que la citación a la audiencia inicial por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; diligencia en la que además puede resultar vinculado o no a proceso, sin que exista certeza tampoco sobre si se le impondrá una medida cautelar. Consideraciones por las que -concluye- no procede el juicio de amparo indirecto contra ese tipo de citación. De esta resolución derivó la siguiente jurisprudencia: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." El citatorio que reclama el quejoso, si bien no fue emitido por un Juez de Control, y su objeto no consiste en citar a los destinatarios a una audiencia inicial, lo cierto es que a juicio de esta Juzgadora las consideraciones esgrimidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución aludida, resultan aplicables al presente asunto. Así se considera, ya que el citatorio impugnados, al igual que aquéllos emitidos para citar a la audiencia inicial, únicamente consisten en la comunicación por parte de la autoridad ministerial, de la necesidad de su presencia en el desahogo de una diligencia, aunado a que en términos del artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona o servidor público se encuentra obligado a proporcionar información a los encargados de la investigación del delito, de modo que, al tratarse de un comunicado en el que se solicita la participación voluntaria en una actuación en la investigación, no puede afirmarse que se esté en presencia de un acto que afecte derechos sustantivos del quejoso, como en el caso la libertad. Por tanto, se trata de actos emitidos por la autoridad ministerial dentro de un procedimiento de investigación, constitucionalmente facultada para llevarlos a cabo en términos del artículo 21 de la Carta Magna, que por sí mismos no afecta ningún derecho fundamental de aquél. Circunstancias a las que debe añadirse que independientemente del objeto del citatorio, o de la autoridad que lo emite, encuentra su regulación en el mismo marco normativo, lo que evidencia la similitud en la naturaleza de los citatorios a la audiencia inicial o a la práctica de diligencias en la etapa de investigación prejudicial. Así, el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." De su primer párrafo se obtiene que el citatorio como medida para solicitar la asistencia voluntaria del destinatario a una actuación procedimiental, es facultad tanto para la autoridad ministerial como para la judicial. Además, el diverso numeral 91 señala los requisitos que debe contener el citatorio: "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." Precepto del que se advierte que, independientemente del objeto del citatorio, o de la autoridad que lo emite, el mismo debe observar los mismos requisitos. De modo que se concluye que independientemente de su fin, los citatorios tienen una misma regulación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y además surten los mismos efectos -comunicar al destinatario la necesidad de su presencia en la actuación que corresponda- sin que ello implique la afectación a su libertad u otros derechos sustantivos, por no tratarse de una medida estrictamente coercitiva o forzosa, ni siquiera si se emplea el apercibimiento con medios de apremio, por lo que no queda evidenciado que el acto aquí reclamado, afecte sus derechos sustantivos. Así, al no actualizarse el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, entonces se actualiza la causa genérica establecida en la fracción XXIII, en relación con el anterior precepto aplicado en sentido contrario. Por tanto, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, respecto del acto que se analiza. QUINTO. Síntesis y estudio de los conceptos de violación. No es necesario ni obligatorio transcribir los motivos de disenso para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en la sentencia, por lo que su análisis se realiza en el presente considerando de conformidad con lo siguiente: El quejoso esencialmente sostiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, derivado de la falta de fundamentación y motivación del acto de autoridad, además, de que no ha sido oído y vencido en juicio. Los conceptos de violación son infundados. Primeramente debe mencionarse que el quejoso no allegó al juicio medio probatorio para poner de relieve la inconstitucionalidad del acto reclamado, privación de la libertad derivada de la integración de dicha carpeta de investigación. Ciertamente, el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, establece un principio de distribución probatorio en el juicio de amparo, conforme al cual, en aquellos supuestos en que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado, la carga procesal de acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, siempre y cuando dicho acto no sea violatorio en sí mismo, de derechos humanos y garantías. Luego, debe decirse que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no en las circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés legítimo y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/4, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 452, Novena Época, Tomo II, Septiembre de 1995 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE REMITIR CONSTANCIAS EN EL. La omisión de las autoridades responsables de acompañar pruebas a su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto reclamado, sólo da lugar a imponerles determinada multa, pero ello no releva a los quejosos de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que los quejosos tienen la carga de la prueba conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no sea inconstitucional en sí mismo. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que el juez de Distrito, conforme lo establece el último párrafo del artículo 78 reformado de la ley antes aludida, tiene la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y considere necesarias para la resolución del asunto, pues tal reforma alude a que el juez de amparo debe recabar de oficio "pruebas", mas no constancias, porque éstas pueden consistir en elementos diversos de aquellos que tuvo en cuenta la responsable para emitir el acto reclamado, y son precisamente estas "pruebas" las que corresponde al quejoso allegar al juicio de garantías, en términos del primero de los preceptos mencionados. Ahora, un acto de autoridad es violatorio de los derechos fundamentales en sí mismo, en los casos siguientes: 1. Cuando la Constitución Federal prohíba su realización o no prevea la facultad de la autoridad para emitirlo. 2. Cuando por su propia naturaleza sea contrario a los cánones constitucionales. 3. Cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Constitución. En cambio, el acto reclamado no será violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, cuando pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos y cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto. De ahí, que el citado numeral 117 de la reglamentación de la materia, establezca que corresponde al promovente del amparo probar la inconstitucionalidad del acto que, en sí mismo, no es violatorio de las garantías y los derechos fundamentales tutelados en la constitución; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios de las garantías y de los derechos fundamentales en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Luego, para apreciar cuándo un acto reclamado en amparo es violatorio de garantías en sí mismo, debe atenderse a aquéllos casos en que su constitucionalidad o inconstitucionalidad no dependan de los motivos, datos o pruebas, en que se haya fundado dicho acto; esto es, cuando el acto reclamado pueda ser realizado por la autoridad responsable mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no puede ser considerando violatorio de garantías en sí mismo. En cambio, cuando en ningún caso la responsable pueda realizar el acto reclamado, con independencia de que deba o no llegar algún requisito, entonces sí puede estimarse como violatorio de garantías en sí mismo, porque aquélla estaría actuando fuera de su competencia legal; lo mismo ocurriría si el acto contraviniera prohibiciones establecidas en la Ley Fundamental. En el caso, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, porque el artículo 21 de la Constitución Política reconoce que el monopolio en la facultad investigadora del Estado, por la comisión de delitos, le corresponde a la institución del Ministerio Público. Acorde a ello, los artículos 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación; IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este Código; XII.." Conforme a dichos numerales el Agente del Ministerio Público como conductor de la investigación, se encuentra facultado para ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión; para lo cual puede ordenar la detención y retención de los imputados, cuando resulte procedente Ahora bien, como se dijo, en el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de derechos que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aun y cuando las autoridades responsables no rindan su informe justificado, pues si bien es cierto la ley establece la presunción de la existencia de los actos, también es verdad que arroja en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. De ahí, que si el quejoso no logró demostrar que se vulnere en su perjuicio los derechos fundamentales que citó como infringidos, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Juan Calos Godínez Morales, por su propio derecho, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Calos Godínez Morales, por las razones dadas en el considerando quinto. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
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