Juan Bustamante Aguilar

Expediente 1033/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1033/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2017

Partes del expediente

  • Juan Bustamante Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad capital, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control que se lleva en este Juzgado y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en providencia de dieciséis de noviembre pasado, señalando también como acto reclamado la posible orden de aprehensión, retención y/o detención girada en su contra, imputando del mismo a la Agencia de investigación IV de la Procuraduría de Justicia Región D, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, anexando además copia de su credencial para votar de la que se advierte que tiene su domicilio en dicha localidad, de lo que se colige que las autoridades ejecutoras lo son únicamente las que fueron señaladas en su escrito inicial de demanda y que por su encargo tiene tal encomienda. En ese sentido, se tiene como actos reclamados: La privación de la propiedad y posesión del vehículo automotor identificado como ***; y, La posible orden de aprehensión, retención y/o detención girada en su contra. Así, el suscrito juzgador estima clarificado el punto de disidencia externado por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital, en su auto de diez de noviembre del año en curso, careciendo por ende este órgano jurisdiccional de competencia legal en razón a la jurisdicción que por territorio le atañe, al actualizarse la primera regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual refiere que con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. Por tanto, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se advierte con claridad que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Guanajuato, Capital, órgano que ejerce jurisdicción en el lugar donde: Tuvo y sigue ejecutándose el acto reclamado consistente en la privación de la propiedad y posesión del vehículo automotor identificado como ***; y, Deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, retención y/o detención girada en su contra. Sirve de sustento a lo anterior por mayoría de razón, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta. Por lo anterior, se estima que ante la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de cuenta, lo procedente es remitirla (previo cuadernillo que al respecto se forme), al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para que manifieste si acepta o no la competencia y, en su caso, se avoque al conocimiento del presente juicio, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; solicitando atentamente acuse el recibo de estilo e informe su determinación sobre la competencia declinada.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 20108/2017 al que acompaña los autos del juicio de amparo 954/2017 de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diez de noviembre del año en curso. Acúsese el recibo de estilo. Agréguese al expediente que se recibe, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado de la Federación en acuerdo de siete de noviembre del presente año, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se desprende que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por este Juzgado, de la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Control residente en San Miguel de Allende, Guanajuato, y otras autoridades, porque el impetrante además de señalar como acto reclamado la privación de la propiedad y posesión del vehículo automotor identificado como ***, en el segundo párrafo de su escrito de demanda, textualmente indico: vengo a solicitar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA AUTORIDAD FEDERAL en contra de las autoridades responsables y por la orden de aprehensión y detención librada en mi contra y el cumplimiento que se les trate de dar. Por lo cual, por el momento este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, no insiste en la incompetencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Control residente en San Miguel de Allende, Guanajuato, y otras autoridades. Ahora bien, a efecto de dilucidar lo expuesto por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 114, fracción II, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: De manera clara y destacada señale si es su deseo tener como acto reclamado la posible orden de aprehensión y/o detención que en su contra se haya emitido; En caso si señala como tal acto de autoridad (orden de aprehensión y/o detención), indique la fecha de conocimiento de dicho acto, asimismo si dicho acto de autoridad los imputa a alguna responsable ejecutora con sede en donde tenga jurisdicción este Órgano de Control Constitucional; y, En caso de ser afirmativo el señalamiento de autoridad(es) ejecutora(s) con sede en la jurisdicción de este Juzgado Federal, acredite con documento fehaciente tener su domicilio en tal localidad(es) y/o la razón por la cual ha de estimar que la ejecución pueda tener lugar en la demarcación de la(s) autoridad(es) que cita. EXHIBICIÓN DE COPIAS. De igual forma el solicitante del amparo, deberá exhibir copias suficientes del escrito mediante el cual desahogue la presente prevención, para correr traslado a la totalidad de las partes que integren la presente litis constitucional, y una para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Es aplicable la Tesis P./J. 36/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, con apercibimiento que de no hacerlo en el término y forma indicados, se procederá conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo de cuenta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo de cuenta, suscrita por ****, por su propio derecho, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control residente en San Miguel de Allende, Guanajuato, y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 1033/2017-IV.2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver respecto al acto reclamado, atento a las consideraciones siguientes: Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, establece las bases legales para la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de los juicios de amparo indirecto que se promuevan ante ellos; numeral que a la letra dice: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, del análisis del precepto legal transcrito, se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) En el último párrafo del precepto en cita se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, el suscrito juzgador, estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada. Lo anterior, en razón de que conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será Juez competente el del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En efecto, el acto reclamado se hace consistir en la retención del vehículo automotor identificado como Pickup, color rojo, marca ***, con ***que tuvo su origen con motivo de la instauración de la carpeta de investigación ***del índice de la Agencia IV de Tramitación Común del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Justicia Región "D", y que hoy atribuye al Juez de Control con residencia en San Miguel de Allende, Guanajuato. Acto de autoridad que tuvo lugar con motivo de la pretendida alta del vehículo ante la Oficina Recaudadora correspondiente, en la cual el impetrante refiere que con motivo de ello, el once de agosto de dos mil diecisiete, acudió al módulo de revisión vehicular que se encuentra en aquella localidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar en donde le fue comentado que ante las alteraciones presentadas por el vehículo se daría vista al Ministerio Público para que se realizara la investigación correspondiente; por lo cual, sin lugar a dudas el acto de autoridad del que se duele en esta vía constitucional es de estimarse tuvo su inicio y sigue ejecutándose en ése municipio, es decir fuera de la circunscripción territorial de este Juzgado Quinto de Distrito. Además, de que todas las autoridades referidas por el quejoso tienen su residencia tanto en San Miguel de Allende, Guanajuato, como en la capital del Estado. Por tanto, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Guanajuato, capital, órgano que ejerce jurisdiccional en el lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior por mayoría de razón, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta. Por lo anterior, se estima que ante la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de cuenta, lo procedente es remitirla (previo cuadernillo que al respecto se forme), al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para que manifieste si acepta o no la competencia y, en su caso, se avoque al conocimiento del presente juicio, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; solicitando atentamente acuse el recibo de estilo e informe su determinación sobre la competencia declinada. Ahora, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Asimismo, téngasele como autorizados de su parte a los licenciados ***, en los términos más amplios de la primera parte del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen sus cédulas profesionales debidamente registradas en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a Sergio Chávez Mejía, Yessenia Baltazar Ramírez y Julio César Jiménez Palma, en términos restringidos, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del numeral citado, por no encontrarse en el supuesto indicado. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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