Juan Braulio Escobedo Ruiz
Expediente 1170/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1170/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Juan Braulio Escobedo Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, levantada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, se desprende que no le fue posible notificar de manera personal a los terceros interesados********************y ********************, el auto de diecisiete de los corrientes, por el motivo ahí asentado; en tal virtud, practíqueseles la notificación de dicho auto y los subsecuentes proveídos, incluso los que debieran ser de forma personal, por LISTA que se fija en los ESTRADOS de este juzgado, sin perjuicio de que con posterioridad puedan señalar como domicilio uno diverso para tales efectos. Lo anterior, con apoyo en el artículo 26, fracción III, en concordancia con el 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía al caso que nos ocupa, lo sustentado por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1ª./J.20/2008, publicada en la página 238, Tomo XXVII, abril de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. SE NOTIFICA EL ACUERDO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos el acta de ratificación del quejoso ***************, de su escrito de diez de mayo del año en curso y presentado en la misma fecha, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de tres de mayo del año en curso; en tal virtud, se acuerda: Se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo directo número 670/2017, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Braulio Escobedo Ruíz, contra actos de la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad y otra autoridad, en la que dicho Órgano Colegiado determinó que el Juzgado de Distrito en Turno, con sede en esta ciudad, es el legalmente competente para conocer de la citada demanda de amparo; tocando conocer de la misma a éste Órgano Federal; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 37, 45 y 46 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se aboca al conocimiento del asunto. Con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la citada demanda de garantías. SIN TRAMITAR EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN PORQUE NO SE SOLICITÓ DE MANERA EXPRESA. Atento a lo que establece el artículo 5°, fracción IV, dese al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete. Sin que sea necesario solicitar informes justificados a las autoridades responsables, en virtud de que ya obran en autos, por tanto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que remitió la autoridad Judicial al presente asunto, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que refiere en su escrito de demanda la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional del juicio. Se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del Ordenamiento Legal invocado, exhórtese a las partes para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 251, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en el proemio de su demanda. De igual forma, se tiene como autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada BERNARDA DEL CARMEN DÍAZ ROSADO, toda vez que se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con la limitaciones que establece el citado numeral a las demás personas que refiere, toda vez que no cuentan con el mencionado registro profesional, lo anterior, toda vez que la presente demanda versa en materia CIVIL. Asimismo, para la celeridad del procedimiento, se habilitan desde ahora, los días y horas inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2014, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO, Y EL ACCESO A ÉSTE, ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES SPOR VÍA ELECTRÓNICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIREL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE AMPARO", fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo. Para ello, se ordena efectuar la digitalización electrónica del juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el presente expediente. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. SE NOTIFICA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que por mediante constancia de emplazamiento de seis de septiembre de dos mil diecisiete, practicada por el actuario interino adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, a los terceros interesados ************** y ************, se advierte que señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en calle Querétaro, número catorce, entre Costa Rica y Nicaragua, colonia Santa Ana; en tal virtud, téngase el mismo para dichos efectos, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. Por tanto, notifíqueseles personalmente el auto de diecisiete de mayo del año en curso, haciéndole entrega de una copia autorizada del mismo, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que por mediante constancia de emplazamiento de seis de septiembre de dos mil diecisiete, practicada por el actuario interino adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, a los terceros interesados ************** y ************, se advierte que señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en calle Querétaro, número catorce, entre Costa Rica y Nicaragua, colonia Santa Ana; en tal virtud, téngase el mismo para dichos efectos, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. Por tanto, notifíqueseles personalmente el auto de diecisiete de mayo del año en curso, haciéndole entrega de una copia autorizada del mismo, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el acta de ratificación del quejoso ***************, de su escrito de diez de mayo del año en curso y presentado en la misma fecha, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de tres de mayo del año en curso; en tal virtud, se acuerda: Se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo directo número 670/2017, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Braulio Escobedo Ruíz, contra actos de la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad y otra autoridad, en la que dicho Órgano Colegiado determinó que el Juzgado de Distrito en Turno, con sede en esta ciudad, es el legalmente competente para conocer de la citada demanda de amparo; tocando conocer de la misma a éste Órgano Federal; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 37, 45 y 46 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se aboca al conocimiento del asunto. Con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la citada demanda de garantías. SIN TRAMITAR EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN PORQUE NO SE SOLICITÓ DE MANERA EXPRESA. Atento a lo que establece el artículo 5°, fracción IV, dese al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete. Sin que sea necesario solicitar informes justificados a las autoridades responsables, en virtud de que ya obran en autos, por tanto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que remitió la autoridad Judicial al presente asunto, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que refiere en su escrito de demanda la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional del juicio. Se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del Ordenamiento Legal invocado, exhórtese a las partes para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 251, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en el proemio de su demanda. De igual forma, se tiene como autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada BERNARDA DEL CARMEN DÍAZ ROSADO, toda vez que se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con la limitaciones que establece el citado numeral a las demás personas que refiere, toda vez que no cuentan con el mencionado registro profesional, lo anterior, toda vez que la presente demanda versa en materia CIVIL. Asimismo, para la celeridad del procedimiento, se habilitan desde ahora, los días y horas inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2014, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO, Y EL ACCESO A ÉSTE, ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES SPOR VÍA ELECTRÓNICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIREL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE AMPARO", fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo. Para ello, se ordena efectuar la digitalización electrónica del juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el presente expediente. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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