Juan Bosco Mier Santillan
Expediente 177/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 16/12/2022
Partes del expediente
- Juan Bosco Mier Santillan
- Congreso del Estado de Baja California, Con Sede En Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos, el escrito presentado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, y manifiesta que a la fecha no le han entregado al quejoso ******************** el título de crédito por la cantidad de ********************complementaria por concepto del Impuesto al Fomento Deportivo y Educacional, así como para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura. En ese contexto, requiérase a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que en el plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, informe a este órgano de control constitucional, sobre el cabal cumplimiento dado al fallo protector emitido en autos, apercibida que en caso de no dar cumplimiento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite la delegada del Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; en atención a su contenido, dígasele que mediante oficio 10121/2022 recibido el veinticuatro de mayo del año en curso, ante dicha dependencia, le fue enviada la constancia de Situación Fiscal del quejoso********************, tal y como se acredite con el acuse de recibo del mencionado oficio, que obra agregado en autos. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que en el plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, informe a este órgano de control constitucional, sobre el cabal cumplimiento dado al fallo protector emitido en autos, apercibida que en caso de no dar cumplimiento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedido a la parte quejosa, lo fue para que: "SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la Tesorería del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en acato a la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión deberá llevar a cabo lo siguiente: A) Con relación al impuesto predial. I. Deberá inaplicar al quejoso********************, los artículos 4 y 5 de las Leyes de Ingresos para el Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte respecto al cobro que se realizó en relación con el predio identificado con clave catastral: ********************, únicamente en la parte que se consideraron inequitativos, es decir, en cuanto a la diferenciación que se realiza cuando el impuesto predial es generado respecto de un predio urbano destinado al uso industrial de cualquier otro, conforme la tasa general de 3.70 al millar. II. En consecuencia, la autoridad exactora deberá restituir al quejoso la cantidad excedente que resulte de las diferencias enteradas respecto al impuesto predial del ejercicio fiscal mencionado relativo al inmueble precisado; devolución que debe partir del cálculo que se haga conforme a la tasa general aplicable -esto es, bajo la tasa del 3.70 al millar- y se le exente de la imposición de la tasa adicional, tal y como se prevé para aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria. Ello es así, pues como se indicó en el considerando que antecede, la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar al quejoso en la cuantía mínima impositiva, más no liberarlo en su pago. B) Con relación a los Impuestos al Fomento Deportivo y Educacional; así como para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura, deberá: I. Liberar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de pagar los impuestos contenidos en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio dos mil veinte. II. En consecuencia, devolver las cantidades que haya erogado al tenor de los numerales declarados inconstitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 112/99 (con número de registro electrónico 192846), integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve del Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, materias constitucional, común, con registro electrónico 192846, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 188/2004 (con registro electrónico 179675), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, localizable en la página cuatrocientas setenta del Tomo XXI, enero de dos mil cinco, materia administrativa, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido"." (SIC)
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