Juan Bernardo Chi Nahuat
Expediente 768/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juan Bernardo Chi Nahuat
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
CITATORIO. Chetumal, Quintana Roo, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Juan Bernardo Chi Náhuatl, mediante la cual, en cumplimiento al proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, informa, bajo protesta de decir verdad, que el catorce de enero del año en curso fue notificado de la negativa atribuida a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa Primera Investigadora del Sistema Tradicional en el Estado de Quintana Roo, en ese tenor de ideas, la parte quejosa desahoga cabalmente la prevención inmersa en autos. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: **** Al respecto, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, toda vez que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, es por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Así, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, conforme al planteamiento que a continuación se expone: El numeral en cita señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro del término legalmente establecido; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto reclamado, hecha al quejoso conforme a la ley que lo regule. Ahora, para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 del citado ordenamiento, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: quince días, regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición; c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; e) Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará, acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, el acto reclamado en el presente juicio se ubica dentro de la regla general antes enunciada, en razón de que se hace consistir en la negativa de la autoridad responsable de expedir copia certificada de todo lo actuado en la averiguación previa ****, negativa que le fue notificada a la parte quejosa el catorce de enero de esta anualidad. En efecto, el quejoso manifestó que la negativa de la autoridad responsable le fue notificada el catorce de enero de dos mil diecisiete, esto al señalar expresamente "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.- Manifiesto que el día 14 del mes de enero del presente año 2017, el C. Agente del ministerio público federal señalado como autoridad responsable me notificó el acuerdo, en el que dictó la negativa de expedirme la copia fotostática certificada del expediente de averiguación previa número ****."; lo que constituye una confesión expresa que hace prueba plena, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De esa manera, si la notificación del acto reclamado hecha a la parte agraviada del proceso penal (aquí promovente) fue el catorce de enero de dos mil diecisiete, en esta misma data surtió sus efectos tal notificación, pues los términos legales del juicio de origen corren a partir del día siguiente al en que ha quedado hecha, según lo establece el artículo 71 del Código de Federal de Procedimientos Penales, que señala: "ARTICULO 71.- Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente." Esto es así, ya que el precepto legal antes transcrito dispone que los términos correrán desde el día siguiente al de la fecha de la notificación; disposición que, en este caso, sirve de base únicamente para determinar cuándo surtió efectos la notificación respectiva, que lo fue el mismo día en que fue hecha, ya que los términos procesales del juicio de origen corren a partir del siguiente en que se efectúan las notificaciones, lo que significa que dichas notificaciones surten efectos el mismo día en que se realizan, pues, de lo contrario no podrían correr los términos en la forma estipulada por el numeral 71 citado. Es aplicable la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla no es preciso en determinar cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo, señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, de donde se concluye que, por regla general, las notificaciones en materia penal surten efectos desde que se efectúan y, por ende, si la codificación que rige el acto concreto no señala, específicamente, cuándo surte efectos la notificación, los términos deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza." El criterio invocado coincide -en sustancia- con las tesis, XX.2.62 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito; XVI.P.2 P, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito; y la tesis XXVII.1. (VIII Región) 1P, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región. Así, si el acto reclamado fue notificado a la parte quejosa el catorce de enero de dos mil diecisiete, tal notificación surtió efectos el mismo día, por lo que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo inició para el quejoso, el dieciséis de enero del año en curso y feneció el tres de febrero de esta anualidad, sin contar los días quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero de este año, por ser sábados y domingos de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda constitucional se presentó el nueve de noviembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, según se aprecia de la boleta de turno con sello de recepción que obra en la parte superior izquierda del ocurso de amparo, es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto a la fecha de presentación de la demanda, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17, de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, respecto del acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.
- Principal
CITATORIO. Chetumal, Quintana Roo, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Juan Bernardo Chi Náhuatl, mediante la cual, en cumplimiento a la prevención impuesta en proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete, informa que el catorce de enero del año en curso fue notificado de la negativa atribuida a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa Primera Investigadora del Sistema Tradicional en el Estado de Quintana Roo. Sin embargo, del contenido de su escrito de cuenta, no se advierte que la parte promovente cumpla con el requisito de la protesta de decir verdad. De ahí que, por virtud de lo precisado en los párrafos que anteceden, no se tengan por satisfechos los requisitos de la prevención de la demanda de amparo, ante la ausencia del requisito de la protesta de decir verdad. No pasa inadvertido que si bien al final de la demanda se advierte la frase "PROTESTAMOS LO NECESARIO", empero ésta resulta una expresión de cortesía, que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones, por lo que no puede ser utilizada en sustitución de la "protesta de decir verdad" que se encuentra prevista como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Por consiguiente, no ha lugar a tener por desahogada en su totalidad la prevención decretada en proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete. Ahora, atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el diez de noviembre del presente año, se otorgó a la parte quejosa el plazo de cinco días para que cumpliera con la prevención realizada por este Juzgado Federal; en ese contexto y toda vez que el término que se le diera aún no transcurre, debido a que dicho auto se notificó el trece de noviembre de dos mil diecisiete, y surtió sus efectos el día catorce siguiente; por tanto, comenzó a correr el quince de noviembre del presente año, y fenecía el veintidós del mismo mes y año, pero quedó interrumpido al tenor del escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el diecisiete de noviembre actual, por virtud del cual la parte quejosa desahogó parcialmente la prevención impuesta en auto de diez de noviembre de esta anualidad, de ahí que cuenta todavía con tres días para desahogar a cabalidad dicha prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En consecuencia, requiérase de nueva cuenta al quejoso, en forma personal, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo: ÚNICO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, cuando fue notificado se hizo sabedor o tuvo conocimiento de la negativa de la autoridad responsable. Por todo lo anterior, se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento en el plazo y condiciones indicadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, abril de 2001, Tomo XIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión, de manera personal o por su representante legal y no por conducto de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentra ejercitar la acción constitucional. Sin embargo, sí podrán presentar las copias de la demanda por conducto de sus autorizados en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Décima Época, publicada el nueve de agosto de dos mil catorce, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007285, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo I, aprobada en sesión de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, del rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes."
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