Juan Beristain Torres
Expediente 458/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Beristain Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el artículo 14 fracción III, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis del artículo 20, fracción IV. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió el Juez Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, con las que se formó un tomo de pruebas, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala.
- Principal
Agréguese en autos el comunicado remitido vía interconexión por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, mediante el cual devuelve el exhorto 442/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar el auto de treinta y uno de mayo pasado, al quejoso ***********; dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Sin que sea necesario acusar recibo dado que éste se genera en el sistema (SISE).
- Principal
Agréguese en autos el oficio remitido vía interconexión por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, mediante el cual, en atención a la solicitud formulada en proveído de veintiséis de junio de la presente anualidad, informa que reenvió al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, la comunicación 132/2023 (orden 275/2023-6) de su índice, que formó con motivo de la diversa enviada por este órgano jurisdiccional a fin de notificar el auto de treinta y uno de mayo del año en curso al quejoso ************ y que una vez que sea devuelto el despacho de referencia, se devolverá.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 1279, signado por el Juez Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original de la demanda de amparo promovida por Juan Beristain Torres y un tomo de pruebas que contiene copia certificada del expediente *********** de su índice; en tal virtud, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 458/2023-IV; acúsese el recibo de estilo correspondiente. b) Dado lo voluminoso de las constancias anexas, se ordena formar un tomo de pruebas para el mejor manejo del expediente. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que reclama el quejoso en su calidad de parte demandada en el juicio de origen, son: Los autos de veinte de mayo y dos de junio de dos mil veintidós, emitidos por Juez Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales respectivamente previno al actor y admitió a trámite la demanda, que dio origen al juicio ejecutivo mercantil *************. En ese orden, respecto a dichos actos reclamados, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede:" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, como previamente se estableció el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando los autos de veinte de mayo y dos de junio de dos mil veintidós, emitidos por Juez Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales respectivamente previno al actor y admitió a trámite la demanda, que dio origen al juicio ejecutivo mercantil ************. Por tanto, como se puede observar, los autos por medio de los cuales la autoridad responsable previno a la parte actora y posteriormente admitió a trámite la demanda en la vía ejecutiva mercantil, no pueden ser considerados como actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente se relacionan con la prevención y posterior admisión, lo cual, en determinado caso, podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera de la parte quejosa hasta el dictado de la sentencia; por lo que, no se le puede considerar como actos de imposible reparación, de manera que los actos reclamados no encuadran en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. De ahí que, las actuaciones reclamadas sólo impliquen la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el quejoso obtiene sentencia favorable y, en caso contrario, de resultar opuesto a sus intereses, pueden reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, como se estableció dichos actos reclamados no pueden ser considerados como un actos de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si el quejoso obtiene sentencia favorable en el juicio. Cabe mencionar que un auto admisorio de demanda, como el que constituye uno de los actos reclamados, únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar, pero no provoca una afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al quejoso autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se le tiene proponiendo el correo electrónico que indica, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en virtud de que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***************, en términos de lo dispuesto en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente auto al quejoso ************. El funcionario encargado de realizar la diligencia encomendada deberá requerirlo para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las que tuvieren que ser de carácter personal, se les practicarán mediante la publicación de lista en los estrados de este Juzgado, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo.
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