Juan Beltran Sotelo

Expediente 465/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
465/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Juan Beltran Sotelo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y la fracción I, del Ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA JUANA BELTRÁN SOTELO LOS ACUERDOS DICTADOS EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO Y ONCE DE SETIEMBRE AMBOS DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADOS POR ESTE JUZGADO QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Juana Beltrán Sotelo, por propio derecho, contra actos del Tribunal Agrario del Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente de amparo y regístrese con el número 465/2018-5, en el libro de gobierno de este juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En principio, se precisa que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido; por tal motivo, del estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama el acuerdo tomado en acta de audiencia de fecha nueve de agosto de del año en curso, en la que negaron aceptar una licencia médica que se expidiera a su favor, que hizo llegar por conducto de su hija Alejandrina Leyva Beltrán, en la que se acreditaba su imposibilidad de asistir a la audiencia del juicio agrario 356/2017. Al efecto se cita la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Pues bien, el suscrito juzgador procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De los preceptos legales en cita, se colige que el juez de distrito se encuentra facultado para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el artículo 61; por consiguiente, se procede a analizar tales aspectos. Sobre el tópico, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes durante la secuela procesal. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En ese orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el reproche consiste en el acuerdo tomado en acta de audiencia de fecha nueve de agosto de del año en curso, en la que negaron aceptar una licencia médica que se expidiera a su favor, que hizo llegar por conducto de su hija Alejandrina Leyva Beltrán, en la que se acreditaba su imposibilidad de asistir a la audiencia del juicio agrario 356/2017. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último de los preceptos citados interpretado en contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En efecto, por actos de imposible reparación se deben entender aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio o del incidente del que se derivan tales actos procesales, como sería, por ejemplo, el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa o el decreto de alimentos provisionales o definitivos, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En la especie, se precisa que la quejosa presentó un escrito de licencia médica en el cual acredita la imposibilidad de presentarse a la audiencia de juicio agrario número 356/2017, misma que fue desahogada, lo cual constituye el reproche en este juicio de amparo. Ante tales condiciones, el hecho de que se haya desahogado la audiencia de juicio dentro del juicio agrario número 356/2017 del índice del Tribunal Agrario del Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa, no es un acto de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, es decir, no es un acto que de manera inmediata lesione derechos sustantivos del quejoso o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, dado que dicha violación no le depara un perjuicio inmediato a sus derechos humanos, puesto que se trata de un aspecto procesal en el juicio agrario de origen. Así las cosas, la determinación reclamada tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo una vez que se dicte la sentencia en el juicio de origen y, en caso de que sea desfavorable combatirlo en amparo directo; motivo por el cual, el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en el artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se solicita "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Cierto, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sobre la base expuesta, debe estimarse que la audiencia de juicio agrario reclamada, en la cual se desahogó sin su presencia, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste interpretado a contrario sensu. Ello es así, pues no afecta de manera directa e inmediata las prerrogativas fundamentales de los gobernados -alimentos, propiedades, posesiones o derechos- y las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al dictarse la resolución o a través de los medios de impugnación procedentes contra la determinación que, en su caso, resuelva el juicio agrario de origen. En todo caso, la transgresión aducida podría constituir una infracción al procedimiento reclamable contra la determinación que, en su caso, resuelva el juicio agrario de origen -de resultar adversa a sus intereses-, en la cual será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. Resulta aplicable al caso, de manera analógica, el criterio jurisprudencial 37/2014 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Por tanto, la Ley de Amparo vigente, en el artículo 107, fracción V, proporciona un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la literalidad de dicho artículo se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece, como se ha establecido, una regla general de procedencia tratándose sólo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Bajo ese contexto, el suscrito resolutor considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, el acto reclamado consistente en la audiencia dictada el nueve de agrario del presente año, dentro del juicio agrario número 356/2017, constituye un acto meramente procesal, ya que sus consecuencias sólo tienen efectos dentro del juicio agrario; por tanto, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. En consecuencia, dado que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones relativas a la competencia, se actualiza el supuesto manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste interpretado a contrario sensu. Además, debe mencionarse que aun cuando se pretendiera el examen inmediato de la cuestión combatida con la finalidad de atender a las afirmaciones de la parte quejosa tendentes a la falta de motivación y fundamentación de la resolución reprochada y con ello el desgaste de tiempo y recursos que supone todo proceso; sin embargo, no puede considerarse que tales aspectos incidan en la violación de derechos sustantivos, en tanto que la satisfacción de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia, son condición necesaria de todo proceso jurisdiccional, cuya resolución contraria al interés de la parte quejosa, no implica, por sí sola, violación a la tutela judicial efectiva. Por ende, como se adelantó quien resuelve no advierte afectación de forma directa y material algún derecho sustantivo sobre la parte quejosa, esto es, sobre su persona, bienes, posesiones, o derechos, por lo que tal violación de momento no encuadra en los supuestos descritos, dado que quedaría subsanado si se llega a dictar laudo y éste le favorece y, si no resulta así, tal afectación a sus derechos fundamentales sólo se producirá en el momento en el cual se emita la resolución y éste resulte contrario a los intereses de la parte quejosa, en función de dicha violación, quien podrá recurrir dicha laudo, así como la violación procesal antes aludida y ahí reclamar tanto la resolución laboral como las violaciones procesales que han trascendido al fallo. En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu; en consecuencia, conforme al artículo 113 de ese ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juana Beltrán Sotelo. En diverso orden de ideas, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. De igual modo, téngase como autorizados legales para oír notificaciones e imponerse de autos a Jesús Aguilar Sarabia, José Ángel Amillano Hernández y José Luis Rubio García. Por último, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de la adscripción para que practique cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto. ____________________________________________________________ Los Mochis,Sinaloa, once de septiembre de dos mil dieciocho: Vista la razón de seis de septiembre de dos mil dieciocho, levantada por la actuaria adscrita a este juzgado, en la que expresa que no pudo notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de treinta y uno de agosto del presente año, toda vez que no existe dicho domicilio, en consecuencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el citado auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el presente y los subsecuentes proveídos a la parte quejosa por medio de lista.

  3. Principal

    SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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