Juan Bautista Rubio

Expediente 979/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
979/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Bautista Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que no obra constancia en el juicio de amparo en que se actúa, de que se hayan generado los oficios dirigidos al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN PENAL DEL FUERO COMÚN y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA PRIMERA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (TERCEROS INTERESADOS EN ESTE ASUNTO), con la finalidad de hacerles de su conocimiento la resolución dictada en el presente juicio de amparo. Regularización. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se regulariza el procedimiento para el único efecto de que se expidan los aludidos oficios y se notifique a dichas partes la resolución dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese por medio de lista y por oficio a las autoridades citadas.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil veintitrés. Interpone revisión. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ******************** ********************, defensor particular del quejoso ******************** ********************; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81, 86, 88 y 89 de la Ley de la Materia, se le tiene interponiendo recurso de revisión, no obstante que lo haya tramitado como ("RECURSO DE QUEJA") en contra del proveído en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional dictado en el presente juicio de amparo. Notificación a las partes. Con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes el escrito de agravios. Remisión. Con fundamento en el artículo 89 de la ley de la materia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado que corresponda, el escrito por el que se expresan agravios y una copia de los mismos para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Vinculación de expediente. Se pone a disposición del Tribunal de alzada la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo citado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), del índice de este órgano jurisdiccional, a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen, entre otras, el escrito por el cual se interpuso el recurso, la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la revisión y, en sí, todas las constancias pertinentes del citado juicio, a efecto de que se encuentre en posibilidades de resolver el medio de impugnación hecho valer por la parte recurrente; para lo cual se instruye a la analista jurídico SISE de la adscripción. Apertura cuaderno de antecedentes. Por separado, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes de revisión. Notifíquese por medio de lista; personalmente a las partes con excepción de la parte recurrente y por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil veintitrés. Se forma cuadernillo. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 979/2023-I, promovido por Abel Cuenca Regino, defensor particular de Juan Bautis Rubio, contra actos de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de otra autoridad, agréguense las constancias de cuenta a este cuaderno para los efectos legales a que haya lugar, con motivo del recurso de revisión que interpone la parte quejosa. Cúmplase.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Actualización de causal de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y anexos que acompañó al mismo, se advierte que respecto del acto reclamado en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda e informe justificado de la responsable ordenadora, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar: El auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el toca de apelación ********************, en que se determinó no admitir el recurso de apelación hecho valer por el defensor del sentenciado ********************, en contra de la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintitrés en que se negó a conceder el beneficio de libertad condicionada de la pena. Una vez hecho lo anterior, como se dijo, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, en contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ya ha quedado de relieve que el acto que aquí se reclama consiste en el auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el toca de apelación ********************, en que se determinó no admitir el recurso de apelación hecho valer por el defensor del sentenciado ********************, en contra de la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintitrés en que se negó a conceder el beneficio de libertad condicionada de la pena. En ese orden de ideas, debe precisarse que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé el medio ordinario de defensa para impugnar dicha determinación. En efecto, de la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 153/2019 de su índice, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si en contra de la no admisión del recurso de apelación en materia penal acusatoria es procedente el recurso de revocación, regulado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, se dilucidó si aquel medio de impugnación (revocación) debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, o bien, se actualiza el caso de excepción al principio de definitividad en términos del último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo a que se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente. Así, en la citada ejecutoria de referencia se determinó que el principio de definitividad previsto en el precepto en cita impone la obligación para los quejosos de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estiman les causa agravio. Es decir, para garantizar que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso extraordinario de revisión constitucional, el principio de definitividad obliga a quien quiera iniciar un procedimiento de amparo, a combatir previamente el acto reclamado por los medios ordinarios existentes. Lo anterior, conlleva como excepción la prevista en el último párrafo del artículo citado, pues señala que cuando la determinación sobre la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa requiere la interpretación adicional de una norma, o su fundamento legal sea insuficiente, el gobernado podrá decidir libremente entre interponer tal medio de defensa o acudir directamente al amparo. En suma, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal destacó que en los juicios de amparo que dieron origen a la contradicción, se combatió como acto reclamado la decisión de no admitir un recurso de apelación, el cual encuentra su procedencia en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de las resoluciones del juez de control. Agregando que el artículo 468 se refiere a la procedencia de las emitidas por el tribunal de enjuiciamiento y el diverso 470 se refieren los supuestos de inadmisibilidad del recurso. Mientras que en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De tal precepto, se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio y que, de su primer párrafo, se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso; a saber: a. Uno que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y, b. Otro segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En relación con el primer aspecto, precisa que la materia de la contradicción, es determinar si el recurso de revocación es procedente contra el auto que inadmite un recurso de apelación, esto es, dentro de la fase impugnativa del procedimiento. Para ello, se atendió al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio, señalando en su último párrafo, que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme. Agregando que si bien explícitamente no se refiere a la fase impugnativa, de un entendimiento armónico y sistemático del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede negarse su integración. Máxime que el citado precepto legal dispone que el procedimiento concluye hasta la emisión de sentencia firme y que conforme al diverso precepto 412 del mismo dispositivo legal, solo quedan firmes las sentencias dictadas en el juicio oral cuando no son recurridas oportunamente, de manera que, si impugnan, será hasta que se resuelvan los medios de defensa que podrán calificarse de tal naturaleza. De ahí que al interpretar armónica y sistemáticamente lo dispuesto en los artículos 211 y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluyó que el recurso de apelación previsto en el numeral 483 del código en cita sí forma parte del procedimiento. Enseguida, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal determinó que el auto de no admisión al recurso de apelación constituye una determinación de mero trámite que califica dentro de los supuestos de la revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, como lo establece el artículo 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la parte recurrente, sino su objetivo es el análisis de los requisitos previstos por los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las hipótesis del artículo 470 del invocado código nacional. Con base en ello, se concluyó que en cumplimiento del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente que las partes combatan la decisión de inadmitir el recurso de apelación a través del diverso recurso de revocación. Bajo ese orden de ideas, en atención a que la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país ya definió que el recurso de revocación sí procede contra el auto de no admisión que dicta un tribunal en un recurso de apelación, debe considerarse que a partir de la obligatoriedad de la jurisprudencia que define lo anterior, deja de actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo que es necesario agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anteriormente expuesto, resulta inconcuso que en lo tocante al acto reclamado consistente en el auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el toca de apelación ********************, en que se determinó no admitir el recurso de apelación hecho valer por el defensor del sentenciado ********************, en contra de la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintitrés en que se negó a conceder el beneficio de libertad condicionada de la pena opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIIII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 85/2019 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021251 consultable a página 283 de Tomo I, Libro 73, Diciembre de 2019, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.". Asimismo, la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

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