Juan Bautista Cordoba
Expediente 727/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Juan Bautista Cordoba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, por el que la Actuaria del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en Colima, remite el oficio de la Juez Mixto Civil y Familiar de Villa de Álvarez, Colima, a través del cual acusa recibo de las documentales que le fueron devueltas y que allegó a este juzgado en el informe justificado; por tanto, se ordena que obre como constancia, en razón de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido.
- Principal
R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, dirigido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, **** (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada), por conducto de su apoderado legal ****, solicitó el amparo y la protección de la justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguiente: ".c). AUTORIDADES RESPONSABLES: H. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima (.) C. Juez Mixto Civil y Mercantil de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima (.) C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Civil y Mercantil de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima (.) ACTO RECLAMADO. De la señalada primera autoridad responsable, reclamo la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes de vigilar y resguardar el debido funcionamiento y cumplimiento de una Impartición de Justicia, pronta expedita e imparcial que contempla el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, así como del artículo 17 de nuestra Carta Magna, como consecuencia de ello SE TENGA PARALIZADO TOTALMENTE EL PROCEDIMIENTO SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL ALGUNA. Del segundo de las señalas como autoridades responsables, reclamo la omisión de emitir el acuerdo respecto de mis escritos descritos en líneas anteriores, en razón de que TIENE PARALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE MANERA ARBITRARIA SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA Y SIN PROVEER RESPECTO A MIS PETICIONES, violando con ello lo establecido por el artículo 89 de la Ley Adjetiva Civil, y no vigilar el debido cumplimiento de una Justicia pronta, completa e imparcial contemplada en el artículo 17 Constitucional. De la tercera de las señaladas como autoridades responsables reclamo la omisión de emitir acuerdo respecto de mis escritos descritos en líneas anteriores, en razón de que TIENE PARALIZACO EL PROCEDIMIENTO DE MANERA ARNBITRARIA SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA Y SIN PROVEER RESPECTO A MIS PETICIONES, así como NO REALIZAR LA TOMA DE NOTA, que establece el que señala la disposición legal invocada, por lo que en ese sentido se encuentra totalmente paralizado el procedimiento al no acordar las promociones descritas en punto 2 de hechos de esta demanda de garantías dentro del término de 3 días al de la promoción para impulsar el procedimiento, SE TENGA PARALIZADO TOTALMENTE EL PROCEDIMIENTO SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL ALGUNA, SIN PROVEER RESPECTO A MIS PETICIONES, y no vigilar el debido cumplimiento de una Justicia pronta, completa e imparcial contemplada en el artículo 17 Constitucional (.)". SEGUNDO. Admisión y trámite la demanda. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 727/2020-I; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito (quien no formuló pedimento); se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibidos en autos los informes justificados y seguidos los trámites legales, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, página: 255, registro IUS: 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La falta de contestación a los escritos presentados dieciséis, diecinueve, veinte, veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veinte, los cuales quedaron registrados con los folios 661359, 661791, 661792, 662082, 663018 y 664174 en el juicio especial hipotecario 19-0620-116M. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, registro IUS: 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima (foja 52), negó la existencia del acto que se le atribuye; asimismo, la parte quejosa no ofreció probanza alguna para desvirtuar el sentido negativo de dichos informes; por lo que, en el presente caso, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis Jurisprudencial 284, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, Apéndice de 2011, bajo el tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Análisis respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que rindieron las autoridades responsables en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: La Juez y Secretaria de Acuerdos adscritas al Juzgado Mixto Civil y Mercantil de Villa de Álvarez, Colima, informaron que es cierto que existe ante ese juzgado el juicio especial hipotecario 19-0620-116M, en el que el quejoso presentó los escritos registrados con folios 661359, 661791, 661792, 662082, 663018 y 664174, los cuales fueron acordados el veinte de noviembre de dos mil veinte (fecha posterior a la presentación de la demanda). Por tanto, aún y cuando las autoridades responsables son omisas en aceptar o negar el acto reclamado en forma expresa, del contenido del informe se advierte que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, en razón de que dieron respuesta a los escritos con fecha posterior a la presentación de la demanda, por lo que debe tenerse éste como plenamente probado. Además, esa la existencia del acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexaron a su informe con justificación consistentes en copias certificadas del juicio especial hipotecario 19-0620-116M, documentales a las que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, Página: 153, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado consistente en la omisión o falta de contestación al escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, publicada en el Apéndice de 1985, Parte VIII, Quinta Época, página: 262, registro IUS: 395571, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Apoya lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, página: 353, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el taxativo 77 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Al respecto, de la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. De modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime en el supuesto jurídico de que se reclame la omisión de la autoridad responsable a dar contestación a un petición formulada dentro de un juicio, toda vez que para que se encuentre actualizada la causa de improcedencia en estudio, debe obrar constancia dentro del juicio de amparo de una respuesta congruente a la petición formulada y que la misma se hizo del conocimiento del promovente, con el objeto de que se desestime la violación al derecho humano reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Página: 248, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." De esta manera, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia en estudio, resulta necesario que en el caso se actualicen los supuestos siguientes: Existencia de una respuesta congruente a lo solicitado; y, Notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada. Ahora bien, la parte quejosa reclama la omisión o falta de contestación al escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Establecido lo anterior, a continuación se procederá a verificar la actualización de cada uno de los supuestos precisados a efecto de establecer si se actualiza la causa de improcedencia invocada. De esta manera, en lo que respecta al inciso 1), la parte quejosa reclama a las autoridades responsables la falta de contestación a los escritos presentados dieciséis, diecinueve, veinte, veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veinte, los cuales quedaron registrados con los folios 661359, 661791, 661792, 662082, 663018 y 664174 en el juicio especial hipotecario 19-0620-116M. En este sentido, se tiene que de las documentales anexadas a su informe justificado, obra constancia del auto de veinte de noviembre de dos mil veinte en el que se dio contestación a cada una de las peticiones señaladas en el párrafo anterior. En tales condiciones, al tomar en consideración la emisión del oficio en cita, y que dentro del mismo se proveyó de manera congruente, pues dio contestación a los escritos presentado por la parte quejosa el dieciséis, diecinueve, veinte, veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veinte, los cuales quedaron registrados con los folios 661359, 661791, 661792, 662082, 663018 y 664174 en el juicio especial hipotecario 19-0620-116M, es por lo que en el caso se considera que se cumplió con el inciso 1). Por otra parte, en lo que respecta al inciso 2), relativo a notificar el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, debe indicarse que en el caso concreto dicha circunstancia también se encuentra acreditada. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se notificó por medio de lista a las partes en dicho juicio hipotecario, con lo cual se satisface el requisito antes aludido. En consecuencia, al haberse remitido por las autoridades responsables las constancias de donde se aprecia la notificación del auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, en respuesta a los escritos presentados el dieciséis, diecinueve, veinte, veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veinte, los cuales quedaron registrados con los folios 661359, 661791, 661792, 662082, 663018 y 664174 en el juicio Especial Hipotecario 19-0620-116M por la parte quejosa, es por lo que se encuentra cumplido el requisito referido en el inciso 2). Por tanto, resulta claro que al haberse emitido el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, con el cual se da respuesta a los escritos citados en el párrafo anterior, el cual fue notificado a la parte quejosa; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, si la parte quejosa reclama a las autoridades responsables la omisión o falta de contestación a los escritos presentados el dieciséis, diecinueve, veinte, veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veinte, los cuales quedaron registrados con los folios 661359, 661791, 661792, 662082, 663018 y 664174 en el juicio especial hipotecario 19-0620-116M, y las autoridades ya emitieron un auto en el que dan respuesta a los mismos, además, ya fue notificada a la quejosa la respuesta a su petición por medio de lista. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado se destruyó en forma total e incondicional sin que al efecto hubiese dejado huella en la esfera jurídica de la parte quejosa y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto, como si se hubiera otorgado el amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, es que no se estudien los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, pues al actualizarse la causa de improcedencia es que se impide entrar al estudio del fondo del asunto. Ilustra lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. Si se sobresee en el juicio, es claro que no debe entrarse al estudio de los conceptos de violación relativos a cuestiones de fondo, pues el sobreseimiento no juzga sobre la existencia o inexistencia de esos conceptos de violación, sino sólo sobre la improcedencia del amparo, por lo que en el caso, al omitir, su examen el inferior, no infringió el artículo 79 de la Ley de Amparo". Finalmente, no se soslaya por este tribunal, la circunstancia de que no se encuentre emplazado al presente juicio a la tercera interesada María Auxilio Campos Pintor; sin embargo, ello no trasciende a esta resolución, en virtud de que con la misma no se genera perjuicio alguno para dicha parte. Apoya a la anterior consideración, por el espíritu que le rige, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, que es del tenor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." SEXTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa *** por conducto de su apoderado legal ****contra los actos reclamados a las autoridades responsables; en los términos precisados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el cual se devuelve lo actuado en el exhorto 78/2020-I-L (247). Dese de baja la comunicación oficial en cita.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión, motivo por el cual no se celebró la audiencia constitucional señalada para el cuatro de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, toda vez que el día de hoy se reanudan las labores, se señalan las nueve horas con un minuto del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.
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