Juan Barrón Sandoval

Expediente 593/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
593/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Barrón Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que transcurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Juicio de Amparo Directo

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxx, en contra del acto y la autoridad que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que fue turnado el expediente para proyecto de resolución a la magistrada Rafaela Madrid Padilla, quien dejó de fungir con ese carácter con motivo de su nueva adscripción, por lo que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdo tomado en sesión de catorce de marzo de dos mil veintidós, informado por oficio CCJ/ST/0598/2022, de la misma fecha, signado por la secretaria técnica de dicha comisión, autorizó para desempeñar las funciones de magistrado de Circuito al licenciado Jorge Iván Rangel Mota Velasco, Secretario de Tribunal, con efectos a partir del dieciséis del presente mes y año, hasta en tanto dicha comisión determine o el pleno referido adscriba al magistrado que integre este Tribunal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo, retúrnense los autos de este asunto al secretario en funciones de magistrado en cita, a fin de que se formule el proyecto de resolución correspondiente. Por otro lado, hágase saber a las partes que este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, a partir del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, estará integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Eduardo Antonio Loredo Moreleón (presidente) y Pedro Guillermo Siller González Pico, además del licenciado Jorge Iván Rangel Mota Velasco, Secretario de Tribunal, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de magistrado de Circuito, en los términos precisados en el párrafo precedente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "CUARTO. Improcedencia del juicio Antecedentes. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, ante el otrora Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, Juan Barrón Sandoval, demandó al ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, el pago de diversas prestaciones con motivo del trabajo que desempeñó como policía preventivo municipal. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, y declinó la competencia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. El seis de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, tuvo por recibido el escrito de demanda, formó el expediente respectivo y lo registró en el libro de gobierno bajo el arábigo TJA/0260/2021. Asimismo, previno al actor para que en un término de cinco días hábiles adecuara el escrito de demanda en términos del artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, con el apercibimiento de que, en caso contrario, se le tendría por desechada de plano. Finalmente, el catorce de octubre de dos mil veintiuno, el Magistrado Instructor de la Segunda Sala Especializada y Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, hizo efectivo el apercibimiento realizado mediante diverso acuerdo de seis de septiembre del propio año, y desechó de plano la demanda; resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos. Estudio de la improcedencia El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por su parte, el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, reza: "Artículo 106. El Magistrado instructor desechará la demanda en los siguientes casos: I. Si encontrara causa manifiesta e indudable de improcedencia por las causas señaladas en esta Ley, y II. Cuando siendo obscura e irregular y prevenido el actor para subsanarla en el término de cinco días, no lo hiciere. La obscuridad o irregularidad subsanables serán las relativas a la falta o imprecisión de los requisitos que para la presentación de la demanda establece esta Ley. Contra el desechamiento de la demanda procede el recurso de reconsideración." De lo anterior se sigue, que resulta innecesario examinar el acto reclamado y los conceptos de violación que se hacen valer, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que, la parte quejosa omitió interponer en contra del acuerdo reclamado, el recurso de reconsideración previsto en el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, mediante el cual el acto reclamado pudo haber sido modificado, revocado o confirmado. En efecto, conforme al numeral 106 en cita, procede la reconsideración en contra del auto o acuerdo del Magistrado instructor que desecha una demanda promovida ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; por tanto, toda vez que el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda en el juicio de origen, fue dictado por el Magistrado Instructor de la Segunda Sala Especializada y Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, entonces a la luz de lo expuesto, era susceptible de ser analizado mediante el referido medio de impugnación; sin que conste en autos que esto hubiese ocurrido. Bajo esa tesitura, si bien el acto reclamado decide el juicio en lo principal y por ende, compete en el conocimiento del juicio de derechos respectivo al Tribunal Colegiado; conforme lo dispone el artículo 170, fracción I, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, no se actualiza el diverso requisito de procedencia que el propio numeral contempla y que refiere la fracción XVIII, del artículo 61 del cuerpo de normas en cita. De ahí que previo a acudir al juicio constitucional, la parte quejosa debió cumplir con el principio de definitividad, mediante la interposición del recurso de reconsideración a que alude el artículo 106 de la Ley invocada. Máxime, que en el caso que nos ocupa no se advierte que se actualicen las hipótesis de excepción al principio de definitividad que precisan los trascritos incisos, a), b), c) y d), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, amén de que el quejoso no es extraño al procedimiento del que emana el acto reclamado, y la regulación de procedencia del recurso ordinario de impugnación de que se trata, es clara y no requiere interpretación adicional alguna. Ilustra lo considerado, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." Cabe señalar, que la circunstancia de que, en algunos casos opere la suplencia de la queja en el juicio de amparo, cuya aplicación solicita la parte quejosa en su demanda de derechos, no tiene el alcance de hacer procedente el juicio soslayando el principio de definitividad mencionado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente." Finalmente, resta decir que no se opone a lo considerado, que por auto de presidencia se haya admitido la demanda de amparo, pues estos acuerdos no son vinculantes para el Pleno del Tribunal Colegiado. Apoya lo considerado, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO, POR SER DETERMINACIONES DE TRAMITE. Los autos de presidencia no causan estado, por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, por lo que, si se admite un recurso, que conforme a la ley no debía admitirse, por ser improcedente, el tribunal no está obligado a respetar ese acuerdo si del estudio del medio de defensa y de las constancias de autos se advierte que, es contrario a la ley o a la jurisprudencia."." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución. Notifíquese, por lista electrónica a la parte quejosa.

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