Juan Barrera Rodríguez

Expediente 825/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
825/2014
Año
2014
Actuaciones
11
Última actuación
14/07/2015

Partes del expediente

  • Juan Barrera Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Se agrega oficios 12541 y 12261, suscritos por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual en el primero, devuelve diligenciado el exhorto 404/2015; por tanto, téngase por notificado al quejoso Juan Barrera Rodríguez, del proveído de once de junio de dos mil quince, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, en el segundo, cual acusa recibo del citado 404/2015, Acúsese recibo de estilo correspondiente.

  2. Principal

    Ha causado estado el auto de ocho de mayo de dos mil quince; una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, transfiérase al centro archivístico judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este juzgado; en el entendido de que una vez analizado el presente asunto se considera que no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción; se ordena enviar al archivo el presente asunto como totalmente concluido; devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, las copias certificadas que anexo a su informe justificado.

  3. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 3054/2015, que suscribe el director General del Centro Federal de Readaptación Social número ocho Norponiente, con sede en Guasave Sinaloa, mediante el cual informa que el quejoso, egresó de esa unidad penitenciaria, en cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/08994/2015, de diecinueve de marzo de dos mil quince, suscrito por el coordinador General de Prevención y Readaptación social, en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el cual se autorizó el egreso del impetrante, para ser trasladado al Centro de Reinserción Social "Lic. Luis Ruiz", con sede en Uruapan, Estado de Michoacán, quedando a disposición de ese órgano de prevención; adjuntando el oficio al que se refiere. Por lo que, aduce la autoridad que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en lo que se conviene con la oficiante. El numeral invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Cabe destacar que para que se actualice dicha causal de improcedencia, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es indispensable que destruya los efectos de dicho acto en forma total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto de autoridad no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia mencionada, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de analizar la legalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrado por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; las anteriores consideraciones, emergen de manera fundamental del estudio armónico que el suscrito realiza de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI y 62 de la Ley de Amparo, y encuentran sustento además, en la jurisprudencia número 2a/J.59/99, publicada en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Es así, ya que el quejoso reclamó de las autoridades responsables director General y jefe del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho Norponiente, con sede en Guasave, Sinaloa, "II.- Actos reclamados.- La omisión y negativa de que se me practique una Tomografía, y sea valorado por un neurólogo, pues mi salud y mi vida están en peligro". Luego, de las constancias que acompañó la autoridad director General del Centro Federal de Readaptación Social número ocho Norponiente, con sede en Guasave Sinaloa, a su oficio de cuenta, las cuales a juicio del suscrito merecen pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se advierte que el veintisiete de abril de dos mil quince, el impetrante fue trasladado a un diverso centro de reclusión. De ahí que, debe convenirse que en lo sustancial, lo que agravió al impetrante de garantías, era la falta de atención médica que atribuyó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número ocho Norponiente, con sede en Guasave Sinaloa; empero, respecto de dichos actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues el peticionario fue egresado del Centro Federal de Readaptación Social número ocho Norponiente, con sede en Guasave Sinaloa e ingresado a un centro diverso, Luego entonces, resulta incontrovertible que han cesado los efectos de los actos reclamados por el impetrante de garantías, pues se destruyeron los efectos de los mismos, razón por la cual resulta ocioso analizar la legalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y que no dejó vestigio alguno en la esfera jurídica de la parte inconforme que amerite ser borrado por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto al quejoso, de conformidad con lo previsto en la fracción V del dispositivo 63 del propio ordenamiento legal. Debe indicarse que el sobreseimiento que nos ocupa no causa agravio a la parte quejosa, por el hecho de haberse efectuado fuera de audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia destacada, es inobjetable, y a nada práctico conduciría tramitar un juicio de amparo evidentemente improcedente, pues la conclusión a que se arribó no variará, aún con las pruebas que eventualmente allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, aprobada en sesión privada de catorce de febrero de dos mil tres, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Con fundamento en el precepto 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°., gírese atento exhorto al juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este Juzgado, notifique personalmente el presente proveído y le haga entrega de una copia autorizada del mismo, al quejoso, quien se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social "Lic. Luis Ruiz", con sede en Uruapan, Michoacán. En la inteligencia de que se faculta al juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que lleve a cabo la notificación de que se trata, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. Por tanto y dado el sobreseimiento del presente juicio, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, para las diez horas con treinta minutos del quince de mayo del año en curso.

  4. Principal

    Se agrega el oficio 3343/2015 y anexos, que suscribe el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, que contiene el proveído de catorce de abril del presente año, dictado en el recurso de queja 23/2015, mediante el que comunica que transcurrió el término a que se refiere el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiere interpuesto medio de impugnación alguno en contra del proveído de doce de marzo de dos mil quince, en el que desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por el quejoso Juan Barrera Rodríguez, por lo que se declaró que causó estado.

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