Juan Barbosa Rodríguez y Otros.

Expediente 590/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
590/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Barbosa Rodríguez y Otros.
  • Juan Barbosa Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de quince de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que elabore el Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  2. En razón de que la parte quejosa JOSÉ CERVANTES SILVA, JUAN BARBOSA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO GARCÍA GALINDO, MIGUEL RAMOS CORNEJO, por derecho propio y en cuanto integrantes de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO DEL RÍO TURIRAN, ASOSIACIÓN CIVIL o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; diecinueve de noviembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído y sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve; quedan hechos mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por José Cervantes Silva, Juan Barbosa Rodríguez, Alejandro García Galindo, Miguel Ramos Cornejo, por derecho propio y en cuanto asociados de la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C contra actos de la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C. Se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 590/2019. Desechamiento de la demanda de amparo. Dado el sentido que regirá esta determinación en torno al acto reclamado consistente en: Acto reclamado: *V.- De la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C., la negativa de dar respuesta a la petición de consultar y expedición de copias certificadas del padrón y/o en listado de los asociados del sector de riego del ejido de San Rafael Tecario, Municipio de Tacámbaro, Michoacán, expedición de copias certificadas de la convocatoria para reunión extraordinaria general para cambio de integrantes de mesa directiva de la Asociación Civil de la que formamos parte y aquí nos ocupa, violentando totalmente el reglamento de la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C. El artículo 113 de la Ley de Amparo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J-6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: *DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO *MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4-95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos *manifiesto* e *indudable* a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e *indudable* significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.* Ahora, es necesario precisar que *manifiesto* debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por *indudable*, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: *DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA*. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos *manifiesto*, significa claro, evidente y el *indudable*, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.* En principio, es conveniente precisar que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo lo siguiente: La negativa de dar respuesta a la petición de consultar y expedición de copias certificadas del padrón y/o en listado de los asociados del sector de riego del ejido de San Rafael Tecario, Municipio de Tacámbaro, Michoacán. Luego, del capítulo de antecedentes, en su punto cuarto manifestó lo siguiente: *CUARTO.- Así mismo manifestamos que el paso jueves 7 siete de Noviembre del presente año 2019, paso el sonido de perifoneo por nuestras comunidades haciendo la publicidad de la Convocatoria para Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C., para efecto de hacer cambio de Mesa Directiva de dicha Asociación, citando a la Asamblea a todos los Usuarios el día 16 de Noviembre del año 2019 a las 4:00 p.m. en las instalaciones de la secundaria Melchor Ocampo en la Tenencia de Tecario Michoacán., convocatoria que violenta totalmente nuestros derechos de asociados ya que conforme al reglamento operativo en su artículo DECIMO PRIMERO.- *.Los miembros de la directiva permanecerán en funciones durante dos años, al término de los cuales deberán ser renovados democráticamente siguiendo el procedimiento marcado en el punto anterior, a juicio de la Asamblea y por situaciones extraordinarias para renovarse la directiva antes del término del periodo establecido, siempre que así lo solicite el 50% más uno de los representantes de la asamblea..." considerado lo antes transcrito y qué el cambio de mesa directiva se hizo el día 17 diecisiete de Noviembre del año 2018. (.) Es por ello que de ejecutarse tales actos, se causarían daños de imposible reparación en perjuicio de los Asociados que integramos la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C. actos totalmente en contravención a las formalidades esenciales regidas por el reglamento operativo que nos rige dentro de la Asociación Civil que nos ocupa.* Finalmente en el capítulo de conceptos de violación en el segundo de ellos expuso lo siguiente: *.SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Nos causa agravio la Convocatoria para Asamblea General extraordinaria de la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C., para efecto de hacer cambio de Mesa Directiva de dicha Asociación, citando a la Asamblea a todos los Usuarios el día 16 de Noviembre del año 2019 a las 4:00 p.m. en las instalaciones de la secundaria Melchor Ocampo en la Tenencia de Tecario, 'Michoacán., convocatoria que violenta totalmente nuestros derechos de asociados ya que conforme al reglamento operativo en su artículo DECIMO PRIMERO (..)" De lo expuesto en relación con la precisión del acto reclamado, la parte quejosa se duele por una parte de la negativa a su petición respecto a las constancias que refiere, así como a la convocatoria a la asamblea extraordinaria que se llevara a cabo el dieciséis de noviembre próximo, pues estima que por una parte se violenta en su perjuicio el derecho humano contemplado en el artículo 8º de la Constitución Política para los Estado Unidos Mexicanos, y por otra estima que la convocaría antes referida contraviene lo establecido en el reglamento de la asociación civil en cuestión, violentando sus derechos de asociado. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u o el acto que de realizarse produciría estas situaciones; además, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.. En este sentido, debe señalarse que la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad del acto del gobernante y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar de éste. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre distintos órganos del propio Estado, en un nivel de igualdad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: *AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.* Así como tesis 168507, de texto rubro y datos de identidad siguientes: Tesis: I.15o.A.36 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168507 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVIII, Noviembre de 2008 Pag. 1316 Tesis Aislada(Común) Tomo XXVIII, Noviembre de 2008 AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." Ahora en el caso en concreto los solicitantes de amparo, señalan como autoridad responsable a la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C., misma que para efectos del juicio de amparo, carece de dicho carácter, pues la misma está conformada por particulares, pues dichas prerrogativas son concedidas en el momento de la constitución de la asociación y por ende, únicamente surte efectos para los miembros, quienes se encuentran en igualdad de circunstancias. Se estima que en el presente asunto, los actos reclamados no son una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación civil, surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre miembros de una asociación civil. Luego, si en el caso los quejosos, como asociados, reclaman de la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C., en la que participan, la negativa a expedir copias certificadas de la convocatoria para reunión extraordinaria general para cambio de integrantes de mesa directiva, así como la convocatoria misma, es inconcuso que dichos actos no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos de juicio de amparo, pues la autoridad responsable (Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C.) señalada por los quejosos no tiene ese carácter, pues actúan como particulares miembros de una asociación de carácter civil en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio. De lo anterior se colige que en el presente asunto estamos ante una relación jurídica de coordinación, en las cuales, como ya se adelantó, deben ser ventiladas en la vía ordinaria, a saber ante los Juzgados Civiles correspondientes, donde ejerzan los derechos que, como asociados, tengan contra la asociación civil. Por tal motivo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual conlleva a desechar de plano la demanda de amparo como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.].". En tanto que el numeral 103, fracción I) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos interpretado a contrario sensu establece lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con los artículo y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no sean de autoridad responsable, entendiéndose como actos de autoridad aquellos que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Sin pasar por alto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2a./J. 54/2012 de rubro: *AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO*; ello, toda vez que en ese criterio se establece que en el auto inicial de trámite no es factible analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, tratándose de aquellos casos donde se reclame la autorización de la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias a las mismas; hipótesis diversa de la que nos ocupa. Ello es así, en razón de que la jurisprudencia antes dicha, surgió de la contradicción de tesis en la que el problema jurídico de los criterios controvertidos de los tribunales versó en torno al acuerdo que autorizó la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y modificó disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, con la precisión de que en uno de los asuntos se reclamó, exclusivamente, la complementaria, así como la fórmula para determinar o calcular en kilowatts la demanda facturable y, como autoridad responsable, al secretario de Hacienda y Crédito Público. Mientras que en el presente, únicamente, se atribuye los actos reclamados a la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Rio Turiran, A.C, no así a la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, resulta ilustrativo para soportar esta decisión el contenido de la queja en revisión 132/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la que se ventiló el desechamiento, en el auto inicial, de una demanda de amparo en la que se señaló como autoridad responsable Jefe de Departamento de Medición de Zona Uruapan, de la División Centro Occidente, de la Comisión Federal de Electricidad y actos reclamados el cobro del consumo de energía eléctrica así como la orden de corte de ese servicio, declarándose infundado ese recurso, resolución que es consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Domicilio procesal y autorizados. Téngase señalando como domicilio para ir y recobor notificaciones el que precisan en el ocurso de cuenta y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Bautista García, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos e imponerse de los autos a Alberta Ortiz García, Héctor Casas Moreno y Carlos Alejandro Aguilar Camacho, por no haber acreditado los extremos anteriores. Copias. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano