Juan Baldomero y/o Juan Baldomero Piedra Botello

Expediente 173/2016 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 99 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
173/2016
Año
2016
Actuaciones
99
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Baldomero y/o Juan Baldomero Piedra Botello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 99.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes en proveído de once de julio de dos mil veintidós, a fin de que expresaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, este juzgado dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para los efectos siguientes: ".Por tanto, se concede el amparo el amparo y protección de la Justicia Federal a ****, para que el juez responsable deje insubsistente el acto reclamado, únicamente en la parte que desechó las pruebas ofrecidas por el quejoso para demostrar que existió tortura en su contra y, emita otro, en el cual admita las pruebas ofrecidas y realice la investigación de la tortura que se le dio a conocer, mediante el desahogo de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, así como de cualquier otra prueba idónea y necesaria para tal efecto, informando a promovente el motivo de la investigación, su finalidad y los alcances de ésta, controlando y protegiendo en todo momento la información inherente a la intimidad del imputado -ajena al tema de tortura-, para de esta forma, vincular los resultados de esa investigación a nivel intraprocesal, con la sentencia que dicte en el momento procesal correspondiente." El dieciséis de junio de dos mil diecisiete causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, por lo cual, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, que dentro del término de tres días contado a partir de su notificación, cumpliera el fallo protector y remitiera las constancias relativas. Con motivo de dicho requerimiento, mediante oficio 1782, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en la que informó que en esa propia fecha dejó insubsistente la parte del proveído de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en la que se desecharon las pruebas ofrecidas por el quejoso para demostrar tortura en su contra, consecuentemente admitió y ordenó el desahogo de las siguientes pruebas: a) Testimoniales a cargo de: *****. b) La realización de exámenes psicológicos y médicos al quejoso pertinentes, de conformidad con el Protocolo de Estambul; en esa medida, remitió copia certificada del proveído de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el que ordenó la realización de los exámenes médico y psicológico conforme al Protocolo citado y designó peritos para tal efecto. Posteriormente, derivado de diversos requerimientos, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Remitió constancia de notificación que practicó al quejoso, en la cual le informó el motivo de la investigación de tortura, su finalidad y alcances. Remitió copia certificada de dictamen pericial médico y psicológico de conformidad con el Protocolo de Estambul. Hizo del conocimiento de este juzgado el desahogo de las testimoniales a cargo de Odilón Meléndez Nicasio, Carlos Alderete García, Miguel Ángel Murillo Flores, María Paulina Castro Gámez, Juana Imelda Carranco Nava y José de Jesús Morales Quiroga e Iván de Jesús Amaro Hernández. Asimismo, informó la imposibilidad que se tuvo para desahogar la testimonial de José Antonio Guerrero Salazar. Una vez culminada la investigación de actos de tortura contra el quejoso, informó las diligencias que se encontraban pendientes de desahogar referentes al trámite de su juicio natural. Cabe precisar que el dictamen pericial médico y psicológico realizado al quejoso, por Enrique Vázquez Delgado y Sandra Sarahí Lona Martínez, respectivamente, se realizó de conformidad con el protocolo referido, pues se precisó: i) Información general del caso, en donde se contó con el consentimiento expreso del quejoso y los peritos tuvieron acceso al expediente jurídico para conocer a profundidad el caso concreto; ii) Exploración física a Juan Baldomero Piedra Botello y/o Baldomero Piedra Botello; iii) Historia y/o exploración psicosocial previa a la detección, así como las características del desarrollo personal del quejoso; y, iv) El quejoso narró a todas las alegaciones de tortura y malos tratos que recibió por parte de las autoridades responsables, con circunstancias de tiempo modo y lugar. Además de que los avezados cuentan con formación y experiencia en elaboración de dictámenes basados en el Protocolo de Estambul. En cuatro de abril de dos mil veintidós, el Juez Segundo Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, dictó sentencia definitiva en la que vinculó los resultados de la investigación que realizó en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos a nivel intraprocesal, pues precisó: "[.] Por otra parte los coinculpados JUAN BALDOMERO PIEDRA BOTELLO y/o BALDOMERO PIEDRA BOTELLO, alias "El Alex" y/o "El Canibal" y César Giovanni Leyva Manríquez, en su declaración preparatoria y posteriores intervenciones dentro del proceso sostuvieron que las declaraciones emitidas ante la fiscalía en la averiguación previa fueron arranadas a base de tortura.- Ante ello y, atento a la ordenanza del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a cualquier autoridad a salvaguardar los Derechos Humanos de toda persona, en específico dentro del proceso penal el Juez tiene la obligación de investigar si una prueba fue obtenida con violación a los Derechos Humanos, para en su caso, declarar su ilicitud y excluirla del material probatorio.- Por lo anterior, y toda vez que las declaraciones ministeriales rendidas en fecha 15 quince de mayo de 2012 dos mil doce, por los coacusados JUAN BALDOMERO PIEDRA BOTELLO y/o BALDOMERO PIEDRA BOTELLO, alias "El Alex' y/o "El Canibal" y César Giovanni Leyva Manriquez, ya fueron declaradas ilícitas y excluidas del material probatorio, cumpliendo con ello con la ordenanza del articulo 1ºorimero (sic) de nuestra Constitución, en aplicación al principio de economía procesal, solo se mencionaran aquellos medios de prueba que fueron recabadas para demostrar una posible tortura cometida en contra de los coacusados ya referidos, siendo estas las inspecciones ministeriales de lesiones, inspecciones de integridad física sobre las personas de los coacusados, los dictámenes médicos sobre la integridad física de éstos y sus ratificaciones. Violencia de que dijeron ambos inculpados fueron víctima, que denunciaron ante la Sub Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado, iniciándose el expediente 188/12-A, con motivo de la denuncia presentada por César Giovani Leyva Manrique y JUAN BALDOMERO PIEDRA BOTELLO lo BALDOMERO PIEDRA BOTELLO, alias "El Alex" y/o "El Canibal", el 18 dieciocho de mayo del 2012 dos mil doce, expediente que se sobreseyó por solución en el trámite (conciliación), al encontrarse aquellos dos de acuerdo con dicha conciliación, al mostrárseles oficio en que se informó a dicha Procuraduría del inicio del procedimiento administrativo en contra de la autoridad señalada como responsable, por en la visitaduría general de la Procuraduría General d Justicia en el Estado, procedimiento que está en reserva. Tales circunstancias no pueden soslayarse por quien esto resuelve, por cuanto que existiendo serios indicios de que ambos inculpados fueron violentados físicamente por autoridades, lo procedente es declarar nula su declaración ante el Ministerio Público, por ser ilícita, tal como lo dispone el artículo 20 apartado A fracción IX de nuestra Carta Magna, esto por existir indicios de que fueron obtenidas con violación a los derechos humanos de ambos inculpados. Ello con independencia de que el expediente ante la Procuraduría de los Derechos Humanos se haya sobreseído y que en el presente asunto esté ordenada investigación de esas vejaciones o porque el procedimiento administrativo esté reserva, porque finalmente ello no es óbice para concluir en lo señalado, esto no se requiere el resultado de la investigación ni la conclusión del procedimiento administrativo, para excluir por ilícita una prueba si lo que obra en el expediente es suficiente para considerar que los inculpados fueron violentados, como lo es el hecho de que presentaran otras lesiones que las que presentaban inicialmente, sin que haya explicación para ello, más que la que dicen los propios afectados, además de que al respecto no obra prueba en contrario por parte de la autoridad investigadora, derribando esos actos de tortura que les fueron atribuidos. Sin que sea obstáculo el que se demostrara que el abogado que se advierte del acta respectiva, los asistió en esa declaración ministerial, si existe, por cuanto que, con independencia de que César Giovanni diga que nunca tuvo un defensor ante el Ministerio Público, al menos se sabe que el que lo asistió sí tiene registro de cedula legalmente expedida y que lo faculta para actuar como abogado, tal como oportunamente fue informado por autoridades educativas, obrando al efecto el oficio DP-390/2012 (foja 768) por parte de la SEP, el otro número 167 (foja 798) y el diverso DC457/2012 (foja 877), cédula que corresponde al abogado Javier Gómez de la Cortina Guerrero. Como tampoco el hecho de que dicho abogado les haya cuestionado respecto a si fueron maltratados, contestando ambos inculpados que no, en tanto que finalmente seguían encontrándose a disposición de la autoridad investigadora y por tanto, en contacto con las personas a quienes atribuyen las vejaciones. A más de que finalmente tal circunstancia no demerita la denuncia de los inculpados respecto a los actos de tortura de que dicen fueron, objeto, en tanto que ese abogado solo estuvo presente al levantarse el acta, no en los momentos que le antecedieron. No serán tomadas en cuenta para sustentar entonces este fallo, esas primeras declaraciones de los inculpados, al ser nulas por ser ilícitas. Lo anterior con independencia de que los dictámenes Médicos y Psicológicos practicados a JUAN BALDOMERO PIEDRA BOTELLO y/o BALDOMERO PIEDRA BOTELLO, alias "El Alex y/o "El Caníbal" concluyeran de que no existió concordancia entra (sic) los hallazgos en el estudio y lo narrado por el acusado. [.]" De lo trascrito se advierte que el juez responsable analizó y valoró de forma adminiculada el material probatorio que se desahogó en torno a la investigación de la tortura, y concluyó que la declaración ministerial del quejoso fue obtenida con violación a su derecho a la integridad personal y, consecuentemente las declaró ilícitas, excluyéndolas del material probatorio de cargo. Que si bien, el sentido del fallo fue condenatorio por considerar suficiente el material probatorio existente, lo cierto es que no se tomaron en cuenta las pruebas obtenidas a base de tortura, pues ésta quedó demostrada con la investigación realizada. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente únicamente la parte del proveído de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en el que se desecharon las pruebas ofrecidas por el quejoso para demostrar tortura en su contra y, emitió otro, en el que admitió las pruebas ofrecidas y realizó la investigación de la tortura que se le dio a conocer, mediante el desahogo de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, e informó al amparista el motivo de la investigación, su finalidad y los alcances de ésta y, al momento del dictado de la sentencia definitiva, vinculó los resultados de esa investigación a nivel intraprocesal, esto es, ponderó las pruebas con las que contó a fin de determinar si existió la tortura alegada por el quejoso. Archivo del expediente En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se provee: El presente expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez transcurrido el plazo en comento, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistida de Carlos Alberto Prieto López, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ista la cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Juez Segundo Penal de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual transcribe proveído de veinticinco de agosto del año en curso, en el que tuvo recibida resolución de segunda instancia que modificó la sentencia dictada en el juicio de origen e informa que la defensa recurrió la resolución incidental que declaró al quejoso inimputable. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Juez Segundo Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual informa que en el cuadernillo incidental no especificado de inimputabilidad se dictó resolución en la que se declaró la inimputabilidad del quejoso, así como el estado procesal que guarda el expediente referido. Por otro lado, comuníquese a la autoridad oficiante que los autos del juicio de amparo que nos ocupa se encuentran turnados para proveer sobre el cumplimiento al fallo protector emitido en el presente sumario; lo cual, se le notificará en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Juez Suplente Segundo Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato; en atención a su contenido, téngase cumplido el requerimiento de cuatro de los actuales y notificados a los defensores particulares del quejoso Juan Baldomero Piedra Botello, de los autos de once de julio de dos mil veintidós y uno de febrero del año en curso, dictados en el presente asunto. Toda vez que no señalaron domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad en el plazo concedido, hágaseles las subsecuentes mediante lista de acuerdos.

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