Juan Balderas Moctezuma
Expediente 95/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Balderas Moctezuma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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Irapuato, Guanajuato, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido por la Jefa de Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago, a través del cual en cumplimento al proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, remite la constancia de notificación del diverso oficio 12182/2021, realizada al Agente del Ministerio Público de Litigación Oral de Tramitación Común, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, por el cual se le notificó el contenido del auto de nueve del citado mes y año, en el que se determinó que la sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo causó ejecutoria; en ese sentido se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado por este juzgado y agréguese dicha constancia a los autos, para los efectos legales que correspondan. Vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.
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... Téngase por recibida la pieza postal de cuenta, relativa al oficio 12182/2021, dirigido al Agente del Ministerio Público de Litigación Oral de Tramitación Común, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, en su carácter de tercero interesado, enviado a fin de notificar el auto de nueve de agosto del presente año, que devuelve el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", con la anotación "D03 Envío rehusado por el destinatario" y la leyenda "Pertenece a Irapuato". En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, notifíquese al referido tercero interesado por conducto del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en Valle de Santiago; asimismo, se requiere a la citada autoridad que en el término máximo de tres días siguientes a que realice la notificación, remita las constancias de correspondientes. Apercibida que de no hacerlo, o de no manifestar el impedimento que tenga para realizarlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización diaria al momento que se integra, de conformidad con los artículos 237 fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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Irapuato, Guanajuato, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia en la que este Juzgado sobreseyó y negó el presente juicio, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal: Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. No se allegaron documentos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 18, incisos a) y b); 20, fracción II, inciso a) y del Acuerdo en cita. Realícese la certificación de la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integra de Seguimiento a Expedientes (SISE). Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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30/06/2021 ...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados consistentes en la orden de citación o comparecencia atribuidos a las autoridades responsables; pues al rendir sus informes correspondientes, negaron su existencia, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa; en tanto que no ofreció alguna prueba tendente a demostrar su existencia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto de los aludidos actos. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Juzgado de Control de la Sede Valle de Santiago, del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, (foja 22) aceptó, la existencia del acto reclamado, pues informó que el veinte de febrero de dos mil trece, el Juzgado de Oralidad Penal de la Sede Judicial de Dolores Hidalgo, Guanajuato, dictó orden de aprehensión contra el quejoso, por los delitos que más adelante se precisarán. Asimismo, aun cuando el Juzgado de Oralidad Penal de Dolores Hidalgo, de la Primera Región del Estado, negó la existencia del acto reclamado, su negativa se desvirtúa en atención a que fue en esa sede judicial, en la causa penal *** en donde se emitió el acto que ahora se reclama; sobre el cual, continuó conociendo el Juzgado de Control de la Sede Valle de Santiago, del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, (en la causa *** ) por ser el especializado en delitos en materia de secuestro, según el acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el veintidós de mayo de dos mil veinte. Lo anterior, pues así se advierte de los documentos en PDF, contenidos en la carpeta digital, que en vía de informe justificado rindió la autoridad nombrada en primer término, identificados como: *** por lo que se tiene por cierto para efectos del presente juicio de amparo. Así, para justificar la existencia del acto reclamado se allegó copia certificada, en DVD, de la audiencia en la que se emitió dicho acto y de los documentos conducentes, los cuales, para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, por lo que se estima suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado. Es aplicable al Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Página: 703, con número de registro: 2004362, de título y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el presente caso las partes no las hicieron valer ni este juzgado advierte la existencia de alguna que deba ser analizada de oficio, por lo que se procederá al estudio de la cuestión de fondo. SEXTO. Estudio de fondo. El quejoso aduce que se violan en su perjuicio las garantías de legalidad y debido proceso legal, protegidas y tuteladas por los artículos, 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende hacer comparecer sin causa legal alguna y sin motivo que pueda justificar su búsqueda por conducto de la Policía Ministerial. Que, además, si se tratara de algún acto privativo de libertad no ha sido llamado a juicio, en el que se le hubiere legalmente oído y vencido. Es infundado. De los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que una de las formas de conducir a proceso a una persona a quien se le pretende formular imputación, es a través de una orden de aprehensión; la cual, podrá librarse en varios supuestos, según lo dispone el numeral 141: Si existe necesidad de cautela (fracción III). Si el implicado resiste o evade una orden de comparecencia y el delito merece pena privativa de libertad (tercer párrafo) Si el imputado es declarado sustraído a la acción de la justicia, ya sea porque no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. Luego, respecto de la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del Juez de Control, sin previa cita, a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General, deberá cumplir, además de la necesidad de cautela que exige tal fracción, con los requisitos que prevé el artículo 141 mencionado; esto es, que exista una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. En ese orden, se analizará si la orden de aprehensión reclamada, emitida en audiencia de veinte de febrero de dos mil trece, cumple con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Veamos. Requisito Precepto legal en el que se estipula Se cumple con ese requisito Motivación Ser librada por autoridad judicial. Artículo 16 Constitucional Sí Porque la orden de aprehensión se emitió el trece de febrero de dos mil veinte por el Juzgado de Oralidad Penal de la Sede Judicial de Dolores Hidalgo, Guanajuato; quien, en dos mil quince, declinó competencia a favor del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, (especializado en el conocimiento de los delitos en materia de secuestro). Existencia de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. Artículo 16 Constitucional Sí *Durante la audiencia, (24:06), se informó que en la carpeta de investigación obran las denuncias presentadas por las víctimas directas *** (menor de edad en la época de los hechos), en las que relataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que aconteció el cuadro fáctico. *Se le atribuyen hechos con la apariencia de los delitos siguientes: Secuestro, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el 10, fracción I, incisos b), c), d) y e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio. Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra; e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo. Privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado en los artículos 169, en relación con el 172, fracciones I y IV del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Artículo 169. Al particular que prive ilegalmente a otro de su libertad, se le impondrá de un año a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa. Artículo 172. La privación de libertad se castigará con prisión de tres a doce años y de treinta a ciento veinte días multa, cuando: I. Se haga uso de violencia o engaño. IV. Se lleve a cabo por dos o más personas Robo calificado, previsto y sancionado por los numerales 191, 192 y 194, fracciones I, IV y VI, del Código Penal. Artículo 191. A quien se apodere de una cosa mueble y ajena, sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella, se le aplicarán las siguientes sanciones. Artículo 192. Para estimar la cuantía del robo se atenderá al valor comercial de la cosa al momento del hecho. Si éste no pudiera determinarse o si por la naturaleza de la cosa no fuere estimable en dinero, o aun siéndolo no se hubiere determinado su valor por cualquier causa, se aplicará de uno a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa. Artículo 194. Se considera calificado el robo cuando: Se ejecute con violencia en las personas. Se cometa en morada ajena o en lugar cerrado. Se ejecute con participación de dos o más personas. Existencia de datos que establezcan que se ha comedio ese hecho; y, que exista la probabilidad de que el indiciado lo comentó o participó en su comisión. Artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí El fiscal, relató el siguiente cuadro fáctico: "El cinco de septiembre de dos mil doce, aproximadamente a las siete de la noche, la señora Marbella, el señor *** y la menor *** se encontraban en su domicilio, en la comunidad de San Sebastián, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, realizando labores propias; en la parte final de su predio, se encuentra un negocio de maderería, en la parte media, la finca correspondiente a la casa habitación; a esa hora, el señor *** se encontraba en la parte de afuera, podando el césped, la señora *** regando las plantas en el interior del inmueble; *** viendo la televisión en interior; llegaron dos personas del sexo masculino, se entrevistaron con el señor *** preguntaron si les podía vender madera, accedió, les permitió el acceso; uno de los masculinos, identificado posteriormente por medio de fotografía por los agraviados como **** ingresaron con el señor **** se dirigieron al interior del inmueble, la señora continuo con sus actividades, minutos después, ingresaron otras dos personas, le preguntaron si tenían servicio, les dijo que sí, uno de ellos, fue identificado posteriormente como *** se dirigieron al interior de la maderería; un rato después, *** volteó y observó que estaban golpeando y sometiendo a **** corrió hacia donde se encontraba, les pidió que lo dejaran, las personas, continuaron con la agresión; la señora **** corrió hacia donde se encontraba su hija, intentó correr al inmueble, una de las personas metió la mano, empujó la puerta, ingresó, con otras personas, posteriormente identificaron a uno como Gerardo García Rodríguez, quien ingresó con otras personas no identificadas; también ingresó Ricardo González Balderas; en ese momento, Gerardo tomó un arma de fuego, se la puso en la cabeza a la señora *** la aventó en el sofá en el que estaba su hija, les buscaron objetos entre sus ropas, tomaron unos teléfonos celulares que estaban en la cocina, les pedían que les entregaran cosas, la señora Marbella, les dijo que su esposo tenía once mil pesos; les pidió que los llevaran con su esposo, las sacaron, los dirigieron a la maderería, el señor **** estaba maniatado, tirado; les pidió que lo soltaran, sin hacerle caso, ingresaron nuevamente a la casa con las mujeres, las suben a la segunda planta de la habitación, **** las custodiaba, y las cambiaba de una habitación a otra, observó a otras personas en su inmueble, identificó a **** y **** con otras personas, quienes sacaban los objetos; *** pretendió cubrirle la cabeza con una bata, se acercó Gerardo, le tocó el seno, las mantuvo en la habitación, continuaban saqueando la casa, después las llevaron con el señor **** permanecieron ahí un tiempo, después recibieron una llamada telefónica y les dijeron que pidieran salir, los abordaron a una camioneta Expedition, verde, propiedad del señor **** a la camioneta se subió una persona a quien identificaron como una persona muy blanca, se subió el asiento del conductor, del lado del copiloto **** detrás la señora **** en medio **** y **** en la parte trasera, maniatado el señor **** custodiado por otras personas; se dirigieron hacia San Luis de la Paz, la señora **** les dijo que se quedarían sin gasolina, por lo que se detienen en una comunidad, en un camino de terracería, compraron gasolina y continúan el recorrido, en un paraje de tierras de cultivo, descienden a la señora ****y a **** al señor *** lo mantuvieron en la camioneta, se subieron otras personas al vehículo de motor, a las mujeres, se las llevaron **** y la otra persona; al señor **** se lo llevaron en la camioneta, después, lo dejaron en otro lugar y le dijeron que querían dos millones de pesos si quería volver a ver a su familia, le dicen que realizara un conteo y se fuera en su camioneta, obedeció, se retiró para tratar de conseguir el dinero y entablar su denuncia; durante ese tiempo, recibió llamadas telefónicas en las que le exigían dinero, personal ministerial lo apoyó en la grabación de las llamadas. Durante varias semanas, el exigían cantidades de dinero, convenció a las personas para que le aceptaran la cantidad que juntó, le dijeron que fuera caminando a la comunidad de San Sebastián, en Dolores Hidalgo, que dejara el dinero en un tubo de teléfono; lo encontró, dejó el dinero y se retiró, al no tener noticia del agraviado, los elementos de la Policía Ministerial, se dirigieron hacia el lugar, en el recorrido, llegaron a un entronque, pararon en una tienda, para tratar de ver qué sucedía, observaron una camioneta azul con el cofre levantando, con dos personas realizando maniobras, posteriormente los identificaron como **** y **** el personal Ministerial retornó para observarlas, cerraron el cofre, se subieron, arrancaron y se retiraron inmediatamente, no les dieron seguimiento; después del pago, la señora **** y **** fueron liberadas, las llevaron a un camino de terracería, las bajaron de una camioneta blanca, **** observó que dentro de los árboles estaba saliendo **** (identificado posteriormente en fotografías); la señora **** observó a varias persona, identificó a **** les dijeron que caminaran y se retiraran de ahí, luego fueron auxiliadas. Para sustentar la existencia del hecho, así como la probable intervención del quejoso, se dijo que existen los siguientes datos de prueba. Entrevistas rendidas por los directos agraviados en las que relataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que del hecho; el fiscal destacó que de ellas se desprenden, la intromisión al domicilio, la violencia a la que fueron sometidas las víctimas, los objetos que sustrajeron, y en general, las circunstancias de las que se obtuvo el cuadro fáctico. Entrevista de *** elemento de la Policía Ministerial quien estuvo presente al momento en el que el señor Alberto recibió las llamadas, escuchó que le pedían una cantidad económica para liberar a su familia, así como la fijación fotográfica del dinero que se entregó como rescate. Entrevista del comandante de la Policía Ministerial Pedro **** quien afirmó haber visto en las inmediaciones del lugar en el que se pagó el rescate, a dos de los probables intervinientes, entre ellos, el quejoso. Entrevista de Noé Licea Arteaga, sobre las entrevistas que practicó a los agraviados en torno a las personas que probablemente participaron en el hecho. Bitácora de llamadas, en la que la agente de la Policía Ministerial **** especifica el número y características de dichas comunicaciones. Ampliación de declaración de **** en la que especificó que entregó la cantidad de $30, 000.00 pesos en efectivo para el rescate de su familia, describió las llamadas que recibió, narró el lugar y modo en el que lo entregó. Diligencia de tres de enero de dos mil trece, en la que los agraviados identificaron a través de una serie de fotografías, en presencia de un defensor público, a algunas de las personas que ingresaron a su domicilio, entre ellos, al quejoso Juan Balderas Moctezuma, reconocido por **** y **** así como por el comandante Pedro **** en diligencia de veintiuno de enero de dos mil trece. Informe pericial en medicina legal **** en el que el médico legista **** quien revisó al señor **** y describió las lesiones que presentó. Informe pericial en criminalística, respecto del lugar, folio *** en el que el perito *** hizo la descripción del lugar (casa habitación) lo que se observó manipulado, una descripción gráfica de la que se advierte que se trata de un domicilio, el cual está delimitado. Informe pericial en criminalística, practicado por *** en el que describió el lugar en el que se realizó el pago del rescate. Pericial en informática forense, folio *** **** consistente en la extracción de las llamadas telefónicas grabadas a un disco compacto. Acta de nacimiento folio **** de quince de agosto de dos mil trece, a nombre de Alondra, quien era menor de edad en el momento del hecho. Informe en materia de psicología, **** a la menor **** en la que se estableció la afectación que sufrió con motivo de los hechos. Respecto al robo, el fiscal precisó que los afectados enumeraron que les fueron sustraídos diversos artículos de oro, lentes de marca, relojes, amplificador, cintos, chamarras de piel, carátula de estéreo, y la cantidad de $11,000.00 pesos. Informe pericial en valuación **** elaborado por **** en el que determinó que dadas las características de los objetos sustraídos, no era posible determinar un valor. En torno a la probable participación, el fiscal refirió que los agraviados **** y **** proporcionaron características físicas de **** y posteriormente lo identificaron en la rueda de fotografías como una de las dos personas que preguntó por maderas y entró al domicilio; además el señor **** lo señaló como una de las personas que lo golpeo; de igual forma, el comandante de la Policía Ministerial **** lo ubicó, en la rueda de fotografías, como una de las personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar en el que se efectuó el pago del rescate. Necesidad de cautela Artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí * Los delitos que se investigan están considerados como graves, dado el impacto social que causan y son de prisión preventiva oficiosa. * El máximo de las penas a imponer. * Informe elaborado por el agente de la Policía Ministerial Gonzalo Leonel Ramírez Quiroz, quien se constituyó a la comunidad en la que residen los probables responsables, entrevistó a varias personas, quienes les hicieron saber que no son vistos con frecuencia en la comunidad de **** * Entrevista de Noé Licea Arteaga, quien es de dicha comunidad, conoce a las personas involucradas, y sabe que constantemente se esconden. La constancia de la orden de aprehensión escrita debe contener, por lo menos: a) el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener; b) la causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; d) la fecha en que se expidió. Tesis XXIX/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. Sí La constancia de la orden de aprehensión se advierte que está dirigida a Juan Balderas Moctezuma, y otros, emitida el veinte de febrero de dos mil trece, por el Juez de Control de la Sede Dolores Hidalgo, del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado, en la causa penal *** por los delitos invocados. Constancia visible en archivo en formato .PDF contenido en el disco DVD remitido por la responsable, que contiene dichos requisitos. Lo que evidencia que, contrario a lo que asegura la parte quejosa, la orden de aprehensión reclamada, cumple con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que lo anterior prejuzgue sobre la culpabilidad del quejoso en la ejecución de los injustos que se le atribuyen, pues ello habrá de determinarse en la etapa que corresponda en juicio. Se afirma lo anterior, porque para emitir una orden de aprehensión, como forma de conducción al proceso, no es necesario que se acredite de manera fehaciente el delito que se investiga, ni la plena responsabilidad del imputado, sino que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito, y la probabilidad de que el imputado interviniera en su comisión; esto es, el nivel de conocimiento que se exige para un mandamiento de captura de esta naturaleza, es a nivel informativo y no demostrativo, pues basta que de esos datos se desprenda información, referencias suficientes para determinar, que en el mundo fáctico aconteció un hecho que tiene la apariencia de un delito; y que probablemente una o varias personas determinadas participaron en su comisión; y en el caso, como bien determinó la responsable, los informados por el Ministerio Público, idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer razonablemente el hecho delictuoso y justificar el mandamiento de captura. Máxime que se trata de una determinación cuyo objeto es conducir al proceso al imputado; es decir, tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación y lo que se requiere justificar es que la orden de aprehensión es el único medio para conducirlo al proceso; y en el caso, por las razones que expuso la responsable, sí lo es, por tanto, contrario a lo que alega el quejoso, no se violenta su derecho a ser escuchado en juicio; pues, en caso de que se formulara imputación en su contra, estará en condiciones de proporcionar su versión respecto del hecho, sí así lo considera pertinente. Sirve de apoyo, en lo que interesa y por las razones que informa, los criterios siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019618 Aislada Materias(s): Penal Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 65, Abril de 2019 Tomo I Tesis: 1a. XXIX/2019 (10a) Página: 790 ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. La orden de aprehensión para su emisión, conforme al nuevo sistema de justicia penal, requiere de datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ya que el objetivo es poner al detenido a disposición del juez de control para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba correspondientes, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación. Así, para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la orden de detención, es necesario que el juez de control proporcione a los elementos aprehensores una constancia que contenga los puntos resolutivos de la determinación que emitió de manera oral, así como copia del audio y video de la audiencia relativa, que les permita identificar plenamente al gobernado y que éste pueda imponerse adecuadamente de la decisión que afecta su derecho a la libertad personal, por tanto, los requisitos mínimos que debe contener la aludida constancia son los siguientes: a) el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener; b) la causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; c) el juez de control que la pronunció y d) la fecha en que se expidió. Con tales elementos se otorgará certeza y seguridad jurídica al particular, y se asegurará la prerrogativa de defensa contra una detención que no cumpla con la exigencia constitucional. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021956 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 20/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2553 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. En las reseñadas condiciones, la orden de aprehensión combatida reúne los requisitos que exige tanto el artículo 16 Constitucional como el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, y no advertir queja deficiente que suplir, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio, respecto de los actos precisados en la página dos, considerando tercero, de esta determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **** contra los actos y autoridades precisadas en el considerando cuarto y por las razones expuestas en el sexto subsecuente de la presente resolución...
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