Juan Badillo Pérez
Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juan Badillo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
...El cinco de marzo de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de marzo de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de autos del que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes hayan intentado recurso alguno en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, así como del conocimiento de las autoridades responsables la circunstancia anterior. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, se ordena devolver al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, la copia certificada del expediente laboral 1436/2017, para lo cual se le solicita el acuse de recibo correspondiente bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, se hará acreedor a una multa consistente en cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. DESTINO DE LOS EXPEDIENTES. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio. DESTRUCCIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívense el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14. 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto...-III
- Principal
INFORME JUSTIFICADO. Se tiene al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de tres de los corrientes. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las documentales remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, una vez analizados todos los datos que se desprenden de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente sumario, se advierte que Tania Patricia Ventura Ayaquica, apoderada de Juan Badillo Pérez solicitó la protección de la Justicia Federal, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, a quien atribuyó: La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 1436/2017; y como consecuencia de ello, la falta de notificación. Luego, del contenido del informe justificado de la autoridad responsable, se evidencia la certeza de la omisión que se le atribuía. En dicho informe, indicó que había sido omisa en emitir el laudo correspondiente; sin embargo, agregó que el dictamen de diez de noviembre del año en curso, fue elevado a categoría de laudo el veinticuatro siguiente; lo cual, se corrobora con las constancias que remitió, en alcance a su informe justificado, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo antes reseñado se advierte que Juan Badillo Pérez, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que la omisión era violatoria de derechos en su agravio; sin embargo, la abstención reclamada dejó de existir, toda vez que la junta responsable subsanó dicha omisión. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002- PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por Tania Patricia Ventura Ayaquica, apoderada de Juan Badillo Pérez. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las nueve horas con treinta y un minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno señaladas para la celebración de la audiencia constitucional....M-III
- Principal
SOLICITA SE HAGA EFECTIVA LA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Téngase a Tania Patricia Ventura Ayaquica, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicitando se sancione a la autoridad responsable toda vez que refiere la misma no ha rendido su informe con justificación; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que por auto de tres de diciembre de este año, se tuvo por rendido el que correspondía al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo...M-III
- Principal
...INFORME JUSTIFICADO. Se tiene a la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, rindiendo informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase a dicha autoridad remitiendo como prueba la copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 1426/2017, de su índice; la cual se tiene por admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, y que será tomada en cuenta en la etapa procesal respectiva, en términos del numeral 119 de la invocada legislación. SE REQUIERE CONSTANCIAS. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo; para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remita a este juzgado federal copia certificada de la notificación del del laudo dictado en el juicio laboral 1426/2017, realizada a la parte quejosa Juan Badillo Pérez, documental que deberán estar ordenada, certificada y legible. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización...m-iii
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