Juan Azael Aguilar Martínez

Expediente 1048/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1048/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Azael Aguilar Martínez
  • Norma Aída Quiñones Bustillos
  • Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 1048/2019-IV, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En el primer punto resolutivo de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los actos el Gobernador Constitucional del Estado y otra autoridad. Segundo. Por diversos oficios suscritos por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en representación del Titular de dicha dependencia y la Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mediante auto de ocho de diecisiete de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con los referidos oficios para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera. C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestaciones respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por lo tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el primer punto resolutivo de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección para que una vez que se notificara que había causado ejecutoria la sentencia de amparo, las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "1. El Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acordará lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada por la titular del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio ordinario civil 531/2014 y, deberá comunicárselo a dicha autoridad judicial, así como al Secretario de Seguridad Pública del Estado; en el entendido que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado al cumplimiento. 2. A su vez, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, dentro de las veinticuatro horas siguientes en que reciba la comunicación del Gobernador, deberá fijar hora y fecha dentro del término de tres días siguientes, para la diligencia de fuerza pública, comisionando los elementos a su cargo para llevarla a cabo, y comunicándolo al Juez solicitante, para que la actuaria de su adscripción realice la diligencia encomendada. Lo anterior es así sin que sea un obstáculo que en el caso el Secretario de Seguridad Pública del Estado, no hubiese sido señalado como autoridad responsable, pues lo cierto es que las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por todas las autoridades que tengan conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deban intervenir en su ejecución Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 144, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: a) El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, autoridad responsable en este asunto, emitió el oficio DGOB/1339/2019 de catorce de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual autorizó el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 505/2019, librado en el expediente 531/2014 (foja 92); y b) El Secretario de Seguridad Pública fijó fecha y hora para llevar acabo la diligencia con auxilio de la fuerza pública y proporcionó los elementos de su corporación para ello, la cual se llevó a cabo el once de diciembre de dos mil diecinueve (foja 125). Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo y por consecuencia, al no advertirse de la autoridad responsable exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con el que informa que instó a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con el que pretende dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de mérito y constancias anexas, así como todas las actuaciones relativas al cumplimiento de la citada ejecutoria a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede de la que se advierte que aún no obran las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio; en tales condiciones, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciban el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: ".2. A su vez, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, dentro de las veinticuatro horas siguientes en que reciba la comunicación del Gobernador, deberá fijar hora y fecha dentro del término de tres días siguientes, para la diligencia de fuerza pública, comisionando los elementos a su cargo para llevarla a cabo, y comunicándolo al Juez solicitante, para que la actuaria de su adscripción realice la diligencia encomendada. Lo anterior es así sin que sea un obstáculo que en el caso el Secretario de Seguridad Pública del Estado, no hubiese sido señalado como autoridad responsable, pues lo cierto es que las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por todas las autoridades que tengan conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deban intervenir en su ejecución Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 144, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero del ordenamiento legal invocado requiérase al Gobernador Constitucional del Estado, como superior jerárquico del Secretario de Seguridad Pública para que le ordene acatar la sentencia concesoria, apercibido que de no hacerlo de igual forma se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, acorde con el ordinal 267, fracción I, de la ley reglamentaria vigente, e incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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