Juan Aviña Hernández
Expediente 1329/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2022
Partes del expediente
- Juan Aviña Hernández
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la constancia actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita para notificar a la parte quejosa YENICE ALEGRÍA FLORES, el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo en que se actúa, por los motivos que en la misma expone. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista el citado acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que con posterioridad señalen domicilio en esta Ciudad para dicho efecto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo que de manera electrónica promueve JUAN AVIÑA HERNÁNDEZ, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1329/2022; formándose los expedientes impreso y electrónico respectivos, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de garantías, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" La causa de improcedencia que se prevé en la fracción X del numeral en cita deriva de lo que comúnmente se conoce como litispendencia y su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende necesariamente que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, pero sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista un juicio de amparo en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: a) Promovida por el mismo quejoso. b) En contra de las mismas autoridades responsables. c) Por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Ahora, por juicio de amparo en trámite debe entenderse aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha sido resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se combatan como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios, pues en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal que se comenta. Además que la improcedencia prevista en esta fracción sólo operará respecto del segundo o ulteriores amparos. Por tanto, a fin de justificar la actualización de la causal de improcedencia invocada, deviene oportuno señalar que el presente juicio de protección de derechos humanos, es promovido por Juan Aviña Hernández, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, que hace consistir en: ".la dilación en la ejecución de la sentencia definitiva de DOS DE JULIO DE 2019, emitida dentro de los autos que integran el Juicio Contencioso Administrativo con número de expediente 86/2019 dentro del cual el suscrito quejoso tengo el carácter de parte actora." Luego, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 y 197 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º de esta último, se trae a la vista el juicio de amparo indirecto 265/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el primero de los preceptos aludidos, los hechos notorios pueden invocarse, aunque no se hayan alegado ni probado por las partes, ya que la invocación de hechos notorios por parte de los órganos jurisdiccionales es una facultad establecida en su favor, como una herramienta más para estar en mejor aptitud de dirimir las controversias ante ellos planteadas, como una facultad meramente potestativa. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis que aparece publicada en la página 367, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "HECHOS NOTORIOS, CARACTERÍSTICAS DE LA INVOCACIÓN OFICIOSA DE LOS. De la redacción empleada por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que la invocación de hechos notorios por parte de los tribunales es una facultad establecida en su favor por el legislador, como una herramienta más para que estén en mejor aptitud de dirimir las controversias ante ellos planteadas, que les permite echar mano de hechos que, aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, son lo bastante notorios e importantes como para dilucidar una contienda judicial determinada; esto es, la invocación de hechos notorios no es una obligación, sino una facultad meramente potestativa. Entonces, el empleo de esa facultad queda al arbitrio de los juzgadores, porque la calificación de notoriedad de un hecho cualquiera es una cuestión completamente subjetiva." Del análisis que se hace del juicio en consulta -265/2022 del índice de este órgano jurisdiccional-, se advierte, que el mismo quejoso Juan Aviña Hernández, también reclamó de la Primera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, el mismo acto reclamado, consistente en: ".la falta de ejecución de la sentencia definitiva de DOS DE JULIO DE 2019, emitida dentro de los autos que integran el Juicio Contencioso Administrativo con número de expediente 86/2019 dentro del cual el suscrito quejoso tengo el carácter de parte actora." Demanda de amparo que fue admitida a trámite por este juzgado de Distrito mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, la cual fue registrada con el número de expediente 265/2022, seguido el juicio en su trámite el veinticinco de julio de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, la cual se encuentra pendiente de causar ejecutoria; por tanto, dicho juicio de amparo se encuentra aún en trámite. En esa tesitura, se concluye que el acto reclamado en la presente instancia de control constitucional, es materia de ese diverso juicio de amparo, que a la fecha se encuentra en trámite; razón suficiente para decretar la improcedencia del juicio, acorde a lo dispuesto en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque se está ante la presencia de dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso JUAN AVIÑA HERNÁNDEZ, en los que hay identidad de actos reclamados (la omisión de ejecutar la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 86/2019) así como de autoridad responsable (Primera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, Página 2791, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión". Igualmente, es aplicable por identidad de razón y en lo conducente, la tesis en Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 817, tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto. " En ese tenor, al quedar demostrado que existen dos juicios de amparo -265/2022 y 1329/2022-, en los que se reclama el mismo acto a la misma autoridad responsable, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento legal en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza promovida por JUAN AVIÑA HERNÁNDEZ. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su escrito de demanda de amparo; asimismo, por autorizada en términos del párrafo segundo, del artículo 24, de la Ley de Amparo, a Raúl Rosales Rosas, toda vez que no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que la faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho. Por otra parte, en atención a lo diverso que peticiona el impetrante, respecto de que se le tenga señalando el correo electrónico que indica en el escrito de demanda, para recibir oír y notificaciones, dígasele que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad, dado que para la autorización de dichas notificaciones es necesario contar con firma electrónica y nombre de usuario. Sin embargo, téngase proporcionando la citada cuenta de correo electrónico para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 14,980 expedientes
- Juan Antonio Zamora Pérez1112/2020
- Juan Antonio Zapata Andrade1112/2017
- Juan Antonio Zepeda Ocampo1112/2018
- Juan Arturo Ragazzo Sánchez1329/2017
- Juan Ávila Lamas845/2022
- Juan Aviña Hernández265/2022
- Juan Aviña Hernández1449/2022
- Juan Aviña Hernández420/2021
- Juan Barrera Nava2543/2019
- Juan Bernardo Rentería Ibarra1290/2015
- Juan Bravo Lopez2200/2022
- Juan Caballero López256/2017