Juan Artemio Osorio Gomez

Expediente 57/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
57/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Juan Artemio Osorio Gomez
  • Juan Artemio Osorio Gomez y Otros.
  • Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de doce de junio de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 7930 (foja 141) Fiscal del Ministerio Publico Investigador de Jiquipilas, Chiapas, de la Fiscalía Istmo-Costa, la autoridad responsable, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- a la Fiscal del Ministerio Público Investigador de Jiquipilas, Chiapas, de la Fiscalía Istmo-Costa, de quien reclamó esencialmente lo siguiente: ". ? De la última autoridad que señala como responsable (precisada en el resultando primero), le reclama: la omisión de dar respuesta al escrito por el cual la parte quejosa designó abogado coadyuvante, y solicitó copias simples de todo lo actuado en el acta administrativa 43/CE13/2012. ." Mediante resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el dieciocho de abril del año en curso, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: ".SÉPTIMO. De la concesión del amparo. Al concluir la inconstitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la responsable 5. Fiscal del Ministerio Público Investigador de Jiquipilas, Chiapas, de la Fiscalía Istmo-Costa, realice lo siguiente: 1. Mediante acuerdo escrito, dé contestación congruente y completa a la petición presentada por el solicitante de amparo en su escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. 2. Notifique, en breve término al interesado, en el domicilio señalado para tales efectos, lo que resuelva respecto a la pretensión planteada." ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 7930 (foja 14) Fiscal del Ministerio Publico Investigador de Jiquipilas, Chiapas, de la Fiscalía Istmo-Costa, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con copias certificadas del oficio 103/2017 y acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Fiscal del Ministerio Publico Investigador de Jiquipilas, Chiapas, de la Fiscalía Istmo-Costa, mediante oficio de diez de mayo del año en curso, y anexos, dio contestación congruente y completa a la petición presentada por ***en su escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, teniéndose como abogados coadyuvantes a los profesionistas mencionados en su escrito de cuenta, expidiéndole copias simples de todo lo actuado en el acta administrativa 43/CE13/2012, y cual se notificó el dos de junio actual a través de este órgano jurisdiccional, con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable la tesis I.5o.C.7 K (10a.) , sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA. El propio órgano de control de los actos de autoridad es quien debe, a su vez, asumir la responsabilidad que le corresponde, de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo." Esto es, la autoridad responsable al dar contestación a la solicitud presentada por el ahora quejoso de manera específica, cumplió con la garantía constitucional de legalidad, al fundar y motivar su determinación de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Carta Magna, de manera que su pronunciamiento cumple con el requisito constitucional de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación. Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; la que además es congruente con la pretensión deducida, debido a que la misma se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dar contestación congruente y completa a la petición presentada por el quejoso en su escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, y notificar en breve término en el domicilio señalado para tales efectos. En efecto, la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue por la falta de contestación al escrito del quejoso presentado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, siendo que los efectos de la misma, son los de constreñir a la autoridad responsable a responder de forma fundada y motivada la petición presentada por el quejoso, en que solicitó que tuviera como abogados coadyuvantes a los profesionistas que mencionó y la expedición de copias simples de todo lo actuado en el acta administrativa 43/CE13/2012, lo que debería notificar en breve término en el domicilio señalado para tales efectos a través de este órgano jurisdiccional, lo que a la fecha ya aconteció. De lo anterior es dable concluir que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Publico Investigador de Jiquipilas, Chiapas, de la Fiscalía Istmo-Costa, atendió los puntos medulares de la garantía individual cuya restitución en su goce se ordenó a favor del quejoso, sin que la concesión de amparo tuviera por objeto que la autoridad vinculada pronunciara un acto favorable al peticionario de amparo, ya que de realizar un análisis en ese sentido, implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución del acto, lo cual no es propio del presente pronunciamiento. CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B Y C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A TRAVÉS DE LA LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, A QUE SE REFIERE EL AVISO DE VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de Jiquipilas, Chiapas, de la Fiscalía Istmo-Costa, y anexo, por medio del cual informa que dio contestación al escrito de ..., y solicita por conducto de este órgano jurisdiccional notifique al quejoso la contestación de referencia, con lo cual aduce haber cumplido con la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le practique del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable aduce haber dado a la ejecutoria emitida en autos; en el entendido que pasado dicho término, desahogada o no la vista otorgada, este órgano judicial emitirá la resolución correspondiente. Resulta aplicable la tesis I.5o.C.7 K (10a.) , sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA. El propio órgano de control de los actos de autoridad es quien debe, a su vez, asumir la responsabilidad que le corresponde, de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo." Además, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento de ejecución del presente asunto, comisiónese al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que notifique de manera personal al quejoso ..., la respuesta a la petición formulada en el domicilio sito ... Apoya lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de texto y rubro que dice: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello". Sin que obste que en el ocurso de cuenta la autoridad responsable haga referencia al informe justificado, pues deben tomarse en cuenta los demás datos que se indiquen en las promociones, con la finalidad de proveer lo que realmente está informando la autoridad oficiante. Notifíquese, y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Ignacio Lagunes León, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, licenciado Vicente David Burguet Franco, asistido de Emilio César Santiago Lozano, Secretario que autoriza y da fe, a quien faculta para firmar el oficio que se expida, quien además certifica que las promociones que en su caso generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano