Juan Armenta Alvarado
Expediente 523/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Armenta Alvarado
- Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse sobreseído fuera de audiencia, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, en cumplimiento al punto noveno del Acuerdo General Conjunto a que se hace referencia en el párrafo que antecede, prevéngase a la parte quejosa, para que de estimarlo conveniente soliciten la devolución de las documentales anexo a su demanda de amparo; para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias de entrega y recepción de los certificados de derechos números 574474, 574475 y 574476, respecto de las parcelas 24 Z-1 P1/1, 374 Z-1 P1/1, y 469 Z-1 P1/1, del poblado Corral de Piedra, perteneciente al municipio de Atoyac, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que remite. Por otra parte, vistos los presentes autos de los que se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La abstención por parte del Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, de emitir acuerdo sobre la solicitud de veintidós de junio de dos mil diez, realizada por Juan Armenta Alvarado, respecto del traslado de los derechos de las parcelas 24 Z-1 P1/1, 374 Z-1 P1/1, y 469 Z-1 P1/1, todas del poblado Corral de Piedra, perteneciente al municipio de Atoyac, Veracruz. Ahora bien, se cuenta con las constancias que allegó la responsable al rendir su informe justificado, así como las descritas en el primer párrafo de este auto, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Documentales de las que se advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Cabe reiterar, que el quejoso se duele de la abstención del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, de emitir acuerdo sobre la solicitud que hizo a esa autoridad, respecto del traslado de los derechos de las parcelas 24 Z-1 P1/1, 374 Z-1 P1/1, y 469 Z-1 P1/1, todas del poblado Corral de Piedra, perteneciente al municipio de Atoyac, Veracruz. Sin embargo, de las constancias remitidas por la mencionada autoridad, se advierte que el siete de junio de dos mil dieciocho, fueron expedidos a favor del quejoso Juan Armenta Alvarado los certificados 574474, 574475 y 574476, que amparan los derechos de las referidas parcelas. Así como, que el doce de julio de dos mil dieciocho, el nombrado quejoso compareció ante el Jefe de Área de lo Contencioso y Consultivo del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, de esta ciudad, para recibir los certificados parcelarios 574474, 574475 y 574476, expedidos a su favor, que amparan los derechos respecto de las parcelas 24 Z-1 P1/1, 374 Z-1 P1/1, y 469 Z-1 P1/1, todas del poblado Corral de Piedra, perteneciente al municipio de Atoyac, Veracruz, tal como consta del acta circunstanciada elaborada en esa data. De lo narrado, se evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso, consistente en la abstención del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, de emitir el acuerdo relativo a la solicitud de traslado de los derechos parcelarios detallados, toda vez que la autoridad de referencia ya se pronunció al respecto e hizo entrega material de los mismos; es decir, expidió y entregó los certificados parcelarios, que en párrafos anteriores se han mencionado. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese personalmente al quejoso y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita que se difiera la celebración de la audiencia constitucional y se señale nueva fecha, debido a las razones que ahí expone; al respecto dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de trece de julio pasado. En tanto a su petición de que se le expida copia certificada de la resolución que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, dígasele que en su momento procesal oportuno deberá solicitarla, pues a la fecha no se ha emitido sentencia en este juicio. Por último, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente auto y hágase entrega a la Fiscal Federal adscrita, quien deberá firmar por su recibo en autos para debida constancia. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que las partes conozcan el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, a través del Director General de Asuntos Jurídicos, como está previsto en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, puesto que éste empezó a computarse a partir del nueve de julio de la presente anualidad y fenecerá el dieciocho del mismo mes y año. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista de acuerdos
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