Juan Armando Navarro De Hoyos

Expediente 660/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
660/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Juan Armando Navarro De Hoyos

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. De la razón actuarial de veintidós de octubre del año en curso, se advierte que: i) Al acudir el actuario adscrito a este juzgado ante la oficina de la autoridad responsable Seguridad Pública Municipal, con sede en Jiménez, Coahuila de Zaragoza, no se logró la localización del quejoso Juan Armando Navarro de Hoyos. ii) Continuando con el recorrido procedió a constituirse al domicilio de la promovente María Cristina Navarro de Hoyos, quien le refirió que su hermano ya había aparecido, que le aviso un pariente que se encontraba detenido en la Ciudad de Del Río, Texas, Estados Unidos de América. 2. Demanda no presentada. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas en este asunto. 3. Causa estado. Ahora bien, resulta claro que la promovente en este juicio, al manifestar que el quejoso directo se encuentra detenido en la ciudad de Del Río, Texas, Estados Unidos de América, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 3.1 Archivo. Ante ello, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. 3.2 Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. 3.3 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 4. Conocimiento. Transcríbase este proveído a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  2. Principal

    1. Demanda. Se tiene por recibida la demanda promovida por María Cristina Navarro de Hoyos, en favor de ***, contra actos del Agente Investigador del Ministerio Público de la Mesa Tercera de la Fiscalía General de Justicia del Estado Región Norte II, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 660/2020, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 3.1 Cese de inmediato. Cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 3.2 Si la detención del quejoso. Fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesto en libertad o a disposición de éste último; o Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sea puesto inmediatamente en libertad. 3.3 Si el quejoso. Se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el hoy quejoso haya sido detenido en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad del quejoso o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesto en inmediata libertad. 3.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 3.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o lo tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado al quejoso, desde que fue detenido hasta que fue puesto a disposición del representante social. 3.6 No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 3.7 Se mantenga al quejoso en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad del mismo. 3.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éste sea sometido. 3.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentre sujeto, pues tampoco pude ser contactado en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 4. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Las autoridades responsables dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberán rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como indicar la fecha y hora exacta en que fue detenido el quejoso, si la detención ocurrió en flagrancia o en cumplimiento a una orden de privación legal de la libertad, para lo cual deberán agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado. Asimismo, deberán informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permanecieron bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar al detenido, para efectos de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. Se previene a las autoridades responsables, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informen todo lo conducente que pueda servir para la localización del quejoso directo Juan Armando Navarro de Hoyos; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables; o bien, en cualquier centro de detención o reclusión de esta ciudad, en aras de lograr su ubicación; una vez localizado, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, lo siguiente: 5.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 5.2 Dé fe del estado físico del quejoso directo al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 5.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra el quejoso. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 5.4 Requiera al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 5.5. Requerimiento a la promovente. Se hace del conocimiento de la promovente María Cristina Navarro de Hoyos, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que el quejoso Juan Armando Navarro de Hoyos, no sea encontrado por el personal del juzgado en los lugares que refirió se encuentra detenido, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si éste fue puesto en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 6. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición al quejoso, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en la persona de Juan Armando Navarro de Hoyos, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 7. Domicilio para notificaciones. La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los Estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tienen como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Alemán Rincón. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.

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