Juan Armando Herrera Tavares
Expediente 1191/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Armando Herrera Tavares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
"León, Guanajuato, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: AUTORIZADO DE PARTE QUEJOSA SOLICITA SUSPENSIÓN RESPECTO A AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Agréguese el escrito de cuenta mediante el cual el autorizado de la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados respecto a la ampliación de demanda que se tuvo por admitida en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso; en consecuencia, se provee: TRÁMITE DEL INCIDENTE. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo 1191/2023, promovido por *********************** respecto a la ampliación de demanda que se tuvo por admitida en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso contra actos del Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia del escrito de ampliación y de la demanda a las nuevas autoridades señaladas como responsables y requiéraseles su informe previo que deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalará: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables, con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,7 cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. i) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin una excusa de imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley en cita); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga lugar la audiencia incidental en el local de este juzgado. COMUNICACIÓN DE EVENTUALES DIFERIMIENTOS. Se les hace saber a las autoridades que los posibles diferimientos de la audiencia les serán notificados por lista, ello en razón de que dicha actuación no se considera trascendental para ser escuchadas en el procedimiento, aunado a que la nueva fecha podrá ser consultada el día hábil posterior a la señalada, directamente en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm en la pestaña "Lista de Acuerdos y de Sesión", así como vía consulta del expediente electrónico que se habilite. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.9", sobre todo, en la parte que indica que el capítulo de notificaciones previsto en la Ley de Amparo, prevé un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que, por exclusión, deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado; por tanto, para determinar la forma en que ordenará esa notificación, esta juzgadora está en aptitud de atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como tal: ? La orden de bloqueo respecto de la cuenta bancaria número *********y cuenta CLABE número ******************. SE CONCEDE SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Para justificar esta decisión, es preciso tener en cuenta que la suspensión en el juicio de amparo es una providencia cautelar que tiene por objeto fundamental mantener viva la materia del amparo a través del mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran (artículo 139 de la Ley de Amparo) o en algunos casos, bajo determinadas condiciones, a través de la restitución temporal del gobernado en el derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo (artículo 147 de la Ley de Amparo), con lo que se impide que el acto de autoridad reclamado en la vía constitucional se ejecute o produzca sus efectos o consecuencias y se llegue a consumar de manera irreparable antes de que se resuelva, en forma definitiva, si es o no contrario a la ley fundamental. El artículo 107 de la Constitución Federal, establece los principios rectores del juicio de amparo; en su fracción X prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.10 En la Ley de Amparo, su artículo 128 establece como requisitos para conceder la suspensión "I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público." El numeral 131 de la Ley de Amparo, establece que el otorgamiento de la suspensión no podrá tener por efecto modificar, restringir o constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, de lo que se colige el requisito relativo a la existencia de un derecho acreditado al menos en forma presuntiva o indiciaria para efecto de proveer acerca de la medida cautelar, lo que la doctrina jurisprudencial ha denominado "interés suspensional". Por su parte, el artículo 138 del mismo ordenamiento prevé que promovida la suspensión del acto reclamado se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, lo que nuevamente da cuenta de la exigencia de un interés suspensional preexistente, inmerso en la referida apariencia del buen derecho. Finalmente se atiende al 139 en la parte conducente en que prevé que la medida será otorgada si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso. Con base en lo anterior, conforme con un orden lógico de prelación de elementos que se desprenden de los preceptos citados, se examina si en el caso se satisfacen todas y cada una de las condicionantes pertinentes para otorgar la medida suspensiva. 1. Solicitud expresa. Este primer requisito está satisfecho con la petición de suspensión que formula la parte quejosa, máxime que en el caso no se está en el supuesto de la obligación oficiosa de la persona juzgadora de amparo de proveer al respecto. 2. Interés suspensional. En el entendido de que este quedó acreditado con lo manifestado por parte del apoderado de la Institución Bancaria denominada "****" al rendir su informe previo sobre los actos inicialmente reclamados, al indicar que la cuenta que el quejoso reclama sí se encuentra bloqueada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes: A. La parte quejosa disponga única y exclusivamente del remanente que quede en la cuenta bancaria embargada o inmovilizada, una vez asegurada la suma que garantice la obligación de que se trate. B. Las autoridades responsables permitan que en la mencionada cuenta bancaria se realicen depósitos y transferencias. Efectos que se otorgan, bajo las siguientes condiciones: 1. De conformidad con los artículos 128, fracción lll, y 129, fracción lll, de la Ley de Amparo, la medida concedida, surtirá efectos siempre y cuando el bloqueo, embargo, inmovilización y/o aseguramiento, no deriven de una investigación de recursos de procedencia ilícita, toda vez que se contravendrían disposiciones de orden público y afectaría el interés social, lo cual generaría un daño a la colectividad, ya que se permitiría la consumación o continuación de un ilícito o sus efectos, circunstancia que, en dado caso, deberá ser informada por las autoridades responsables. 2. En caso de que los actos reclamados deriven de uno o varios créditos fiscales determinados a la moral quejosa, la efectividad de la medida cautelar concedida se encontraría sujeta a que se haya constituido o se constituya la garantía del importe a que asciendan dichos créditos, incluyendo accesorios, multas y recargos; cantidad que podrá garantiza ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en los términos previstos por el artículo 135 de la Ley de Amparo. GARANTÍA. No es el caso exigir garantía en virtud de que el monto por el cual se ordenó el embargo o inmovilización de la cuenta bancaria se encuentra garantizado precisamente con el gravamen. Tiene aplicación a lo anterior por analogía la tesis VI.1o.A.199 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "EMBARGO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS. ES PROCEDENTE DECRETAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SIN QUE SEA NECESARIO EXIGIR QUE SE GARANTICE EL INTERÉS FISCAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, DEBIDO A QUE DICHO EXTREMO YA SE ENCUENTRA ASEGURADO MEDIANTE AQUEL GRAVAMEN DE CARÁCTER PREVENTIVO. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, el embargo precautorio constituye una medida preventiva que tiende a asegurar el interés fiscal, antes de la fecha en que el crédito esté determinado o sea exigible. A diferencia del procedimiento administrativo de ejecución, cuyo objeto estriba en hacer efectivos créditos fiscales exigibles, cuando el pago de los mismos no hubiere sido cubierto o garantizado dentro de los plazos señalados por la ley, la finalidad del embargo precautorio consiste en garantizar el interés del Fisco, cuando todavía no existe un crédito exigible. Así, de lo establecido en los artículos6, 144, párrafo primero, y 145, todos del código invocado, se obtiene que un crédito fiscal es exigible cuando: 1) haya sido determinado en cantidad líquida, mediante una resolución definitiva, dictada por la autoridad hacendaria como culminación del ejercicio de sus facultades de comprobación; 2) debidamente notificada al contribuyente; y, 3) una vez transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días, siguientes a la fecha en que surta efectos aquella notificación, vencido el cual la resolución habrá quedado firme. Es importante destacar que a pesar de que el crédito presuntamente a cargo del contribuyente carezca de exigibilidad, lo cierto es que sí debe estar determinado en cantidad líquida, como requisito indispensable que actualiza el nacimiento del interés fiscal. Por consiguiente, en la hipótesis relativa al embargo precautorio decretado sobre cuentas bancarias de un particular, cabe distinguir los siguientes supuestos que pueden presentarse en la práctica: a) Que el saldo correspondiente sea mayor al importe de la contribución determinada, en cuyo caso la medida precautoria ordenada por la autoridad exactora, ocasionaría el congelamiento sólo de una suma de dinero igual al monto del crédito, con lo cual quedarían a salvo los derechos del gobernado para disponer del remanente, a través de los retiros y depósitos respectivos; y, b) Que el saldo de las cuentas embargadas no alcance a cubrir el importe del crédito determinado, lo que generaría el congelamiento de la suma total de dinero, sin que el particular tuviera el derecho para disponer de cantidades futuras, debido a que no procederían ni los retiros ni los depósitos correspondientes. En esta última hipótesis, debe decirse que precisamente el embargo precautorio de las cuentas bancarias de la parte quejosa, es una medida provisional que sirve para proteger el interés del Fisco Federal, de ahí que sea incorrecto que al conceder la suspensión definitiva solicitada, el juez de distrito fije como requisito de efectividad, la exhibición ante la autoridad, de una cantidad igual al importe del crédito determinado, con el fin de garantizar el interés fiscal, de conformidad con el numeral 135 de la Ley de Amparo, toda vez que dicho extremo ya se encuentra asegurado mediante el embargo reclamado.11" Asimismo, esta medida suspensional, como ya se dijo, surte efectos desde luego, acorde con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, pero no surtirá efecto legal alguno si la autoridad responsable actúa en cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo cuya naturaleza intrínseca tiende a restablecer el orden constitucional que en sentencia firme se estimó vulnerado. Al respecto es de aplicarse la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenida en la página 490, tomo VII, enero 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL ACTO QUE TIENDE A DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión solicitada contra el acto que tiende a dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo es improcedente, porque en su cumplimiento está directamente interesada la sociedad."1
- Principal
? Parte quejosa desahoga prevención de ampliación de demanda. Agréguese el escrito de cuenta signado por la parte quejosa mediante el cual desahoga la vista formulada el trece de noviembre de dos mil veintitrés y señala como nuevas autoridades responsables a : 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "2" del Servicio de Administración Tributaria a quien reclama la orden de bloqueo de la cuenta bancaria de la parte quejosa; y, 2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Orden de retransmisión, de quien reclama la retransmisión de la orden de bloqueo de la cuenta bancaria de la parte quejosa. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la ampliación de demanda promovida por Juan Armando Herrera Tavares contra actos del Servicio de Administración Tributaria y otra autoridad. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia del escrito de ampliación y su aclaración. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. No obstante lo anterior, se remite a las nuevas autoridades responsables copia de la suspensión definitiva dictada el trece del mes y año en curso. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase únicamente a las nuevas las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía1 cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación2: i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio del tercero interesado; ii) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización, determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Hágase del conocimiento de las partes que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días1 otorgado a la autoridad responsable Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, para que rinda su informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo...
- Incidental
PRIMERO. Se niega a ****, la suspensión definitiva respecto a la autoridad señalada en la primera consideración. SEGUNDO. Se concede a ****, la suspensión definitiva en los términos y bajo las condiciones expuestas en la última consideración, por lo que hace a la autoridad responsable Banco Azteca, Institución de Banca Múltiple...
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