Juan Armando Gonzalez Ibarra

Expediente 1679/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1679/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Juan Armando Gonzalez Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede en los términos siguientes: Para el supuesto de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante la vigencia del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, dicho quejoso no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Ello, de acuerdo a la jurisprudencia 2a./J.161/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, tomo I, libro 35, octubre de 2016, página 721, registro electrónico 2012935; del literal que sigue: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, informó que no se realizó procedimiento de fiscalización electrónica al quejoso Juan Armando González Ibarra, por lo que, no existen actos de cobro que dejar insubsistentes; con lo cual cumplió con la obligación a que se le constriñó en la ejecutoria en comento; por tanto, es inconcuso que llevó a cabo los deberes que le fueron impuestos. Como quedó precisado, las constancias relatadas en líneas anteriores gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". En tal virtud, en el presente juicio se estima que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó cumplió con las obligaciones a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haber omitido alguna de ellas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Con base en lo dispuesto por la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, toda vez que en el mismo se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS CINCO AÑOS, a que hace referencia el párrafo que antecede. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron en el juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "1", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, esta autoridad, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad compareciente, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional.

  3. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido dígasele que las piezas postales que le fueron solicitadas mediante oficios 24770/2018 y 26240/2018, ya fueron remitidas a este juzgado, motivo por el cual, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en los autos de dieciséis y veintiséis de julio, ambos del dos mil dieciocho; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; mediante oficio al encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del momento en que haya quedado legalmente notificada del presente proveído, cumpla con la sentencia de amparo; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y de actualización, por la cantidad de...Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que las obligaciones que le fueron impuestas en la ejecutoria de amparo, son las siguientes: "Para el supuesto de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante la vigencia del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, dicho quejoso no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas". NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Y AUTORIDADES RESPONSABLES.

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