Juan Armando Calix Madrigal
Expediente 1235/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1235/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2022
Partes del expediente
- Juan Armando Calix Madrigal
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de abril de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que se estima que el sentido de la sentencia pronunciada no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer lo relativo, toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales en su escrito de demanda, infórmese que QUEDAN A SU DISPOSICIÓN y que deberá recogerlos dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. En ese sentido, hágase saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, prorrogado por el diverso Acuerdo General 1/2022, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace de su conocimiento que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO ***** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de abril de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que se estima que el sentido de la sentencia pronunciada no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer lo relativo, toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales en su escrito de demanda, infórmese que QUEDAN A SU DISPOSICIÓN y que deberá recogerlos dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. En ese sentido, hágase saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, prorrogado por el diverso Acuerdo General 1/2022, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace de su conocimiento que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. *****
- Principal
La suscrita Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, certifico: Que el presente juicio de amparo 1235/2021-III, promovido por Juan Armando Calix Madrigal, se encuentra debidamente integrado y en condiciones de emitir resolución, ya que se cuentan con las siguientes constancias: - Constancia de emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables. - Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. - Se cuentan con las constancias visibles y necesarias para resolver. - No hay pruebas ni diligencias pendientes por desahogar en este juicio. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. Doy fe. Audiencia y Sentencia Constitucional En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las DIEZ HORAS CON DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 1235/2021-III, promovido por Juan Armando Calix Madrigal, contra del acto que atribuye a las autoridades responsables (1) Comisaría General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y (2) Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ambos con sede en esta ciudad; y no habiendo promociones pendientes, se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. El Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia, y la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda. 2 Auto admisorio. 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. 4 Emplazamiento a la autoridad responsable. 5 Informes justificados Ahora bien, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Comisaría General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad. Es cierto Veintiocho de enero de dos mil veintidós. 2 Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. No es cierto Veintiocho de enero de dos mil veintidós. Además, la secretaria certifico y hago constar que el término otorgado a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo, en auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, transcurrió del ocho al veintiocho de febrero del año en curso, pues dicha parte procesal fue notificada el tres de febrero de la presente anualidad, sin contar los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, de la Ley de Amparo; 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; así como el diverso 143, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativos a la determinación de los días inhábiles y de descanso; sin que a la fecha lo haya hecho. Certificación que se realiza para los efectos legales conducentes. El Secretario en Funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Por su parte, atento a la certificación que antecede, se determina que feneció el término para que la parte quejosa ampliara su demanda de amparo, por lo que únicamente se estudiaran los actos reclamados que señaló en su escrito de demanda. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Parte quejosa Escrito con sello de recibido de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, y oficio de treinta de agosto de dos mil veintiuno. Treinta de diciembre de dos mil veintiuno. 2 Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Copias certificadas de las constancias que obran en el cuadernillo SSPC/UAJ/CU/010/2021. Veintiocho de enero de dos mil veintidós. El Secretario en Funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria de Juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 1235/2021-III, promovido por Juan Armando Calix Madrigal. R E S U L T A N D O: Primero. De la presentación la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Juan Armando Calix Madrigal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos reclamados que se precisarán más adelante en los puntos considerativos. Segundo. Admisión y Trámite de la demanda. Por auto de treinta de diciembre siguiente, se radicó la demanda bajo el número 1235/2021-III, y se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado se atribuye a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la quejosa señaló como autoridades responsables al (1) Comisaría General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y (2) Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ambos con sede en esta ciudad. Asimismo, se advierte que el acto reclamado resulta ser el siguiente: La omisión de dar contestación a su escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable y su notificación. TERCERO: Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al (2) Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado medio de prueba alguna para desvirtuar la negativa señalada. En ese contexto, ante la inexistencia del acto reclamado, lo procedente es sobreseer el juicio respecto de dicha autoridad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO: Certeza de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, según constancias de autos, se advierte lo siguiente: Es cierto, el acto reclamado a la (1) Comisaría General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Al efecto, resulta aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Resultan aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". En apoyo a dicho informe la citada autoridad adjuntó copias certificadas de las constancias que obran en el cuadernillo SSPC/UAJ/CU/010/2021; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, por tratarse de una actuación emitida por la autoridad responsable en el ejercicio de su encargo y dentro del ámbito de su competencia legal. Lo expuesto con anterioridad, permite tener la certeza de los actos reclamados. QUINTO. Causal de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente juicio, como lo refiere la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo cuerpo reglamentario que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se arriba a la convicción de que cesan los efectos de los actos reclamados, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En efecto, de las pruebas documentales que obran en el sumario, se advierte que mediante oficio SSPC/UAJ/ACAyD/TGZ/04191/2021, de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable dio contestación al escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual solicitó que se le hiciera el pago de las dos quincenas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, haciendo un total de doce quincenas, en atención a que fue suspendido arbitrariamente y fue reinstalado en el mes de julio, pero se le ha negado el pago de los sueldos no devengados durante su suspensión, mismo que le fue notificado el veinticinco de enero de dos mil veintidós. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable acordó lo conducente respecto al escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por ende, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno), aún existían dichos actos que reclamaba el promovente. En las relatadas condiciones, tal como se advierte, los actos reclamados descritos han cesado en sus efectos, en mérito que la omisión de referencia, fue subsanada. Por ello, resulta inconcuso que dichos actos reclamados en esta vía por la parte quejosa, cesaron en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejaron de producirlos, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos reclamados en esta instancia atribuidos a la (1) Comisaría General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Juan Armando Calix Madrigal, contra los actos reclamados al (1) Comisaría General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y (2) Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ambos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
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