Juan Armando Baxin Málaga

Expediente 2838/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2838/2014
Año
2014
Actuaciones
7
Última actuación
09/03/2015

Partes del expediente

  • Juan Armando Baxin Málaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa: CATALINA MORALES VALLE Y TOMÁS VICENTE HERNÁNDEZ GÓMEZ, el auto de cuatro de marzo del dos mil quince, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, cuatro de marzo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de dieciocho de febrero del año en curso, se dio vista a las partes, con la diligencia de trece de febrero del dos mil quince, por la cual se realizó la entrega a los quejosos del inmueble materia de la controversia en el presente asunto, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, la parte quejosa desahogó la vista ordenada en autos. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de trece de diciembre de dos mil trece, dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, determinó en el segundo punto resolutivo conceder Tomás Vicente Hernández Gómez y a Catalina Morales Valle, en contra de los actos reclamados de la Presidente Municipal, Consejero Jurídico, Oficial Mayor, Directora y Notificador-Ejecutor adscritos a la Dirección General de Predial y Catastro, y Encargado de la Oficina de Recaudación de Rentas, Tesorero y Directora de Ingresos Municipales, con residencia en Jiutepec y, Director de Servicios Registrales y Catastrales, con sede en Cuernavaca, todos del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, consistentes en las diligencias de citatorio y emplazamiento de siete y ocho de abril de dos mil doce, así como todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de ejecución derivado del crédito fiscal DGPC/PAE-014/2012, seguido en contra de Tomás Vicente Hernández Gómez, incluyendo la orden de embargo y su ejecución, así como la adjudicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, de la casa ubicada en Módulo f3, número 102, unidad habitacional La Joya (III), en Jiutepec, Morelos, con clave catastral 1400-01-115-102, precisando los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la sentencia de amparo. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal peticionado para el efecto de que: 1. La Presidenta, Tesorero, Consejero Jurídico y Oficial Mayor Municipales; Director General de Predial y Catastro, Encargado de la Oficina Recaudadora de Rentas y Directora de Ingresos, todos del Municipio de Jiutepec; así como el Director General de Servicios Registrales y Catastrales, con sede en Cuernavaca, todos del Estado de Morelos, dejen sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución derivado del crédito fiscal DGPC/PAE-014/2012, hasta antes de que se emitiera el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil doce, en que se ordenó llevar a cabo el llamamiento a juicio por medio de edictos al quejoso Tomás Vicente Hernández Gómez. Y, se ordene se practique nuevamente a dicho quejoso la notificación del crédito fiscal de referencia, cumpliendo con todos los requisitos que exigen las leyes para su validez, para que, una vez cumplimentado, continúe con el desarrollo del procedimiento respectivo, con la debida participación del aquí quejoso. 2. Dejen a salvo la parte alícuota de la quejosa Catalina Morales Valle, respecto del inmueble de su propiedad ubicado en el módulo F-3, casa 102, de la unidad habitacional La Joya, en Jiutepec, Morelos, con clave catastral 1400-01-115-102, esto es, única y exclusivamente del porcentaje que por ley le corresponde (cincuenta por ciento), mismo que quedó establecido en el considerando octavo de esta resolución, ya que, no es parte en dicho procedimiento, y por ende, no ha sido oída ni vencida previamente en juicio. En este último punto, el sentido de la concesión del amparo se obtiene de la calidad de tercera auténtica de la quejosa en el procedimiento de donde provienen los actos reclamados, pues al no haber sido parte no podría obligarse a la Dirección General de Predial y Catastro responsable a que la emplace, sino a que se respete la parte que le corresponde sobre el inmueble en litigio. Encuentra apoyo lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la tesis III. 1o. A.116 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. TRATÁNDOSE DEL EMBARGO SOBRE BIENES PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD CONYUGAL, SI UNO DE LOS CÓNYUGES ACREDITA SU CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN O EN EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD DE AQUÉL SÓLO RESPECTO DE LA PARTE ALÍCUOTA QUE LE CORRESPONDA. Cuando mediante recurso administrativo de revocación o a través de juicio contencioso promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el promovente comparece en su carácter de consorte sujeto al régimen de sociedad conyugal, reclamando la nulidad del acto administrativo a través del cual el fisco federal embarga bienes que, en copropiedad, pertenecen a ambos contrayentes por virtud del régimen imperante en el vínculo matrimonial, y acredita su carácter de persona extraña al procedimiento de imposición del gravamen por ser ajeno al crédito fiscal, procede declarar la nulidad por no escuchar en defensa de sus intereses al cónyuge afectado, en el entendido de que dicha nulidad sólo debe aplicarse respecto de la parte alícuota que le corresponda; y, correlativamente, debe quedar subsistente el embargo por lo que se refiere al resto del bien o bienes relacionados con el deudor directo del crédito fiscal. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el acto de embargo se represente materialmente por una sola actuación, y que pese sobre la totalidad de un bien, pues, jurídicamente, el reclamo de dicha irregularidad se subsana dejando libre de gravámenes el porcentaje que en copropiedad le corresponde a la parte afectada." De igual forma, la tesis VII. 1o. C. 88 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que establece: "EMBARGO. SOCIEDAD LEGAL, DEUDAS CONTRAIDAS POR UNO DE LOS CONYUGES, ILEGALIDAD DEL. Una correcta interpretación de los artículos 172 y 182 del Código Civil para el Estado de Veracruz, los cuales establecen que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él y que el dominio de los bienes que la integran reside en ambos cónyuges mientras subsiste la misma, permite concluir que la existencia de tal sociedad no implica que ésta deba responder por deudas que a título personal adquieran los socios, pues si es verdad que pueden contraer obligaciones en ejercicio del derecho real que a cada uno pertenece, debe entenderse que sólo pueden responder con la parte alícuota que les corresponde, lo que entraña que las obligaciones que contraiga cada uno, no pueden repercutir en los bienes del otro, pues cada cónyuge es dueño, aunque en forma indivisa, del cincuenta por ciento de la sociedad conyugal; en consecuencia, debe establecerse que el embargo recaído en bienes de la sociedad legal es indebido, cuando el adeudo lo contrajo sólo uno de los cónyuges, siendo procedente en consecuencia la tercería excluyente de dominio en que se controvierte ese derecho." Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección General de Predial y Catastro del Municipio de Jiutepec, Morelos, toda vez que no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 89, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71 del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del literal siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." No es óbice para lo anterior, el hecho de que el inmueble ubicado en el módulo F-3, casa 102, de la unidad habitacional La Joya, en Jiutepec, Morelos, se haya adjudicado a un tercero; toda vez que, los efectos para los cuales se concede el amparo en el presente juicio de garantías, en el sentido de que, se deje sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución derivado del crédito fiscal DGPC/PAE-014/2012, abarcan no sólo los actos realizados dentro de dicho procedimiento hasta el dictado de la sentencia, sino también los efectuados en la etapa de ejecución lo que incluye el remate y la adjudicación que se efectuó sobre el referido inmueble. Por lo que, como una consecuencia lógica jurídica, las autoridades responsables deberán restituir a los ahora quejosos en la posesión del inmueble en litigio." Por auto de veinticuatro de enero de dos mil catorce, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable, el cumplimiento de la sentencia constitucional. En acatamiento a lo anterior, el Tesorero Municipal de Jiutepec, Morelos, por oficio recibido el veinticinco de marzo de dos mil catorce, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de marzo del dos mil catorce, por el cual dejó sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución derivado del crédito fiscal GDPC/PAE-014/2012 hasta antes de que se emitiera el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil doce, en el que ordenó llevar a cabo el llamamiento a juicio por medio de edictos al quejoso Tomás Vicente Hernández Gómez, asimismo, ordenó se le practicara nuevamente la notificación del crédito fiscal de referencia, cumpliendo con todos los requisitos que exigen las leyes para su validez, para que una vez cumplimentado, continuara con el desarrollo del procedimiento respectivo, con su debida participación dejando a salvo la parte alícuota de Catalina Morales Valle respecto del inmueble de su propiedad (fojas 1188 a la 1191). De igual manera, el Director General de Predial y Catastro del Municipio de Jiutepec, Morelos, por oficio recibido el veinticuatro de abril de dos mil catorce, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil catorce, por el cual dejó sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución derivado del crédito fiscal DGPC/PAE-014/2012, hasta antes de que se emitiera el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil doce, en el que se ordenó llevar a cabo el llamamiento a juicio por medio de edictos al quejoso Tomas Vicente Hernández Gómez, incluso determinó que no era posible ordenar se practicara la notificación al quejoso, debido a que los adeudos por concepto del impuesto predial que dieron origen al crédito fiscal DGPC/PAE-014/2012, se encontraban pagados, asimismo, dejo a salvo la parte alícuota de la quejosa Catalina Morales Valle, respecto del inmueble de su propiedad ubicado en el módulo F-3, casa 102 de la Unidad habitacional la Joya, Jiutepec, Morelos, con clave catastral 1400-01-115-102, única y exclusivamente del porcentaje que por ley le corresponde (fojas 1323 a la 1324). Asimismo, el Notario Público Número Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Novena Demarcación Notarial, y el Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, informaron que a la escritura pública 40,369 (cuarenta mil trescientos sesenta y nueve) realizaron las anotaciones correspondientes para su cancelación, remitiendo copia certificada de la escritura contenida en el protocolo del Notario de referencia. Diligencia de trece de febrero de dos mil quince, de la que se advierte que el Actuario en compañía de los quejoso Catalina Morales Valle, Tomás Vicente Hernández Gómez, el representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se constituyeron en el domicilio ubicado en el módulo F-3, casa 102, de la Unidad Habitacional La Joya, perteneciente al municipio de Jiutepec, Morelos, en la que se puso a disposición real y material a los quejoso del inmueble materia de la presente controversia. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Consecuentemente, si las autoridades responsables Tesorero Municipal de Jiutepec, Morelos y Director General de Predial y Catastro del Municipio de Jiutepec, Morelos, dejaron sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución derivado del crédito fiscal DGPC/PAE-014/2012, hasta antes de que se emitiera el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil doce, en que se ordenó llevara a cabo el llamamiento a juicio por medio de edictos al quejoso Tomás Vicente Hernández Gómez, incluso determinó que no era posible ordenar se practicara la notificación a la parte quejosa, debido a que los adeudos por concepto del impuesto predial que dieron origen al crédito fiscal DGPC/PAE-014/2012, se encontraban pagados, asimismo, dejaron a salvo la parte alícuota de la quejosa Catalina Morales Valle, respecto del inmueble de su propiedad ubicado en el módulo F-3, casa 102 de la Unidad habitacional la Joya, Jiutepec, Morelos, con clave catastral 1400-01-115-102; asimismo, el Notario Público Número Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Novena Demarcación Notarial, y el Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, cancelaron la escritura relativa a la adjudicación por remate y realizaron las anotaciones para su cancelación de la escritura 40,369 (cuarenta mil trescientos sesenta y nueve), y en diligencia de trece de febrero de dos mil quince, se puso en posesión real y material a los quejoso del inmueble materia de la presente controversia; resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Con relación a las manifestaciones que realiza la quejosa con relación a la reparación de daños y perjuicios que reclama, dígasele que dichas prestaciones no fueron materia de la concesión del amparo, pues el cumplimiento a la ejecutora radicó en que se dejará sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución derivado del crédito fiscal DGPC/PAE-014/2012 y hasta el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil doce, se notificará al quejoso y se dejara a salvo la parte alícuota de la quejosa Catalina Morales Valle, respecto del inmueble materia de la controversia del presente asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del Titular, autorizada en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil quince, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/405/2015, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez. Doy fe.

  2. Incidental

    En veintisiete de enero de dos mil quince, el licenciado MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos: C E R T I F I C A: Que el término de quince días a que se refiere el artículo 202 párrafo primero de la Ley de Amparo, a efecto de que la parte interesada que no estuviere conforme con la resolución de uno de diciembre de dos mil catorce, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, solicitare la remisión de los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que el Alto Tribunal se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de diciembre de dos mil catorce al veinte de enero del año en curso, sin contar los días inhábiles que mediaron en esas fechas, sin que se haya hecho la mencionada solicitud. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado procesal que guardan los autos. CONSTE. Cuernavaca, Morelos, veintisiete de enero de dos mil quince Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones con fundamento en el artículo 202, párrafo primero , de la legislación en consulta, se declara firme el auto de uno de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Por último, mediante oficio, comuníquese lo anterior al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, para los efectos legales a que haya lugar, en autos del incidente de inejecución de sentencia 27/2014. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que autoriza y da fe. iaph En esta fecha se gira(n) el (los) oficio(s)6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639 y 6640

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de enero de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noreste", mediante el cual remite copia certificada del oficio número SSP/SSPF/OADPRS815013/2010, a través del cual se autorizó el egreso del quejoso de dicho Centro de Readaptación; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", mediante el cual informa que el quejoso J. Jesús Parra Parra, ya no se encuentra recluido en dicho Centro penitenciario, en virtud de que falleció en fecha quince de diciembre de dos mil catorce, debido a un infarto al miocardio y, al efecto remite copia certificada del acta de defunción número 00459 a nombre del impetrante de amparo; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la muerte del agraviado durante el juicio, toda vez que la garantía reclamada afecta sólo a su persona. Asimismo, es de señalarse la hipótesis de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción III de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado solo afecta a su persona." Luego, si se tiene que existe copia certificada de un acta de defunción, misma que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, en la que se informa que el citado quejoso falleció el quince de diciembre de dos mil catorce, es inconcuso que se patentiza la causal de sobreseimiento invocada. Es aplicable al caso la tesis sin número emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo II, página 812, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. Procede decretarlo, en el juicio de amparo, cuando, durante él, fallece el quejoso y la garantía violada afecta a su persona." Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 por Contradicción de Tesis 26/2002-PL, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Apoya el anterior razonamiento la tesis XVI.5º.8K, visible en la página mil setecientos noventa y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Febrero de dos mil cinco, Novena Época, Materia Común, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, del rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de todo lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa fuera de audiencia, promovido por J. Jesús Parra Parra, contra los actos que reclamó en esta vía constitucional, y se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional señalada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al promovente del amparo, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Hágase saber tal circunstancia a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por último, atendiendo a que el quejoso se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", por lo que atendiendo a la imposibilidad de notificar en dicho Centro, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal. Apoya lo anterior por similitud, la tesis XXII.1o.22 K, del rubro "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL", de la materia Común, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Página 1067. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, quince de enero de dos mil quince. Vista la con la comparecencia del perito que antecede, de la que se advierte que no se llevó a cabo la diligencia de toma de muestra de firma de la quejosa; en tales condiciones, toda vez que los peritos de las partes solicitaron que la quejosa MARÍA YRELA HORTENSIA ULLOA Y ROBLES compareciera al local de este juzgado con el fin de que otorgue muestras indubitables de su firma y escritura, para estar en aptitud de emitir su respectivo dictamen pericial; con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la directa quejosa MARÍA YRELA HORTENSIA ULLOA Y ROBLES para que, con independencia de la fecha y hora señalada para la continuación de la audiencia constitucional, comparezca al local de este juzgado a las diez horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de enero de dos mil quince, trayendo consigo un mínimo de dos documentos oficiales que contengan su firma, para que ante la presencia judicial estampe muestra de su firma y escritura en los términos que le soliciten los peritos; apercibida que no cumplir con lo que se le ordena, con apoyo en el numeral 237, fracción I de la Ley de Amparo, con relación al 259 del propio ordenamiento se impondrá una multa de cinco días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Gírese oficio al Encargado de Despacho de la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana, para que dentro del término de tres días que será computado legalmente, notifique el presente proveído a la perito oficial de este Juzgado ADRIANA CHÁVEZ AVILÉS, para que éste acuda al local de este juzgado a las diez horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de enero de dos mil quince, con el fin de recabar las muestras de firmas indubitables de la quejosa y, hecho lo anterior, envíe las constancias que acrediten tal notificación; en la inteligencia que de no hacerlo así, con apoyo en el numeral 237, fracción I de la Ley de Amparo, con relación al 259 del propio ordenamiento se impondrá una multa de cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Por conducto de la parte quejosa y tercera interesada, notifíquese lo anterior a los peritos ELEAZAR ARREDONDO TORRES y LORENZO ENRÍQUEZ CABRERA, respectivamente, para que estén en posibilidad de comparecer en la fecha y hora antes indicada (diez horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de enero de dos mil quince), con el fin de recabar las muestras de firmas indubitables de la quejosa. Se apercibe a los citados peritos, en el sentido que de no comparecer sin justa causa en la fecha y hora que se le indica para que recabar las muestras que solicitaron, con apoyo en el numeral 237, fracción I de la Ley de Amparo, con relación al 259 del propio ordenamiento se les impondrá una multa de cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; máxime que dichos peritos solicitaron el desahogo de tal diligencia. De igual forma, hágase saber a los peritos de las partes en el presente asunto, que el término de diez días para emitir su respectivo dictamen pericial, será contado a partir del día siguiente al en que se lleve cabo la diligencia de toma de muestra de firma y escritura correspondiente. Por otra parte, visto el estado de los autos, requiérase de nueva cuenta a la quejosa María Yrela Hortensia Ulloa y Robles para que dentro del término de tres días que será contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto: a).- Exhiba el original del documento cuestionado consistente en el contrato de compraventa de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa. b).- Informe bajo protesta de decir verdad, si derivado del contrato en cita, cuenta con alguna copia de identificación de Josefina Alonso Ramírez. Lo anterior, a efecto de que estén en aptitud emitir su respectivo dictamen pericial; con el apercibimiento que no hacerlo así o de no informar las causas que se lo impidan, se le impondrá multa de diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, se recibe el escrito del Notario Público número 106 del Distrito Federal, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado que tanto el protocolo como el apéndice correspondiente a la escritura pública número 35,392 de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y tres, referente a un contrato de compraventa y la extensión parcial de fideicomiso, se encuentran en el Archivo General de Notarías del Distrito Federal, para su guarda definitiva; el que se agrega a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes, para que sea tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifieste lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que da fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano