Juan Arias de la Rosa
Expediente 894/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Arias de la Rosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Juan Arias de la Rosa, Domingo Luciano Montejo de la Cruz, Julio León D Alba Hernández y Arturo de Dios Reyes, hubieran recurrido la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de Centla, Tabasco, el USB (Bus Universal en Serie) y la copia certificada del procedimiento disciplinario número DSPM/CHJ/01/2020, que remitió en apoyo a su informe justificado, los cuales obran por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 9 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 894/2020-9, promovido por Juan Arias de la Rosa, Domingo Luciano Montejo de la Cruz, Julio León D Alba Hernández y Arturo de Dios Reyes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo consistentes en la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, copia certificada de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el seis de octubre de dos mil veinte en el procedimiento administrativo DSPM/CHJ/01/2020 del índice de las autoridades responsables; original de la cedula de notificación del proveído de trece de octubre de dos mil veinte practicado a Arturo de Dios Reyes, copia simple de la cedula de notificación del proveído de diez de septiembre de dos mil veinte practicado a Julio León D, Alba Hernández, copia simple de la determinación dictada el ocho de septiembre de dos mil veinte en el que se da inicio al referido procedimiento administrativo; copia simple de los oficios DSPM/2058/2019, DSPM/2035/2019, DSPM/2006/2019; copia simple del parte informativo signado por Catarino Izquierdo Díaz, Policía Segundo adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Frontera, Centla, Tabasco; copia simple del parte informativo signado por Juan Carlos Salvador Magaña, Policía adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Frontera, Centla, Tabasco; copia simple del parte informativo signado por Felipe Ramírez Silván, Policía Segundo adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Frontera, Centla, Tabasco; copia simple de los oficios DSPM/OAI/122/2020 y DSPM/OAI/123/2020 de uno de septiembre de dos mil veinte, signados por el Titular del Órgano de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Frontera, Centla, Tabasco; escrito signado por Arturo de Dios Reyes, con sello original de recibido el ocho de octubre de dos mil veinte, copia simple del recibo de pago emitido el veintitrés de septiembre de dos mil veinte a nombre de Arturo de Dios Reyes, copia simple del nombramiento con folio 1324 a nombre de Arturo de Dios Reyes, copia simple del recibo de pago emitido el veintitrés de septiembre de dos mil veinte a nombre de Julio León D Alba Hernández; copia simple del recibo de pago emitido el veintitrés de septiembre de dos mil veinte a nombre de Juan Arias de la Rosa; copia simple del recibo de pago emitido el veintitrés de septiembre de dos mil veinte a nombre de Domingo Luciano Montejo de la Cruz; escritos signados por los quejosos con sello original de recibido el diecisiete y veintiocho de septiembre de dos mil veinte; escrito signado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte por Julio León D Alba Hernández, copia simple del escrito signado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte por Domingo Luciano Montejo de la Cruz, con sello original de recibido el treinta del mismo mes y año; oficio DSPM/CSPCP/101/2020, de treinta de septiembre de dos mil veinte, signado por el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial; copia simple del escrito signado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte por Arturo de Dios Reyes, con sello original de recibido el treinta de septiembre siguiente; copia simple del escrito signado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte por Juan Arias de la Rosa, con sello original de recibido el treinta de septiembre siguiente; escrito signado por los quejosos el seis de octubre de dos mil veinte mediante el cual ofrecen pruebas (fojas 13 a 82 ) y un USB (Bus Universal en Serie), el cual obra por cuerda separada; asimismo, con la copia certificada del expediente DSPM/CHJ/01/2020, remitida por la autoridad responsable denominada Presidente de la comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera, Centla, Tabasco, y un USB (Bus Universal en Serie) las cuales obran por cuerda separada. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 894/2020-9, promovido por Juan Arias de la Rosa, Domingo Luciano Montejo de la Cruz, Julio León D Alba Hernández y Arturo de Dios Reyes contra actos del Titular del Órgano de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública de Centla, Tabasco, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 5, 14, 16, 17, 20, 22 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el quince de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el dieciséis del mismo mes y año en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Juan Arias de la Rosa, Domingo Luciano Montejo de la Cruz, Julio León D Alba Hernández y Arturo de Dios Reyes solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: Titular del Órgano de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública de Centla, Tabasco. Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de Centla, Tabasco. Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de Centla, Tabasco. ACTOS RECLAMADOS El inicio del procedimiento disciplinario DSPM/CHJ/01/2020. La resolución de declaración de quorum e instalación del órgano colegiado. La omisión de admitir las pruebas confesional, testimoniales y declaración de partes ofrecidas por los quejosos. La resolución de seis de octubre de dos mil veinte en la que se desechó el incidente de recusación. SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Y PREVENCIÓN. En proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 83 a 88), se registró la demanda bajo el expediente 894/2020-9; y se ordenó prevenir a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del citado acuerdo, bajo protesta de decir verdad precisaran qué se determinó en la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, precisaran la fecha en que les fue notificada la deteminación del inicio del procedimiento disciplinario de ocho de septiembre de dos mil veinte, así como el proveído de nueve de octubre del año en cita y exhibieran una copia más de su escrito inicial de demanda, bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se tendría por no presentada la demanda de amparo. Siendo notificada la parte quejosa del anterior acuerdo el veintiséis de octubre de dos mil veinte (fojas 89 y 90), por lo que el término que se le concedió trascurrió del veintiocho al treinta de octubre siguiente. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 93 a 97), se tuvo a los quejosos dando cumplimiento al requerimiento que se les hizo en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, y se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El inicio del procedimiento disciplinario DSPM/CHJ/01/2020. La resolución de declaración de quorum e instalación del órgano colegiado. La omisión de admitir las pruebas confesional, testimoniales y declaración de partes ofrecidas por los quejosos. La resolución de seis de octubre de dos mil veinte en la que se desechó el incidente de recusación. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia, el Titular del Órgano de Asuntos Internos y Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, todos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera, Centla, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo, la certeza del acto se advierte de la copia certificada del expediente DSPM/CHJ/01/2020, y un USB (Bus Universal en Serie) que anexó a su referido informe la autoridad responsable citada en último término, las cuales obran por cuerda separada. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que respecto a los actos reclamados consistentes en a) El inicio del procedimiento disciplinario DSPM/CHJ/01/2020; b)La resolución de declaración de quorum e instalación del órgano colegiado; c) La omisión de admitir las pruebas confesional, testimoniales y declaración de partes ofrecidas por los quejosos; y d) La resolución de seis de octubre de dos mil veinte en la que se desechó el incidente de recusación; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el juicio. Al respecto, el citado precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El primer requisito descrito se actualiza conforme a las constancias de autos, de las que se advierte que los actos reclamados fueron dictados en el procedimiento administrativo DSPM/CHJ/01/2020 del índice de las autoridades responsables, en la cual se inició el procedimiento disciplinario en contra de los quejosos y subsecuentes actuaciones, consistentes en la resolución de declaración de quorum e instalación del órgano colegiado, la omisión de admitir las pruebas confesional, testimoniales y declaración de partes ofrecidas por los quejosos y la resolución de seis de octubre de dos mil veinte en la que se desechó el incidente de recusación. En cuanto al segundo supuesto, se destaca que la demanda de amparo fue presentada a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del quince de octubre de dos mil veinte y que el quince de diciembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio DSPM/CHJ/01/2020 de catorce del mismo mes y año, registrado con el folio 9575 (foja 126), al que anexó copia certificada del expediente administrativo DSPM/CHJ/01/2020 de su índice, en el cual obra la emitida el nueve de noviembre de dos mil veinte, en la que en su punto resolutivo cuarto determinaron la remoción de los policías Arturo de Dios Reyes, Juan Arias de la Rosa, Julio León D Alba Hernández y Domingo Luciano Montejo de la Cruz. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De esta suerte, se ha evidenciado que, con posterioridad a la emisión la determinación consistente en el inicio del procedimiento disciplinario en contra de los quejosos y las subsecuentes actuaciones consistentes en la resolución de declaración de quorum e instalación del órgano colegiado, la omisión de admitir las pruebas confesional, testimoniales y declaración de partes ofrecidas por los quejosos y la resolución de seis de octubre de dos mil veinte en la que se desechó el incidente de recusación reclamados por la parte quejosa el nueve de noviembre de dos mil veinte se dictó sentencia definitiva en el expediente administrativo DSPM/CHJ/01/2020 del índice de las autoridades responsables, con lo cual cambió la situación jurídica de los quejosos Arturo de Dios Reyes, Juan Arias de la Rosa, Julio León D Alba Hernández y Domingo Luciano Montejo de la Cruz, y es esta actuación es la que ahora rige su actual situación jurídica. Respecto del supuesto mencionado en el inciso C, es menester exponer que los quejosos Juan Arias de la Rosa, Domingo Luciano Montejo de la Cruz, Julio León D Alba Hernández y Arturo de Dios Reyes se encuentran sujeto a lo resuelto en la sentencia definitiva de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo DSPM/CHJ/01/2020 de su índice de las autoridades responsables. Así que, este cambio de situación jurídica evidencia que no puede analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados en esta instancia constitucional, consistente en: a) El inicio del procedimiento disciplinario DSPM/CHJ/01/2020; b)La resolución de declaración de quorum e instalación del órgano colegiado; c) La omisión de admitir las pruebas confesional, testimoniales y declaración de partes ofrecidas por los quejosos; y d) La resolución de seis de octubre de dos mil veinte en la que se desechó el incidente de recusación; en razón de que en el supuesto de que se declararan inconstitucionales se podría afectar el nuevo acto consistente en la referida sentencia definitiva emitida en el citado expediente administrativo. Finalmente, se advierte colmada la última de la hipótesis, esto es, que los actos reclamados consistente en: a) El inicio del procedimiento disciplinario DSPM/CHJ/01/2020; b)La resolución de declaración de quorum e instalación del órgano colegiado; c) La omisión de admitir las pruebas confesional, testimoniales y declaración de partes ofrecidas por los quejosos; y d) La resolución de seis de octubre de dos mil veinte en la que se desechó el incidente de recusación; y la sentencia definitiva emitida en contra de los quejosos en el mismo procedimiento administrativo, fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento administrativo del que emanan, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que la citada sentencia puede subsistir con independencia de que los actos aquí reclamados sean o no inconstitucionales. Al respecto, sirve de apoyo por analogía la tesis XXI.1o.48 P, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Diciembre de 1998, página 1024, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo." En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Juan Arias de la Rosa, Domingo Luciano Montejo de la Cruz, Julio León D Alba Hernández y Arturo de Dios Reyes, contra los actos reclamados a las autoridades responsables por los motivos expresados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado Justo Francisco Valenzuela de la Cruz, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en relación a su contenido se acuerda: se tiene al ocursante de mérito, haciendo diversas manifestaciones a manera de alegatos, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa, como lo dispone el artículo 124 de la ley de la materia. Del mismo modo se tiene al ocursante de mérito, objetando en todas y cada una de sus partes las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables, respecto de lo cual se acordará lo conducente al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
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