Juan Apolinar García Vásquez

Expediente 110/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
110/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
17/08/2015

Partes del expediente

  • Juan Apolinar García Vásquez
  • Juan Apolinar García Vásquez y Otros.
  • Juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana el presente incidente, con esta fecha se dictó un proveído en el que se declaró consentido el auto de siete de julio de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; asimismo, que por auto de veintisiete de enero de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional, y mediante interlocutoria pronunciada el cuatro de febrero siguiente se concedió la suspensión definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y por una parte la definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del citado acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del citado acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deben conservarse tanto el auto de veintisiete de enero de dos mil quince en el que se concedió la suspensión provisional, como la interlocutoria pronunciada el cuatro de febrero siguiente que concedió la suspensión definitiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ante la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de siete de julio de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio, transcurrió para la quejosa del quince del mes próximo pasado al cuatro de este mes y año; sin que lo interpusiera. En consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo y en virtud que en la sentencia dictada en este expediente de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al referido quejoso; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Así también se precisa que las partes en este expediente no exhibieron documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ante el secretario licenciado Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el escrito de Juan Apolinar García Vásquez; en su atención, como lo solicita el promovente devuélvasele la documental que acompañó con su demanda de amparo, consistente en dos cuadernillos, previa copia certificada de los mismos, identificación y razón de entrega que se dejen en autos, téngase como autorizada para recibirla a la persona que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase copia certificada de lo que solicita, a la persona que autoriza previa identificación y razón de entrega que se dejen en autos. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, en donde consta que en la sentencia dictada en este juicio de amparo, se concedió al quejoso Juan Apolinar García Vásquez, el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: AUTORIDAD: EFECTOS: Juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro. a) anulatorio 1. Dejara sin efecto la orden de aprehensión de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 229/2014 de su índice. b) obligación de hacer 2. Con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva determinación, la cual podría ser en el mismo sentido, subsanando los vicios formales que se pusieron de relieve en el fallo protector. Coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones. Dejara sin efecto la ejecución material de la orden de aprehensión librada por el juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro, el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 229/2014, contra el aquí quejoso. Mediante oficio número 3842 de quince de junio de dos mil quince, el juez Segundo de lo Penal del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha, con la que se dio vista a las partes por un plazo de tres días el cual feneció para la autoridad tercera interesada el veintitrés de junio de esta anualidad y para la parte quejosa el veinticuatro siguiente, como consta en auto de veinticinco de junio de dos mil quince. Asimismo, mediante diverso de número 4161 remitió copias certificadas de la declaración de la menor ofendida de veintitrés de enero de dos mil doce, rendida ante el Ministerio Público investigador. Ahora bien, de la resolución de quince de junio de dos mil quince, por la cual el juez responsable da cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, se advierte que en esa propia fecha dejó sin efecto la orden de aprehensión de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, librada contra el quejoso Juan Apolinar García Vásquez, por el delito de violación agravada, cometido en agravio de la menor Carmen García José; emitió una nueva determinación, en la que libró orden de aprehensión respecto a dicho antisocial, en la que subsanó las deficiencias destacadas. Ahora bien, en la sentencia concesoria del amparo se destacaron como vicios formales los siguientes: VICIOS DESTACADOS. CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABLE 1.- En relación a la valoración de la declaración de Carmen José Pérez, de veintitrés de enero de dos mil doce, subsane la omisión en la que incurrió, esto es deberá referirse a los requisitos que para la valoración del testimonio refiere el artículo 355, fracción VI, en sus incisos a), c) y e), esto es indique si la denunciante es una persona capaz de declarar, que por su probidad, independencia de su posición y sus antecedentes personales tiene o no completa imparcialidad; asimismo, refiera si tal declaración fuera clara, precisa, sin dudas ni reticencias en relación a la sustancia ya del hecho o de sus circunstancias esenciales. 1.- Respecto a este punto, el juez responsable, al valorar la declaración de Carmen José Pérez, de veintitrés de enero de dos mil doce, hizo referencia a los requisitos que para la valoración del testimonio refiere el artículo 355, fracción VI, en sus incisos a), c) y e), esto es indicó que la denunciante es una persona capaz de declarar, ya que por el momento no había prueba que acreditara lo contrario, ni que acreditara que no contara con lucidez suficiente para declarar ante un autoridad, puesto que esa capacidad la mostró al comparecer por sí misma ante el Ministerio Público y ante él narrar los hechos que le fueron confiados por su menor hija; asimismo, el juez responsable apreció que la declarante era una persona que guardó completa imparcialidad en los hechos ya que no hubo prueba en contrario que así lo determinara, puesto que siendo madre de la menor afectada, es lógico que en ella haya confiado su menor hija, para narrarle la forma en que fue abusada por su progenitor y por ello decidió acudir ante el Ministerio Público para solicitar el castigo al responsable de ese hecho, además de que tampoco existió prueba de que tuviere motivos de odio o rencor, hacia la persona que denunció; precisó también que su versión fue clara y precisa sobre la substancia del hecho ya que sin mediar duda alguna ni reticencia, narró al Ministerio Público lo que pudo apreciar por sí misma y lo que su hija le confió. 2.- Respecto a la declaración ministerial de la ofendida Carmen García José, de veintitrés de enero de dos mil doce, efectúe la valoración debidamente fundada y motivada, esto es la realice en términos del artículo 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y refiera concretamente si el testimonio vertido por Carmen García José, reúne los requisitos a que se refieren los incisos a) al f) del citado numeral. 2.- Por lo que hace a la declaración ministerial de la ofendida Carmen García José, de veintitrés de enero de dos mil doce, el juez de la causa la valoró debidamente en términos del artículo 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y refirió concretamente que el testimonio vertido por Carmen García José, reunió los requisitos a que se refieren los incisos a) al f) del citado numeral, puesto que refirió que la ofendida es una persona capaz para declarar, que por su edad de quince años, su ocupación de estudiante del tercer año de secundaria, permite inferir que se trata de una persona que cuenta con el criterio necesario para juzgar que el hecho sobre el que declaró, constituye una conducta ilícita sancionada por la ley; que por su edad e instrucción conoce los hechos buenos y malos y sabe que no puede ser obligada a sostener relaciones sexuales con otra persona; asimismo apreció que la declarante es una persona que guarda completa imparcialidad en los hechos ya que no hay prueba en contrario que así lo determine, ya que siendo la menor afectada dio noticia de los hechos suscitados a su madre y al Ministerio Público, identificando a su padre como su agresor; que se apreció que tuvo conocimiento de los hechos sobre los que depuso, por medio del sentido de la vista, el oído y el tacto, ya que fue precisamente sobre su persona en donde el sujeto activo realizó los hechos que describió al Ministerio Público; además que su versión fue clara y precisa sobre la sustancia del hecho ya que sin mediar duda alguna ni reticencia narró a la representación social lo que su padre realizó en su cuerpo; por último aseveró que no hubo prueba alguna que demostrara que tal persona hubiere sido obligada a declarar por fuerza o miedo, ni impulsada por error, engaño o soborno, resultando verosímil su dicho ya que por el momento no se cuenta con ningún medio de prueba que acredite que la pasivo hubiere sido preparada o aconsejada al respecto; siendo que el hecho de que la ofendida haya denunciado los hechos que narra, tiempo después de acontecidos, no es motivo para restarle validez a su versión, habida cuenta de que se trata de una menor de edad; demás de que como ella misma lo indica que el agresor resulta ser su propio padre a quien tiene temor por ser una persona violenta, lo que es entendible y hace explicable su temor y vergüenza de no denunciar el hecho inmediatamente ante la autoridad o contárselo a alguien de su confianza. 3.- Referente a la fe ministerial de constitución e integridad física de la ofendida Carmen García José, de veintitrés de enero del año dos mil doce, indique si para tal reconocimiento se contó con el consentimiento de su representante legítimo, como lo establece el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. 3.- Respecto a la fe ministerial de constitución e integridad física de la ofendida Carmen García José, de veintitrés de enero del año dos mil doce, el juez responsable indicó que fue una diligencia realizada como lo dispone el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, ya que la misma se desahogó con el consentimiento otorgado por dicha menor, pues así consta que lo expresó ella en la parte final de su declaración rendida ante el Ministerio Público. 4.- Por lo que hace a la diligencia de inspección ocular, de seis de marzo de dos mil doce, aclare la incongruencia en que incurre, es decir, precise que al llevar a cabo tal diligencia el agente del Ministerio Público investigador contó con la asistencia del arquitecto Vladimir Cruz Gómez y de Pascasio Rafael Pérez García, peritos en fotografía y planimetría, respectivamente, del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 4.- En cuanto a la diligencia de inspección ocular, de seis de marzo de dos mil doce, precisó que al llevar a cabo tal diligencia el agente del Ministerio Público investigador requirió de la presencia y apoyo del arquitecto Vladimir Cruz Gómez y de Pascasio Rafael Pérez García, peritos en fotografía y planimetría, respectivamente, del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 5.- Respecto a los dictámenes en planimetría de seis de marzo de dos mil doce, emitido por el arquitecto Vladimir Cruz Gómez y en fotografía, de cinco de junio de dos mil doce, emitido por el ciudadano Pascasio Rafael Pérez García, peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, subsane la omisión en que incurrió, esto es, refiere si los expertos mencionados realizaron las operaciones y experiencias que la ciencia materia de su experticia les exige para emitir sus respectivas conclusiones. 5.- En cuanto a los dictámenes en planimetría de seis de marzo de dos mil doce, emitido por el arquitecto Vladimir Cruz Gómez y en fotografía, de cinco de junio de dos mil doce, emitido por el ciudadano Pascasio Rafael Pérez García, peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, refirió que los expertos mencionados realizaron las operaciones y experiencias que su ciencia les exige, puesto que el primero afirma haber utilizado una brújula magnética, un flexómetro de cinco metros y una cinta de treinta metros, mismos instrumentos que utilizó según consta también en el desarrollo de la inspección ocular; apoyándose en el método de coordenadas para realizar el croquis planimétrico y el segundo utilizó una cámara fotográfica para tomar las impresiones del lugar donde el Ministerio Público realizó la inspección ocular. 6.-Al realizar el análisis del tercer elemento del cuerpo del delito, consistente en la ausencia de voluntad de la víctima, fundada y motivadamente, refiera con qué pruebas se tiene por acreditado dicho elemento y por consiguiente las valorara en términos de ley. 6.-Respecto al análisis del tercer elemento del cuerpo del delito, consistente en la ausencia de voluntad de la víctima, fundada y motivadamente, refirió lo tuvo por acreditado con la declaración de la ofendida, con la fe ministerial de constitución e integridad física y con el dictamen psicológico, probanzas que valoró conforme a sus atribuciones. 7. Referente a la agravante prevista en el artículo 248 Bis, fracción I, del Código Penal en vigor, valore fundada y motivadamente los medios de prueba con que lo tuvo por acreditado y refiera por qué le crean convicción para determinar que en el caso se actualiza dicha hipótesis. Sobre todo la documental consistente en copia certificada del atestado del Registro Civil, relativo al nacimiento de la menor Carmen García José. Y en este sentido, considere la fe ministerial de documento de treinta de enero de dos mil doce (foja 28 del anexo I), que obra en autos, otorgándole el valor probatorio correspondiente, por estar íntimamente relacionada con la documental referida. 7. Por lo que hace a la agravante prevista en el artículo 248 Bis, fracción I, del Código Penal en vigor, valoró fundada y motivadamente los medios de prueba con que lo tuvo por acreditado y refirió por qué le crean convicción para determinar que en el caso se actualiza dicha hipótesis, siendo tales la declaración de la menor ofendida, el dicho de la denunciante Carmen José Pérez, la copia certificada del atestado del Registro Civil, relativo al nacimiento de la menor ofendida Carmen José Pérez, así como la diligencia de fe ministerial de documento de treinta de enero de dos mil doce. Respecto a la documental consistente en copia certificada del atestado del Registro Civil, relativo al nacimiento de la menor Carmen García José, la valoró de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 fracción I, del Código de Procedimientos Penales en vigor, otorgándole valor probatorio pleno, toda vez que se trata de documento expedido por el funcionario del Registro Civil autorizado para ello, como así lo establece la fracción IV del artículo 356, del ordenamiento legal en cita, mismo documento que prueba la existencia del registro de nacimiento de Carmen García José, siendo sus progenitores Juan Apolinar García Vásquez y Carmen José Pérez. Asimismo consideró la fe ministerial de documento de treinta de enero de dos mil doce en donde dio fe de tener a la vista un acta certificada de nacimiento con número de folio 0958650 a nombre de la registrada Carmen García José, con fecha de nacimiento veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, misma que se extendió el cuatro de agosto de dos mil once, por el oficial itinerante del Registro Civil José Rufino, diligencia que consideró como una verdadera inspección ocular, puesto que se estima fue realizada de conformidad con lo establecido por los artículos 370 y 372 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que dijo fue realizada por el Ministerio Público en un documento que tuvo a la vista y del que describió su contenido esencial y en la cual no requirió de conocimientos especiales, además de que ese documento por su naturaleza y características, puede apreciarse por medio del sentido de la vista, aunado que fue practicada por la autoridad que conoció del asunto, quien está legalmente facultado para ello, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que hizo la descripción del referido documento por escrito, por lo que le otorgó valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, puesto que a su juicio le resultó una prueba idónea para demostrar plenamente la existencia del documento que tuvo a la vista y que ordenó agregar a los autos de la averiguación previa. 8.- En el apartado relativo a la probable responsabilidad del indiciado Juan Apolinar García Vásquez, subsane los vicios formales apuntados, respecto de los medios probatorios que toma en cuenta y que tenga por reproducidos con la misma valoración que de ellos hizo en la parte relativa al cuerpo del delito, que ya se dijo son deficientemente fundadas y motivadas. 8.- Respecto al apartado relativo a la probable responsabilidad del indiciado Juan Apolinar García Vásquez, subsanó los vicios formales apuntados, respecto de los medios probatorios que tomó en cuenta y que tuvo por reproducidos con la misma valoración que de ellos hizo en la parte relativa al cuerpo del delito, a saber las probanzas consistentes en la declaración de la ofendida y de la denunciante, diligencia de inspección ocular, dictámenes en planimetría y fotografía y atestado del Registro Civil relativo al nacimiento de la menor ofendida Carmen García José, certificado médico de lesiones y ginecológico, dictamen en psicología. En vista de lo anterior, es claro que la autoridad responsable restituyó en el goce de sus derechos fundamentales violados a la parte quejosa Juan Apolinar García Vásquez, por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Tal cumplimiento notifíquese personalmente a las partes, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J 9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". En cuanto al escrito del quejoso de veinticuatro de junio de este año, dígase que no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno toda vez que se recibió en este juzgado a las trece horas con doce minutos del día veinticinco de junio de este año y el plazo concedido al efecto en auto de diecisiete del referido mes, feneció el veinticuatro siguiente, como se hizo constar en diverso proveído de veinticinco de junio del presente año. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido de la licenciada, Miryam Elizabeth Cuevas González, secretaria que autoriza y da fe. JLEV*MECG*

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