Juan Antonio Vargas Torres

Expediente 457/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
457/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Juan Antonio Vargas Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha causado estado; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, las constancias que remitió como soporte de su informe justificado y que constituyen el tomo I de este juicio, agregando a los autos la carátula que lo contenía.

  2. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, por el que la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, informa que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte se inició en la causa penal 53/2018, de la cual deriva el acto reclamado, que se sigue contra el aquí quejoso Juan Antonio Vargas Torres, la etapa de juicio oral; asimismo, que el ocho de diciembre siguiente se dictó fallo absolutorio y que el quince de ese mismo mes y año, se dictó sentencia absolutoria en favor del citado quejoso, por lo que ordenó la inmediata libertad del impetrante del amparo, y al efecto acompaña copia certificada del oficio 827/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, dirigido al Director General de Prevención y Reinserción Social de Río Grande, Zacatecas, del que se advierte que en atención a la sentencia antes referida le ordena ponga en inmediata libertad entre otros a Juan Antonio Vargas Torres. Ahora bien, quien resuelve advierte que sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" A efecto de una mejor comprensión de lo anterior, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." "ACTO RECLAMADO, CUANDO HAY CESACIÓN DEL. Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata." Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. El quejoso Juan Antonio Vargas Torres, reclama la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la que la responsable determinó la improcedencia de la revisión de medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, al tratarse de delitos que conforme al artículo 1 constitucional, la prisión preventiva es oficiosa. Luego, en el oficio de cuenta la autoridad responsable, informa que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte se inició en la causa penal 53/2018, la etapa de juicio oral, que el ocho de diciembre siguiente se dictó fallo absolutorio y que el quince de ese mismo mes y año, se dictó sentencia absolutoria en favor del aquí quejoso, por lo que ordenó la inmediata libertad del impetrante del amparo, y remite copia certificada del oficio 827/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, dirigido al Director General de Prevención y Reinserción Social de Río Grande, Zacatecas, del que se advierte que en atención a la sentencia antes referida le ordena ponga en inmediata libertad entre otros a Juan Antonio Vargas Torres documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con el pronunciamiento de la sentencia absolutoria y puesta en inmediata libertad del sentenciado, aquí quejoso Juan Antonio Vargas Torres, dentro de la causa penal número 53/2018, cesaron los efectos del acto reclamado dentro del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, en tanto que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar al día señalado para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, como antes se indicó la aludida causal de improcedencia, es notoria manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En vista de lo anterior y toda vez que se encuentran programadas las diez horas con veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, por el que la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, informa que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte se inició en la causa penal 53/2018, de la cual deriva el acto reclamado, que se sigue contra el aquí quejoso Juan Antonio Vargas Torres, la etapa de juicio oral; asimismo, que el ocho de diciembre siguiente se dictó fallo absolutorio y que el quince de ese mismo mes y año, se dictó sentencia absolutoria en favor del citado quejoso, por lo que ordenó la inmediata libertad del impetrante del amparo, y al efecto acompaña copia certificada del oficio 827/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, dirigido al Director General de Prevención y Reinserción Social de Río Grande, Zacatecas, del que se advierte que en atención a la sentencia antes referida le ordena ponga en inmediata libertad entre otros a Juan Antonio Vargas Torres. Ahora bien, quien resuelve advierte que sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" A efecto de una mejor comprensión de lo anterior, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." "ACTO RECLAMADO, CUANDO HAY CESACIÓN DEL. Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata." Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. El quejoso Juan Antonio Vargas Torres, reclama la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la que la responsable determinó la improcedencia de la revisión de medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, al tratarse de delitos que conforme al artículo 1 constitucional, la prisión preventiva es oficiosa. Luego, en el oficio de cuenta la autoridad responsable, informa que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte se inició en la causa penal 53/2018, la etapa de juicio oral, que el ocho de diciembre siguiente se dictó fallo absolutorio y que el quince de ese mismo mes y año, se dictó sentencia absolutoria en favor del aquí quejoso, por lo que ordenó la inmediata libertad del impetrante del amparo, y remite copia certificada del oficio 827/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, dirigido al Director General de Prevención y Reinserción Social de Río Grande, Zacatecas, del que se advierte que en atención a la sentencia antes referida le ordena ponga en inmediata libertad entre otros a Juan Antonio Vargas Torres documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con el pronunciamiento de la sentencia absolutoria y puesta en inmediata libertad del sentenciado, aquí quejoso Juan Antonio Vargas Torres, dentro de la causa penal número 53/2018, cesaron los efectos del acto reclamado dentro del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, en tanto que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar al día señalado para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, como antes se indicó la aludida causal de improcedencia, es notoria manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En vista de lo anterior y toda vez que se encuentran programadas las diez horas con veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  4. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que al promover juicio de amparo, el quejoso Juan Antonio Vargas Torres, reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, la resolución judicial de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, relativa a la revisión y cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada en la causa penal 53/2018. Luego, al rendir su informe, la citada autoridad reconoció la existencia del acto reclamado, pues indicó que en el treinta y uno de agosto de dos mil veinte dictó un auto en el que determinó improcedente la solicitud del quejoso; asimismo informó que a solicitud del defensor del aquí quejoso, el nueve de octubre de dos mil veinte, se celebró una audiencia en la que se dijo que debe prevalecer la prisión preventiva oficiosa que se impuso a Juan Antonio Vargas Torres, en la aludida causa penal, sin que se hubiera remitido el registro en audio y video de dicha audiencia. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, remita a este juzgado, copia certificada del registro en audio y video de la audiencia celebrada el nueve de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 53/2018, que se sigue contra el aquí quejoso Juan Antonio Vargas Torres, así como el índice cronológico de la misma. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado o no informar el impedimento que tenga para ello; se hará acreedor a una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para su verificativo.

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