Juan Antonio Valencia Yépez
Expediente 1197/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2022
Partes del expediente
- Juan Antonio Valencia Yépez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexos) de cuenta; a través del cual la Juez Penal de Primer Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, devuelve diligenciado el exhorto 586/2021 (número de orden 586/2021) del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se encomendó notificar al quejoso Juan Antonio Valencia Yépez, el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente en que se actúa. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad exhortada, devolviendo la citada comunicación; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Expedientes (SISE). En ese sentido, vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de imposibilidad de cinco de enero del año en curso, practicada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, se advierte que la imposibilidad de remitir el exhorto 586/2021-VIII (orden 586/2021), por las razones ahí expuestas. En ese tenor, en obvio de mayores dilaciones procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, remítase dicha comunicación oficial al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de El Oro, Estado de México en el cual se encuentra el quejoso ****, y le notifique el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó enviar el exhorto 586/2021-VIII (número de orden 586/2021), vía mensajería acelerada Estafeta al Juzgado Penal de Primera Instancia de El Oro, Estado de México; para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificara dicho auto al quejoso ***; sin embargo, de las constancias que integran el presente asunto, no se advierte que el mismo haya sido remitido; por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase el mismo a la brevedad para efecto de que la citada autoridad realice las gestiones consistentes en la notificación en comento.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta; mediante el cual, la Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en cumplimiento al proveído de veintidós de octubre del año en curso, remite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1197/2021-VIII. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado lo es: - La orden de traslado de cinco de mayo de dos mil veintiuno, al Centro Preventivo y de Readaptación Social de El Oro, Estado de México. Lo anterior, en el entendido que los puntos segundo y tercero, consistentes en que le afecta directamente a sus garantías constitucionales y la libertad familia, así como la violación a sus derechos humanos, derechos fundamentados, garantías individuales, garantías procesales, principios rectores del debido proceso, acto internacional de los derechos civiles y políticos, declaración universal de los derechos humanos contra la tortura y otros tratos crueles, penas inhumanas o degradantes de las que México es parte, todos son encaminados a la orden de traslado que reclama; sin que se soslaye, que de la lectura íntegra de la aludida demanda no se advierte que especifique que haya sufrido de manera directa de los actos a los que refiere en el punto tercero. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse la misma; como lo señala el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso a estudio, respecto de la orden de traslado consumada reclamada, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Lo anterior, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional. Por consiguiente, previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Ahora, con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Por otro lado, los artículos 2, 5, fracción II y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 51, 52, 107, 114, 115 y 116, 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario. Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: (.) II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; (.) Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad (.)." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes;(.)." "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas (.)." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa (.)." "Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." De la transcripción de dichos artículos, en primer término se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, esto es, respecto de procesados y sentenciados. De igual forma, que los procesados o sentenciados podrán iniciar el procedimiento administrativo ante las autoridades penitenciarias y si éstas resultan contrarias a lo solicitado por el inconforme, o no fuesen atendidas dentro del término legal, el peticionario podrá formular controversia o demandar la omisión ante el Juez de Ejecución. Y por lo que a los traslados se refiere, en todos los supuestos de excepción sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En ese tenor la aquí peticionaria del amparo reclama el traslado que se ejecutó el cinco de mayo de dos mil veintiuno, al ser ingresado de diverso centro penitenciario al Centro Preventivo y de Readaptación Social de El Oro, Estado de México. Y toda vez que los diversos artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén los medios de defensa que deben agotarse respecto de las condiciones de internamiento que consideren los internos les agravian y en particular respecto de la orden de traslado se contempla el recurso de apelación cuando la orden de traslado ha sido ordenada por el juez y, en caso, de no existir autorización judicial, deberá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, es inconcuso, que previo acudir a esta instancia constitucional, debe impugnar la orden de traslado y al no haber agotado los medios ordinarios de defensa, el juicio de amparo es improcedente, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo biinstancial. Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es inconcuso que este resulta improcedente, pues la orden de traslado del quejoso es impugnable en términos de los artículos 9º, fracción IX, 52, 107, 114, 116, 117, 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través de la petición administrativa, la cual tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la determinación en la que se ordenó el traslado de la quejosa. Resulta aplicable, por analogía la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, visible a página 1701, que establece: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Así como, por la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, visible a página 2581, que señala: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones." En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, en lo referente al acto consistente en el traslado que se ejecutó al ser egresado de diverso centro penitenciario al Centro Preventivo y de Readaptación Social de El Oro, Estado de México, toda vez que el peticionario tiene la obligación de agotar los medios de defensa que concede la Ley Nacional de Ejecución Penal. Atento a lo anterior, dado que la quejosa se encuentra interna en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de El Oro, Estado de México; sin embargo, el mismo se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los diversos 107 A 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, remítase atento exhorto vía mensajería acelerada Estafeta al Juzgado Penal de Primera Instancia de El Oro, Estado de México; para que en auxilio de las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda, se constituya en el centro penitenciario en el cual se encuentra interno el aludido quejoso, y le notifique el presente proveído. De igual modo se faculta al Juez exhortante para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Solicítese el acuse de recibo correspondiente a la autoridad del fuero común y una vez diligenciado, lo devuelva a la brevedad posible. Cabe precisar que se estima adecuada la vía del exhorto para el apoyo solicitado y no otro medio; ello, en razón a que la autoridad indicada en líneas anteriores es un Juez de Primera Instancia, cuyo aspecto diferenciador con este órgano jurisdiccional radica en el ámbito competencial por razón de fuero únicamente. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.
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