Juan Antonio Valencia Yepez
Expediente 1027/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2021
Partes del expediente
- Juan Antonio Valencia Yepez
Actuaciones
- Principal
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. AGRÉGUESE A LOS AUTOS LA CONSTANCIA REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, POR EL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL EL ORO DE HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO, RELATIVA A LA NOTIFICACIÓN REALIZADA AL QUEJOSO ****, DEL AUTO DE ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO AL RUBRO INDICADO; POR LO QUE SE TIENE POR HECHA ESA NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. INTÉGRESE A LOS AUTOS LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE QUIENES SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO
- Principal
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTA LA CERTIFICACIÓN PRECEDENTE, SE ADVIERTE QUE DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, LA PARTE QUEJOSA NO INTERPUSO EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY MENCIONADA, CONTRA LA DETERMINACIÓN DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CUAL SE DESECHÓ SU DEMANDA DE AMPARO; POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE ESA DETERMINACIÓN HA CAUSADO ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. AHORA, EL ESTADO PROCESAL DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EVIDENCIA QUE NO EXISTE MÁS POR CUMPLIMENTAR; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, A CONTRARIO SENSU, SE DECLARA PROCEDENTE REMITIRLO AL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE GOBIERNO.
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL COMUNICADO DE CUENTA SIGNADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ORO, ESTADO DE MÉXICO, POR EL CUAL REMITE LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN PRACTICADA AL QUEJOSO., DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO; CIRCUNSTANCIA DE LA QUE SE TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. SE LE TIENE COMO DOMICILIO EL QUE SEÑALA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN I DE LA LEY DE AMPARO. FINALMENTE, SE TOMA CONOCIMIENTO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO INDICADOS, POR LO QUE SE PRIVILEGIARÁ TAL VÍA PARA PRACTICARLE LAS NOTIFICACIONES QUE DEBAN SER PERSONALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SIN PERJUICIO DE SU OBLIGACIÓN DE DAR SEGUIMIENTO AL JUICIO, TODA VEZ QUE LOS ACUERDOS DE MENOR TRASCENDENCIA SE LE NOTIFICARÁN POR MEDIO DE LISTA. DADO EL SENTIDO DEL PRESENTE ACUERDO ES INNECESARIO ORDENAR SU NOTIFICACIÓN A LAS PARTES. INTÉGRESE A LOS AUTOS LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE QUIENES SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO.
- Principal
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTA LA DEMANDA SIGNADA POR ***, POR PROPIO DERECHO, CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO; HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES SISE Y REGÍSTRESE CON EL NÚMERO 1027/2021-VI-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ATENDIENDO LO ANTERIOR, EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ESTABLECE QUE EL JUEZ DE DISTRITO EXAMINARÁ LA DEMANDA Y SI EXISTIERA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA LA DESECHARÁ DE PLANO, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE:.. EN RELACIÓN CON LO REFERIDO, DIVERSOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN SE HAN PRONUNCIADO EN EL SENTIDO DE QUE LO MANIFIESTO SE DA CUANDO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA SE ADVIERTE EN FORMA PATENTE Y CLARA DE LA LECTURA DE LA DEMANDA; EN TANTO QUE LO INDUDABLE RESULTA DE QUE SE TENGA LA CERTIDUMBRE Y PLENA CONVICCIÓN QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE TRATE ES OPERANTE EN EL CASO CONCRETO, DE MODO QUE, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITIERA LA DEMANDA Y SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO, NO RESULTARÍA FACTIBLE FORMARSE UNA CONVICCIÓN DIVERSA, CON INDEPENDENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE DE MANERA EVENTUAL PUDIERAN ALLEGAR LAS PARTES. EN OTRAS PALABRAS, EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DEBE SER CLARO, SIN LUGAR A DUDAS, EVIDENTE POR SÍ MISMO Y QUE SURJA SIN NINGÚN OBSTÁCULO A LA VISTA DEL JUZGADOR Y QUE NO PUEDA SER DESVIRTUADO POR NINGÚN MEDIO DE PRUEBA DURANTE EL JUICIO.. PRECISADO LO ANTERIOR, DEBE DECIRSE QUE EN EL CASO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, YA QUE PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, LOS QUEJOSOS DEBIERON AGOTAR CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS EL RECURSO QUE PREVÉ LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN RAZÓN DE LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES. EL REFERIDO ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, ESTABLECE LO SIGUIENTE:. EL PRECEPTO LEGAL TRANSCRITO PREVÉ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS, Y RADICA EN QUE EL JUICIO DE AMPARO SÓLO PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS, ENTENDIDOS COMO AQUÉLLOS CONTRA LOS CUALES NO PROCEDE JUICIO, RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA SUSCEPTIBLE DE NULIFICARLOS, REVOCARLOS O MODIFICARLOS. TAL PRINCIPIO ENCUENTRA SU JUSTIFICACIÓN EN EL HECHO DE QUE, AL SER EL JUICIO DE AMPARO UN MEDIO EXTRAORDINARIO DE DEFENSA CONSTITUCIONAL, LA PARTE QUEJOSA DEBE PREVIAMENTE ACUDIR A LAS INSTANCIAS QUE PUEDAN PRODUCIR LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO DE AUTORIDAD QUE LE PRODUCE AFECTACIÓN, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS LEGAL Y JURISPRUDENCIALMENTE. EN EFECTO, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 9, 10, 30, 107 A 115, 117, FRACCIÓN I, 122, 124 Y 131 A 135 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVÉN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SISTEMA PENITENCIARIO, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, EL CUAL CONTIENE, ENTRE OTROS, UN MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS", A TRAVÉS DEL CUAL LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PUEDEN RECLAMAR, SIN MAYORES FORMALISMOS, ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA O EL JUEZ RESPECTIVO, LOS DERECHOS ATINENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ESTE MECANISMO DE CONTROL CONSTITUYE UN VERDADERO PROCEDIMIENTO CONFORMADO DE DIVERSAS ETAPAS, EL CUAL INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL INTERNO ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA CORRESPONDIENTE, EN DONDE PUEDE OFRECER PRUEBAS O QUE LA AUTORIDAD LAS RECABE DE OFICIO; EN EL CASO DE QUE EL ACTO SEA URGENTE PUEDE SER SUSPENDIDO DE OFICIO Y DE INMEDIATO POR UN JUEZ DE EJECUCIÓN, O BIEN, QUE ÉSTE ORDENE LAS ACCIONES POSITIVAS NECESARIAS PARA QUE CESE, EN CASO DE CONSTITUIR UNA OMISIÓN; ASIMISMO, SE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE QUE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD PENITENCIARIA RELACIONADAS CON LA PETICIÓN SEAN IMPUGNADAS A TRAVÉS DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES. EN ESA VIRTUD, EL CITADO MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA SENCILLO, RÁPIDO Y EFICAZ POR MEDIO DEL CUAL LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PUEDE RECLAMAR LOS DERECHOS ATINENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTAR DICHO MECANISMO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA POR LA LEY REFERIDA. LOS ARTÍCULOS 116, 117 Y 122 A 125 DE LA MENCIONADA LEY DISPONEN LO SIGUIENTE:. DE LO ANTERIOR, SE CONCLUYE QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PODRÁN FORMULAR SOLICITUD POR ESCRITO ANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN, PRECISARÁ EL NOMBRE DEL PROMOVENTE, DATOS DE LOCALIZACIÓN, EL RELATO DE SU INCONFORMIDAD, LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO CUANDO CONSIDERE QUE SE TRATA DE CASO URGENTE Y LA FIRMA O HUELLA DIGITAL. EL JUEZ DE EJECUCIÓN, DEBERÁ RESOLVER EN UN PLAZO NO MAYOR A SETENTA Y DOS HORAS SOBRE DICHA CUESTIÓN CUANDO SE TRATA DE CUESTIONES URGENTES, Y EN UN PLAZO DE MÁXIMO DE DIEZ DÍAS, PREVIO PERIODO PROBATORIO, EN AUDIENCIA RESOLVERÁ LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA. TRATÁNDOSE DE TRASLADOS, LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR, ASÍ COMO LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLOS. AL RESPECTO, EN LO QUE INTERESA, SE ESTABLECE:. DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS AUTORIZAR EL TRASLADO Y/O CAMBIO DE LOS INTERNOS, YA SEA EL VOLUNTARIO, INVOLUNTARIO O EL URGENTE O EXCEPCIONAL, A DIVERSO CENTRO PENITENCIARIO -O INCLUSO DE DORMITORIO- YA EJECUTADO O POR EJECUTARSE; POR TANTO, ES INCONCUSO QUE LAS CONTROVERSIAS RESPECTO A DICHO TRASLADO DEBEN PLANTEARLAS ANTE LA REFERIDA AUTORIDAD, EN LA JURISDICCIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS. AHORA, ES MENESTER RESALTAR QUE, EN EL CASO DE UNA SITUACIÓN URGENTE, EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVÉ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O HECHO QUE LA MOTIVÓ SIN QUE EXIJA MAYORES REQUISITOS DE LOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO, PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN, PUESTO QUE SU TRAMITACIÓN SE CIRCUNSCRIBE A QUE LA SOLICITE LA PERSONA LEGITIMADA Y QUE EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE OFICIO SUSPENDERÁ DE INMEDIATO EL HECHO O ACTO QUE MOTIVÓ LA PETICIÓN Y SUS EFECTOS. MIENTRAS QUE EN LOS NUMERALES 128 Y 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE SE OTORGUE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SE REQUIERE QUE LA SOLICITEN LOS DISCONFORMES; QUE NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y QUE SE OTORGUE GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS, EN TRATÁNDOSE DE CASOS URGENTES -ARTÍCULO 126-, SE PRONUNCIARÁ EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. POR TANTO, LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS, QUE LOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS REPROCHADOS, INCLUSO, TOMANDO COMO PARÁMETRO SU TRAMITACIÓN ES DABLE AFIRMAR QUE BRINDA UNA MAYOR COBERTURA AL ORDENAR QUE DE INMEDIATO SE SUSPENDERÁ LA EJECUCIÓN, ES DECIR, DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE Y SIN MAYOR REQUISITO QUE LA SIMPLE SOLICITUD. ENTONCES, QUEDA EN EVIDENCIA QUE LOS ACTOS COMBATIDOS EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL, NECESARIAMENTE TIENEN QUE VER CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN Y SE SUSCITA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, POR ENDE, NO PUEDEN SER COMBATIDOS EN ESTA VÍA DE AMPARO, SIN SUJETARSE PREVIAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONFORME A LOS CUALES SE PUEDE FRENAR LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, ASÍ COMO DE CAMBIO DE DORMITORIO, CELDA, MÓDULO O PASILLO, MEDIANTE SOLICITUD AL DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSIÓN Y EN AUSENCIA DE RESPUESTA O CONTESTACIÓN NO FAVORABLE, O EN SU CASO, DE SER FACTIBLE, LA REINSTALACIÓN DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD EN DONDE SE ENCONTRABA, PREVIA SOLICITUD ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN O DE CONTROL, QUIEN TIENE POTESTAD PARA MODIFICAR, REVOCAR O NULIFICAR LA CONDICIÓN GENERADA POR LA OMISIÓN DE RESPUESTA O LA NEGATIVA OTORGADA. POR ELLO, LA ORDEN QUE SE RECLAMA EN LA ESPECIE, NO PUEDE SER SUJETA DE ANÁLISIS INMEDIATO EN ESTA VÍA BIINSTANCIAL, TODA VEZ QUE SE DEBIÓ AGOTAR EL MULTICITADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD QUE CONSIDEREN VULNERADAS SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO Y, EN CASO, DE NO OBTENER RESPUESTA FAVORABLE, LA PROPIA LEY ESPECIAL EN COMENTO, LOS FACULTA PARA ACUDIR ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN PARA LA SOLUCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS PETICIONES QUE EN SU CASO LE FORMULEN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD... ELLO ES ASÍ, YA QUE DEL ANÁLISIS DE TALES CRITERIOS, SE ADVIERTE QUE LA SUPREMA CORTE LOS EMITIÓ EFECTUANDO EL EXAMEN DE LOS CASOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, A LA LUZ DE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, QUE SUFRIERON LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CARTA MAGNA; EN DONDE SE VEDARON LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DECIDIR RESPECTO A LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITARAN EN RECLUSIÓN Y SE ACTIVARON EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; POR ENDE, LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CARECÍAN DE COMPETENCIA PARA ORDENAR TRASLADOS; PUES DE HACERLO SE TRATARÍA DE ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CON OTRAS PALABRAS, EN ESOS CRITERIOS, LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOSTUVO QUE CUANDO EL PRECEPTO 22 CONSTITUCIONAL, SE CONTRAE A UN ACTO QUE CONSTITUYA UN ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, SE REFIERE A LAS ACTUACIONES QUE PUEDEN DESPLEGAR LAS AUTORIDADES QUE NO REVISTEN UN CARÁCTER JURISDICCIONAL, ES DECIR, SE TRATA DE ACTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES CUALQUIER OTRA AUTORIDAD QUE OSTENTE DIVERSA NATURALEZA PRETENDA AFECTAR LA LIBERTAD A UNA PERSONA, PERO SIN QUE MEDIE UN DEBIDO PROCEDIMIENTO. SIN EMBARGO, EL PANORAMA CAMBIÓ CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, YA QUE SE CREÓ UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ESPECÍFICO QUE REGULA LOS TRASLADOS; ASÍ COMO LA FACULTAD DE LOS INTERNOS DE EJERCER UNA ACCIÓN QUE INICIE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL, PARA COMBATIR ESE TRASLADO. REVISTE IMPORTANCIA EL ÚLTIMO SUPUESTO MENCIONADO, YA QUE LA LEY DE EJECUCIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A EMITIR UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE ORDENE EL TRASLADO, QUE POSTERIORMENTE DEBE SER REVISADA POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL, COMO TODO ELLO OCURRE EN EL CONTEXTO DE UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY SE TRATA DE ACTOS OCURRIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO, A DIFERENCIA DE LO ANALIZADO POR EL ALTO TRIBUNAL, DONDE SE EXAMINARON ACTOS EMITIDOS FUERA DE PROCEDIMIENTO; DE AHÍ QUE NO RESULTEN APLICABLES TALES CRITERIOS AL CASO A ESTUDIO. AUNADO A QUE, EN ATENCIÓN AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, EN RELACIÓN CON LAS ÓRDENES DE TRASLADO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, Y QUE ENTRÓ EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN, QUE EN SU CONSIDERANDO CUARTO SEÑALA LO SIGUIENTE:. POR LO EXPUESTO, FUNDADO Y MOTIVADO, ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA SIGNADA POR JUAN ANTONIO VALENCIA YÉPEZ, TODOS POR PROPIO DERECHO, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. SIN QUE OBSTE A LO ANTERIOR QUE EL QUEJOSO ADUCE QUE NO SE DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA FECHA EN QUE EL TRASLADO FUE EJECUTADO Y QUE SE ENCUENTRA INCOMUNICADO CON MOTIVO DE TAL TRASLADO; YA QUE, EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA ESTÁ SIGNADO, POR EL JUSTICIABLE, POR PROPIO DERECHO, DE LO CUAL SE DERIVA QUE NO ESTÁ INCOMUNICADO, SINO QUE, COMO ÉL MISMO NARRA, ENTRE LAS CONSECUENCIAS DEL TRASLADO, IDENTIFICA LAS DIFICULTADES QUE ESTIMA SE ACTUALIZAN PARA SER VISITADO POR SUS FAMILIARES EN EL CENTRO EN EL QUE ACTUALMENTE ESTÁ PRIVADO DE SU LIBERTAD, SIN EMBARGO, COMO SE EXPLICÓ EN PÁRRAFOS PRECEDENTES, TALES CIRCUNSTANCIAS DEBE HACERLAS VALER CONFORME A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. DE MODO QUE, LA OPORTUNIDAD EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA, NO ES UN FACTOR PARA SOSTENER LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE DE MANERA NOTORIA Y MANIFIESTA SE SURTE EN EL CASO CONCRETO.. CON LO ANTERIOR NO SE DEJA DE APLICAR EL PRINCIPIO PRO HOMINEM NI SE DEJAN DE OBSERVAR DISPOSICIONES DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, QUE RECOGE EL ARTÍCULO 1 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, YA QUE SU APLICACIÓN NO IMPLICA DESCONOCER LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES, QUE EL ESTADO IMPLEMENTA PARA UNA MEJOR EFICACIA DE SUS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN O DEFENSA. DETERMINACIÓN QUE TAMPOCO ES VIOLATORIA DEL DERECHO HUMANO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, YA QUE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTÁ LIMITADO A LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA LEY, LAS CUALES PUEDEN VERSAR SOBRE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE FONDO DE ALGÚN ASUNTO. POR LO TANTO, SI LA PROPIA LEY DE AMPARO CONTIENE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, QUE TIENEN SU RAZÓN DE SER EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, AL EVITAR LA SATURACIÓN DE LOS TRIBUNALES CON ASUNTOS ESTÉRILES, EN PERJUICIO DE TODOS LOS USUARIOS DEL SISTEMA, ERGO, NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES LA VIGILANCIA DE SU CORRECTA APLICACIÓN, COMO ACONTECE EN EL CASO. .
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