Juan Antonio Ulibarri Sampeiro

Expediente 639/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
639/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Fiscal de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
  • Juan Antonio Ulibarri Sampeiro

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IX. Agréguese a los autos el oficio procedente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al que acompaña copia certificada del juicio de amparo en que se actúa y de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 173/2022-III. (...) Con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. (...)

  2. Principal

    MESA IX. Se desecha la demanda de amparo.

  3. Principal

    MESA IX. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "(...) Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La determinación de no ejercicio de la acción penal, dictado en la carpeta de investigación *****. En el caso este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: (...) Dicho precepto prevé el principio de definitividad que ige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. (...) En el caso, se actualiza la causal en estudio, dado que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa quien se ostenta como víctima de hechos posiblemente constitutivos de delito, acudió a esta instancia constitucional a combatir, el acto reclamado consistente en la determinación de no ejercicio de la acción penal, dictado en la carpeta de investigación ******, por tanto, en su contra procede el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual puede ser modificado o revocado; por tanto, es la determinación que resuelva dicho medio de impugnación, la que en todo caso podrá impugnarse mediante el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa tenía la carga procesal, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: (...) Del citado artículo, se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. (...) En ese orden, este órgano jurisdiccional concluye que bajo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual manera puede interpretarse la fracción XVII, del artículo 109 del código único, con los diversos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el 258 de la citada legislación procesal, para concluir que el acto reclamado debió analizarse por el juez de control previo a la promoción de este juicio de amparo. Así, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que inicie la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos. Ante tales consideraciones, si en el caso, el acto reclamado consiste en la determinación de no ejercicio de la acción penal, dictado en la carpeta de investigación ******, es innegable que tal determinación debe sujetarse a revisión del juez de control; por tanto, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. (...) En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113 de ese propio ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. (...) DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda. (...)

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