Juan Antonio Torres Rodríguez

Expediente 560/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
560/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Torres Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados.

  2. Principal

    Agréguese el oficio *** y anexo que remite la Presidenta de la Junta Especial 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad y téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. De lo expuesto en el informe y de la constancia que se anexa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ***" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, se advierte que el quejoso ***, reclama de la Junta Especial Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo siguiente: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA Y VIOLACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. ***" De donde se sigue que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ***. Por otro lado, en el informe de cuenta la responsable expuso que el siete de junio del presente año, se dictó el laudo respectivo, y remitió al efecto copia del mismo, de la que deriva que en la data señalada, se dictó resolución en el expediente laboral *-**. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de lo atribuido a la responsable, en virtud de que fue subsanado con el dictado de la resolución que pone fin al procedimiento laboral. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. ***" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ****" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta y dos minutos del veinte de junio de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO: PARTE QUEJOSA. PROVEÍDO 13-JUNIO-2022 Agréguese el oficio *** y anexo que remite la Presidenta de la Junta Especial 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad y téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. De lo expuesto en el informe y de la constancia que se anexa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ***" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, se advierte que el quejoso ***, reclama de la Junta Especial Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo siguiente: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA Y VIOLACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. ***" De donde se sigue que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ***. Por otro lado, en el informe de cuenta la responsable expuso que el siete de junio del presente año, se dictó el laudo respectivo, y remitió al efecto copia del mismo, de la que deriva que en la data señalada, se dictó resolución en el expediente laboral *-**. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de lo atribuido a la responsable, en virtud de que fue subsanado con el dictado de la resolución que pone fin al procedimiento laboral. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. ***" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ****" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta y dos minutos del veinte de junio de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que no le fue posible entregar el oficio *** al tercero interesado ****, en el domicilio señalado para tal efecto, lo anterior, toda vez que en dicho lugar le informaron que desde hace seis meses dichas oficinas, se cambiaron de domicilio al ubicado en calle ***de esta ciudad. En tales condiciones, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a efecto de que se constituya en el domicilio que le fue precisado y una vez que se cerciore de que en el lugar señalado tiene su domicilio el Servicio Postal Mexicano, proceda a emplazarlo a juicio, mediante el oficio respectivo. Notifíquese.

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