Juan Antonio Tirado Vázquez

Expediente 576/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 32 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
576/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Juan Antonio Tirado Vázquez
  • Nadia Haydee Vega Olivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Estado procesal de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto a la vista que se le otorgó en proveído de cinco de abril del año en curso, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Se declara consentida la determinación del fallo. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa por conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de seis de agosto del año en curso, con apoyo en el artículo 214 de la citada Ley, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, se ordena remitir físicamente el presente juicio de amparo, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal.

  3. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de abril de dos mil veintiuno. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso C), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo. En relación con lo anterior, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, dado que se negó la suspensión respecto del acto reclamado y el duplicado, se considera susceptible de destrucción, en el término de seis meses, en atención a la fracción II, inciso a), del artículo Vigésimo del referido acuerdo. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 15, del citado ordenamiento. IV. Devolución de documentos. Conforme al artículo 36, del multicitado Acuerdo General, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos originales a la incidencia en que se actúa. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a nueve de abril de dos mil veintiuno, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, para conocimiento de la parte quejosa y del representante especial de los menores Eduardo Hernández Ramírez; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, cinco de abril de dos mil veintiuno. I. Calificación de cumplimiento. a). Estado de autos. Visto el expediente, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de diecisiete de marzo de la anualidad que transcurre, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. b). Efectivo apercibimiento. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, se califica el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en las documentales existentes. c) Efectos del fallo protector. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 78/2019, de su índice administrativo. 2. Emita una nueva resolución en la que determine lo siguiente: a) Considere que las pruebas valoradas por el juez de origen (entrevista y pericial en genética) así como el hecho de que la progenitora y el menor vivan con otra persona que se ostenta como su padre biológico, no son razones suficientes para suspender la convivencia provisional supervisada entre el menor y el quejoso. b) Con independencia de lo que se haya resuelto en el juicio de contradicción de paternidad, la convivencia provisional supervisada del menor con el quejoso debe continuar, sin perjuicio de que una vez desarrollada o en plena realización de la convivencia supervisada se adviertan datos suficientes para suspenderla, o que el interés superior del menor se vea comprometido y resulta necesaria tal suspensión. c) Que aún y cuando por esos motivos no deba suspenderse la convivencia provisional, tome en cuenta de manera integral la entrevista realizada al menor, en sus aspectos positivos y negativos, para que determine la forma de cómo debe llevarse a cabo la convivencia, aspectos que deberán considerarse para cuando se resuelva en definitiva la guarda y custodia y régimen de convivencia. d) Para continuar con la convivencia provisional supervisada, dicte las acciones que estime necesarias para garantizar su realización y el bienestar emocional del menor, así como de las partes involucradas, tales medidas podrán ser terapia psicológica y apercibimiento de medidas de apremio, siendo estas enunciativas y no limitativas. e) Tome en cuenta, al momento de emitir la nueva resolución, la situación que impera en el país respeto a la contingencia derivada del covid, y de prevalecer la contingencia sanitaria, realice los ajustes temporales necesarios para la convivencia, conforme al marco normativo federal, estatal, municipal y judicial que impere en el momento del cumplimiento. f) Ordene hacer del conocimiento de las partes los derechos fundamentales del menor, así como la importancia de preservar los lazos afectivos del niño y que el no hacerlo puede generar un perjuicio en su desarrollo emocional; aunado a ello, conmine a las partes a velar por el interés superior del menor, dejando a un lado los intereses personales. g) Indique al juez de origen velar por el irrestricto cumplimiento de los derechos de régimen de visitas y convivencia del menor, sin que exista la necesidad de promoción de las partes para hacer cumplir sus derechos. h) Haga saber al juez primigenio que el tema del régimen de convivencia, no está sujeto a las incidencias que pudieran resultar del divorcio o de la liquidación de la sociedad conyugal, en el incidente respectivo; sino que, debe resolver en definitiva lo relativo a la guarda y custodia del régimen de convivencia de manera inmediata en cuanto esté en condiciones de hacerlo y no esperar lo concerniente a los demás temas del divorcio; para lo cual, debe emitir un proveído en el que establezca si está o no en condiciones de resolver ese aspecto de manera independiente y, en caso afirmativo, citar para resolver; y, de no ser así, señalar qué aspectos son necesarios para hacerlo" d) Actos realizados por las responsables obligadas. De las constancias remitidas por las autoridades responsables Sala de Circuito Zona Sur del Estado y residente en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que dicha autoridad realizó lo siguiente: Mediante resolución dictada el seis de octubre de dos mil veinte, en el toca de apelación 78/2019, del índice de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable dejó insubsistente la diversa resolución emitida el siete de agosto de dos mil diecinueve, y procedió a dictar una nueva en la que determinó que el juez A-quo realizó una valoración parcial y subjetiva de la entrevista de nueve de abril de dos mil diecinueve, realizada al menor, puesto que las conclusiones que aducen derivan de la misma no se encuentran sustentadas congruentemente con lo expuesto por la psicóloga y el infante. Asimismo, consideró que el resultado de la referida entrevista, así como la prueba pericial en genética ofrecida en el juicio de contradicción de paternidad 1658/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, residente en esta ciudad, no dan pauta para concluir que con la convivencia provisional el menor corra algún riesgo, y que por ello, deba de suspenderse de inmediato, por lo que al no ser contundente la existencia de un daño que pudiera provocar la convivencia y sí la ruptura abrupta de sus relaciones sin el adecuado soporte emocional que le apoye a comprender su situación, por lo que determinó que no se tienen los elementos que conlleven a la conclusión de que deba suspenderse la convivencia entre el menor J. A. T. V. y el aquí quejoso Juan Antonio Tirado Vázquez, y dejó subsistente dicha convivencia decretada en auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho. Con lo anterior, ordenó se tomaran las acciones necesarias para garantizar la referida convivencia y el bienestar emocional del menor, así como de las partes involucradas, las que podrían consistir en terapia psicológica y apercibimientos con los medios de apremio previstos por la ley procesal familiar, siendo estas enunciativas y no limitativas; asimismo, se tomen en cuenta las medidas sanitarias correspondientes debido a la contingencia derivada del COVID-19, realizando los ajustes temporales necesarios para la convivencia conforme al marco normativo, federal, estatal, municipal y judicial que imperó en el momento del cumplimiento del fallo protector. Asimismo, ordenó hacer del conocimiento de las partes los derechos fundamentales del menor, así como la importancia de preservar los lazos afectivos del niño y que el no hacerlo le puede generar perjuicio en su desarrollo emocional; aunado a ello, se conminó a las partes a dejar un lado intereses personales y se ordenó al juez primario velar por el irrestricto cumplimiento de los derechos de régimen de visitas y convivencia con el menor, sin necesitad de promoción de las partes para hacer cumplir sus derechos. De igual manera, le hizo saber al juez primigenio que el tema del régimen de convivencia, no está sujeto a las incidencias que pudieran resultar del divorcio o de la liquidación de la sociedad conyugal, en el incidente respectivo; si no que, debe resolver en definitiva lo relativo a la guarda y custodia del régimen de convivencia de manera inmediata en cuanto esté en condiciones de hacerlo y no esperar lo concerniente a los demás temas del divorcio; para lo cual, debe emitir un proveído en el que establezca si está o no en condiciones de resolver ese aspecto de manera independiente, y en caso afirmativo, citar para resolver; y, de no ser así, señalar que aspectos son necesarios para hacerlo. Por su parte, la diversa responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante oficio de registro 3131, remitió copia certificada del proveído de siete de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio 427/2019, de su índice, en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó subsistente la convivencia provisional supervisada entre el menor y el aquí quejoso Juan Antonio Tirado Vázquez, decretada en auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, tomando en consideración las medidas sanitarias correspondientes implementadas debido a la contingencia derivada del COVID-19, por lo que autorizó que dicha convivencia se realice a través de medios de comunicación que tengan disponibles las partes, tales como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas u otros similares, ello con el fin de mantener comunicación continua entre las citadas partes. e) Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que las autoridades responsables, atendieron los efectos de la sentencia de amparo; de ahí, que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Lo anterior, considerando que las obligaciones enunciadas en líneas previas fueron acatadas por las autoridades responsables, toda vez, que debe destacarse que la responsable Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la resolución emitida el siete de agosto de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 78/2019, de su índice administrativo, y dicto una nueva en la que determinó que el juez A-quo realizó una valoración parcial y subjetiva de la entrevista realizada al menor de iniciales J. A. T. V. el nueve de abril de dos mil diecinueve, por la psicología del departamento de psicología del juzgado de origen, ello en virtud de que las conclusiones que aducen derivan de la citada entrevista no se encuentran sustentadas congruentemente con lo expuesto por la profesionista y el infante. Asimismo, dejó subsistente dicha convivencia decretada en auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho; dado que del resultado de la entrevista antes anotada, así como la prueba pericial en genética ofrecida en el juicio de contradicción de paternidad 1658/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, residente en esta ciudad, se aprecia que no dan pauta para concluir que con la convivencia provisional el menor corra algún riesgo, y que por ello, deba de suspenderse de inmediato, por lo que al no ser contundente la existencia de un daño que pudiera provocar la convivencia, pero sí la ruptura abrupta de sus relaciones sin el adecuado soporte emocional que le apoye a comprender su situación. Es por ello, que determinó que no se cuenta con los elementos que conlleven a la conclusión de que deba suspenderse la convivencia entre el menor J. A. T. V. y el aquí quejoso Juan Antonio Tirado. De igual manera, la responsable de mérito ordenó que se tomaran las acciones necesarias para garantizar la referida convivencia y el bienestar emocional del menor, así como de las partes involucradas (terapia psicológica y apercibimientos con los medios de apremio previstos por la ley procesal familiar), siendo estas enunciativas y no limitativas. Asimismo, ordenó se tomaran en cuenta las medidas sanitarias correspondientes debido a la contingencia derivada del COVID-19, realizando los ajustes temporales necesarios para la convivencia conforme al marco normativo, federal, estatal, municipal y judicial que imperó en el momento del cumplimiento del fallo protector. Por consiguiente, ordenó hacer del conocimiento de las partes los derechos fundamentales del menor, así como la importancia de preservar los lazos afectivos del niño y que el no hacerlo le puede generar perjuicio en su desarrollo emocional; aunado a ello, conminó a las partes a dejar un lado intereses personales y se ordenó al juez de origen velar por el irrestricto cumplimiento de los derechos de régimen de visitas y convivencia con el menor, sin necesitad de promoción de las partes para hacer cumplir sus derechos. De igual manera, le hizo saber al juez de origen que el tema del régimen de convivencia, no está sujeto a las incidencias que pudieran resultar del divorcio o de la liquidación de la sociedad conyugal, en el incidente respectivo; si no que, debe resolver en definitiva lo relativo a la guarda y custodia del régimen de convivencia de manera inmediata en cuanto esté en condiciones de hacerlo y no esperar lo concerniente a los demás temas del divorcio; para lo cual, debe emitir un proveído en el que establezca si está o no en condiciones de resolver ese aspecto de manera independiente, y en caso afirmativo, citar para resolver; y, de no ser así, señalar que aspectos son necesarios para hacerlo. En atención a lo anterior, la diversa responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante proveído de siete de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio 427/2019, de su índice, dejó subsistente la convivencia provisional supervisada entre el referido menor y el quejoso Juan Antonio Tirado Vázquez, decretada en auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, tomando en consideración las medidas sanitarias correspondientes implementadas debido a la contingencia derivada del COVID-19. Por lo que en atención a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, autorizó a que dicha convivencia se realice a través de medios de comunicación que tengan disponibles las partes, tales como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas u otros similares, ello con el fin de mantener comunicación continua entre las citadas partes. II. Manifestaciones. Ahora bien, mediante escritos de registros 2928, 3801 y 3870, el representante del menor quejoso y el quejoso Juan Antonio Tirado Vázquez, manifestaron estar conformes con el cumplimiento dado por parte de las autoridades responsables, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. III. Archivo. a) Orden de archivo Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. b) Orden de depuración o destrucción. De acuerdo al artículo 18 fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es depurable, bajo los lineamientos precisables en el último párrafo del citado numeral, toda vez que se concedió el amparo solicitado. c) Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. d) Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. e) Devolución de documentos. De conformidad con el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. IV. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. V. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VI. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda.

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