Juan Antonio Soto Cardova
Expediente 1642/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1642/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Antonio Soto Cardova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por Juan Antonio Soto Córdova, en su carácter de parte quejosa, contra el auto de veintinueve de noviembre del año en curso, el cual desechó la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 80 y 89 de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno para la substanciación del recurso y fórmese el expediente provisional, esto sin que sea necesario correr traslado a las partes de las copias exhibidas, ya que no se admitió la demanda de amparo.(I)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(I)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de veintinueve de noviembre dos mil diecinueve...Ahora bien, del análisis integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, derivado del expediente 1114/2018, del índice del Juez Primero de lo Familiar en el Estado, y en el escrito aclaratorio (foja 13), manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el día veintidós de octubre del año en curso, se le notificó el aludido auto por cédula de notificación, la cual fue recibida por Noemí Guadalupe Moreno Delgado. Asimismo, se observa que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el quince de noviembre de dos mil diecinueve. En ese tenor, resulta que fue notificado personalmente del acto reclamado, el veintidós de octubre del año en curso, surtiendo efectos la notificación el mismo día, de conformidad con el artículo 118, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. En consecuencia, el término para promover el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, comenzó a correr a partir del día siguiente a que surtió efectos, es decir, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y venció el trece de noviembre del año en curso; plazo en el cual no se incluyen los días veintiséis y veintisiete de octubre, uno, dos, tres, nueve y diez de noviembre, todos de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles. Tal como se ilustra en el siguiente cuadro:.... Entonces, ya que la demanda que ahora se intenta, se promovió hasta el quince de noviembre de dos mil diecinueve, tal como consta en la boleta de recepción de la demanda, resulta claro que su presentación ocurrió fuera del término de quince días que para tal efecto establece el numeral 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, el acto que ahora se reclama debe considerarse consentido tácitamente, de acuerdo con las jurisprudencias números 13 y 14 consultables en la página 11 del Tomo VI (Materia Común), del Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, las que por su orden a continuación se transcriben: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo". "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, lo procedente es desechar la demanda de amparo de que se trata por notoriamente improcedente con fundamento en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 113 ambos de la Ley de Amparo; ya que ante la mecánica en que se dieron los sucesos en el curso del procedimiento no puede sobrevenir elemento alguno que haga cambiar la apreciación que se tiene sobre el asunto que se somete al escrutinio constitucional. No es obstáculo a la anterior conclusión el hecho que en el juicio de origen se encuentre involucrado el derecho de la menor de edad JJSH, relacionado con la persona que deberá continuar ejerciendo su custodia, pues además que el quejoso no comparece al juicio de amparo en representación de dicha menor de edad, no deben de soslayarse requisitos de procedencia del juicio de amparo, como el de oportunidad de la demanda, aún y cuando se vean involucrados los derechos de un infante derivados de un procedimiento familiar. Se comparte el criterio contenido en la tesis XXVII.3o.130 K (10a.), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2390, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Común, registro 2018164, de texto y rubro: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el agraviado interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos definitivos-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva- lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables".(I)
- Principal
Notifíquese personalmente al ocursante.(I)
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes
- Juan Antonio Reyes Rangel2758/2015
- Juan Antonio Reyna Hernández274/2021
- Juan Antonio Romo Muñoz778/2021
- Juan Antonio Rosales Flores1995/2014
- Juan Antonio Rosales Torres1652/2019
- Juan Antonio Rubalcava Montoya985/2020
- Juan Antonio Soto de Anda2885/2014
- Juan Antonio Vega Maldonado2739/2014
- Juan Antonio Verdín Gutiérrez41/2020
- Juan Antonio Villalobos Sánchez1799/2014
- Juan Armando Jara García863/2010
- Juan Armando Pedroza Camacho1635/2019