Juan Antonio Sánchez Montero y Otros.
Expediente 201/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Juan Antonio Sánchez Montero
- Lasiel Álvarez Ruíz
- Juan Antonio Sánchez Montero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
CAUSA ESTADO AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE ASUNTO
- Principal
INFORME JUSTIFICADO SE AGREGA UNICAMENTE PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA
- Principal
SE AGREGA OFICIO UNICAMENTE PARA QUE OBRE, TODA VEZ QUE EL PRESENTE JUICIO SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Operativos, Adscrito a la Estación Migratoria Siglo XXI de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, quien firma por ausencia del Encargado de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado. Ahora bien, del análisis del oficio de cuenta se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "." "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, esto, por haber operado un cambio de situación jurídica. La fracción en estudio contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación de tal acto. Lo anterior es así, debido a que en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera, bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte o ya no poder ser parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A esta breve conclusión se debe agregar que el cambio de situación jurídica también resulta del avance que ha tenido un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica a que se hace referencia se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa o situación jurídica, o bien, cuando concluye definitivamente el juicio o procedimiento relativo. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite concluir que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento jurisdiccional, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en estudio, que de cobrar aplicación en un caso específico, evidentemente el juicio de amparo resultaría improcedente. Sirve de apoyo, la tesis 2ª.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 199808, que lleva por rubro y texto los siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así, de las constancias que remitió la autoridad oficiante se obtiene que la parte quejosa fue puesta a disposición de la Estación Migratoria Siglo XXI, por no haber acreditado su legal estancia en el país y, posteriormente, fue resuelta su situación migratoria, pues se les otorgó documento provisional para realizar actividades remuneradas con una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo cual ya no se encuentran alojados actualmente en la Estación Migratoria Siglo XXI (fojas 68, vuelta). Advirtiéndose de dicho informe que respecto al quejoso Lasiel Álvarez Ruiz, el dieciocho de marzo del año en curso, al ser analizada su situación migratoria, se le otorgó su salida de la Estación Migratoria Siglo XXI, con documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, mediante oficio INM/ORCHIS/JUR/7262/2022, por una temporalidad de cuarenta y cinco días hábiles (foja 68). Y respecto a Juan Antonio Sánchez Montero, el veinticuatro de marzo del año en curso, al ser analizada su situación migratoria, se le otorgó su salida de la Estación Migratoria Siglo XXI, con documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, mediante oficio INM/ORCHIS/JUR/7494/2022, por una temporalidad de cuarenta y cinco días hábiles (foja 68 vuelta). En otras palabras la situación jurídica de la parte quejosa cambió porque fueron privados se su libertad por encontrarse irregularmente en el país y recobraron su libertad al haberse regularizado sus situaciones migratorias. En ese contexto, resulta indudable que los actos reclamados consistentes en: la deportación, repatriación, retorno asistido y/o retorno voluntario, incomunicación, detención aseguramiento y/o prolongación del alojamiento y el probable riesgo de contagio del Covid 19, con esa nueva condición, es decir, con el documento provisional para que los quejosos realicen actividades remuneradas, implicó, un cambio de situación jurídica. Por ello, la nueva situación jurídica la parte quejosa quedó definida con la resolución del procedimiento administrativo migratorio, en el cual se definió sus situación migratoria y se les otorgo salida de la estación migratoria, lo que significa que ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica generada por el otorgamiento del documento provisional con permiso para realizar actividades remuneradas. En ese orden de ideas, se sostiene la actualización de la causa de sobreseimiento invocada, ya que en el caso, se reclama al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Director de Control y Verificación Migratoria adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas y Director de la Estación Migratoria Siglo XXI, la deportación, repatriación, retorno asistido y/o retorno voluntario, incomunicación, detención aseguramiento y/o prolongación del alojamiento y el probable riesgo de contagio del Covid 19, resulta inconcuso que con motivo de la emisión del documento provisional con permiso de realizar actividades renumeradas cambia la situación jurídica de la parte quejosa. Por los razonamientos antes anotados, de conformidad con los artículos 61 fracción XVII, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. En consecuencia, se deja de celebrar la audiencia constitucional que se fijó para DIEZ HORAS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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