Juan Antonio Salomon Trujillo
Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 28 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Antonio Salomon Trujillo
- Junta Local de Conciliacion y Arbitraje con domicilio en calle Berriozabal No. 5, Centro de esta ciudad.
- JUAN ANTONIO SALOMON TRUJILLO y Otros.
- Roberto José Ponce Montemayor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ***, CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS AL GOBERNADOR, AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, A LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN, A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, AL CONSEJERO JURÍDICO DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL DE YUCATÁN, QUE QUEDARON PRECISADOS EN LOS PUNTOS 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 RESPECTO A LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN; 175 QUINQUIES, FRACCIONES II, III, VI, VIII Y IX, 175 OCTIES, 175 NONIES, PÁRRAFO SEGUNDO, 175 DECIES, Y TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO 443/2021, ASÍ COMO DEL DECRETO 471/2022, Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-R-081-SCFI-2015, SERVICIOS-SERVICIOS DE VALUACIÓN-METODOLOGÍA, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN, PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, POR LOS MOTIVOS, CAUSAS Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LOS CONSIDERANDOS CUARTO Y SEXTO DE ESTA SENTENCIA. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ***, CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL DE YUCATÁN, PRECISADOS EN LOS PUNTOS 1 Y 4 RESPECTO A LOS ARTÍCULOS 20-I, PENÚLTIMO PÁRRAFO; ARTÍCULO 20-A, PÁRRAFOS TERCERO Y ÚLTIMO, 20-B, DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN; Y 125, FRACCIÓN XI, 200, PÁRRAFO SEGUNDO, 201 FRACCIONES VII, VIII Y IX, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN, TRANSITORIOS PRIMERO Y TERCERO DEL DECRETO 443/2021, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN, PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, POR LOS MOTIVOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO OCTAVO DE ESTE FALLO CONSTITUCIONAL. TERCERO. LA PRESENTE SENTENCIA SERÁ PUBLICADA EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS CONSIDERANDOS DE LA MISMA. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY A LAS PARTES POR CONDUCTO DEL JUZGADO AUXILIADO; Y A ESTE ÚLTIMO POR INTERCONEXIÓN.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna; por lo tanto se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." El treinta de enero de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional recibió el testimonio de la sentencia pronunciada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós dictado en el amparo en revisión laboral 172/2022, cuyos puntos resolutivos establecen: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado consistente en el auto de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el que se admitió a trámite la demanda y se ordenó su emplazamiento, atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables (con excepción del acto citado en el anterior párrafo)." Con motivo de lo anterior se requirió a las autoridades responsables, su cumplimiento, se precisa que los efectos del fallo protector son los siguientes: "a) Dejar insubsistente el laudo reclamado. b) Se ordena reponer el procedimiento única y exclusivamente por lo que ve al quejoso ***, a fin de ordenar su emplazamiento, y c) En su momento emitir el laudo correspondiente respecto de todos los demandados." Ahora, mediante oficio recibido el nueve de febrero de dos mil veintitrés y registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 1441, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, remitió copia certificada del acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente D.O. 334/2018, de su índice, del que se advierte dejo insubsistente el laudo de diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, así como todo lo actuado en el juicio laboral 334/2018, con posterioridad al auto de admitió la demanda, así como las consecuencias producidas y todos los actos subsecuentes, y ordenó la reposición del procedimiento única y exclusivamente por lo que ve al quejoso ***. Asimismo, mediante oficio recibido el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 2015, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, remitió las constancias de notificación y emplazamiento realizado al quejoso ****. De igual forma, mediante oficio recibido el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés y registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 2936, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, remitió copias certificadas del acta de audiencia de trece y diecisiete ambos de marzo del presente año, así como del acuerdo de veintisiete de marzo del presente año, del que se advierte que llegaron a un arreglo conciliatorio, mismo que ratificaron. En tales condiciones, se advierte que existe la imposibilidad de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Lo anterior, en virtud de que uno de los efectos de la ejecutoria es: (.) c) En su momento emitir el laudo correspondiente respecto de todos los demandados." Pues sólo de esa forma se podrá restituir a la amparista en el pleno goce de las garantías individuales violadas, como el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone. Lo anterior, pone de manifiesto que los efectos establecidos en la ejecutoria de amparo, no podrán ser satisfechos porque cambio el curso del juicio de origen, razón por la cual la autoridad responsable no dará cabal cumplimiento a la sentencia amparadora. En esas condiciones, este Juzgador advierte que en efecto existe imposibilidad jurídica para cumplir el fallo protector. Ahora bien, toda vez que existe controversia si procede el recurso de inconformidad o el incidente de inejecución de sentencia en contra del auto en el que se declara la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector en tales condiciones, este Juzgado de Distrito, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, el cual fue modificado por el Instrumento Normativo Aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del que se advierte que los recursos de inconformidad interpuestos en contra de las determinaciones, que tengan por cumplida una sentencia de amparo, que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir una sentencia de esa naturaleza u ordenen el archivo definitivo de un asunto, serán del conocimiento del Tribunal Colegiado correspondiente (artículo SEGUNDO, fracción XVI de dicho acuerdo). En tales condiciones, atendiendo a lo señalado en las líneas precedentes, este órgano jurisdiccional, adopta el criterio sustentado por la tesis aislada I.9o.P. (10a.), con número de registro 2016741, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2236, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECRETA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA CUMPLIR EL FALLO PROTECTOR. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que cuando un juzgador determine que una ejecutoria concesoria de amparo es de imposible cumplimiento, se debe aplicar por analogía el trámite de un incidente de inejecución de sentencia y no únicamente cuando exista conducta contumaz de la autoridad responsable en su cumplimiento. Asimismo, indicó que la competencia de dicha incidencia, tratándose del juicio de amparo indirecto, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en términos del último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Además, precisó que la determinación que la resuelve, en la que se verifique la imposibilidad del cumplimiento y se haga la declaración correspondiente, podrá ser impugnada en términos del artículo 201, fracción II, de la ley de la materia, a través del recurso de inconformidad, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare en definitiva si existe tal imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento. Sin embargo, tales consideraciones fueron emitidas con anterioridad a que el Pleno de ese Alto Tribunal aprobara el Instrumento Normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican diversas disposiciones del Acuerdo General Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del mismo Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y al envío de los de su competencia originaria a las Salas y Tribunales Colegiados de Circuito. A partir de estas modificaciones, es inconcuso que los Jueces de Distrito pueden declarar la imposibilidad material o jurídica para cumplir una sentencia de amparo, y que contra esta determinación, resulta procedente el recurso de inconformidad que nos ocupa, mismo que actualmente es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme a los puntos cuarto, fracción IV, y octavo, fracción I, del referido Acuerdo General 5/2013, en los que el Máximo Tribunal delegó su competencia originaria. De este modo, de conformidad con tales disposiciones, es procedente el recurso de inconformidad previsto en la fracción II del numeral 201 de la Ley de Amparo, contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir el fallo protector, mismo que debe resolver el Tribunal Colegiado de Circuito, siendo innecesario efectuar el trámite de inejecución de sentencia en los términos expuestos y posteriormente contra tal determinación acudir al recurso de inconformidad, en virtud de que esto era así cuando la competencia para conocer de este último medio de impugnación recaía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual actualmente no acontece, sino que debe ser el Tribunal Colegiado de Circuito quien directamente resuelva tal recurso y declare en definitiva si existe o no la aludida imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia que concede el amparo." Sin que pase inadvertida la diversa jurisprudencia 2a./J/2017 (10ª), emitida por la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 490, del Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, de mayo de 2017, con número de registro 2014210, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ORGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." Pues como se dijo anteriormente, el Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, a que hace alusión dicha jurisprudencia ha sido modificado. En consecuencia, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, se declara la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia de amparo, dejando a salvo los derechos de la quejosa para que haga valer lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a las partes; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL PROVEÍDO Y/O RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE EN SÍNTESIS DICE: Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna; por lo tanto se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." El treinta de enero de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional recibió el testimonio de la sentencia pronunciada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós dictado en el amparo en revisión laboral 172/2022, cuyos puntos resolutivos establecen: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado consistente en el auto de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el que se admitió a trámite la demanda y se ordenó su emplazamiento, atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables (con excepción del acto citado en el anterior párrafo)." Con motivo de lo anterior se requirió a las autoridades responsables, su cumplimiento, se precisa que los efectos del fallo protector son los siguientes: "a) Dejar insubsistente el laudo reclamado. b) Se ordena reponer el procedimiento única y exclusivamente por lo que ve al quejoso ***, a fin de ordenar su emplazamiento, y c) En su momento emitir el laudo correspondiente respecto de todos los demandados." Ahora, mediante oficio recibido el nueve de febrero de dos mil veintitrés y registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 1441, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, remitió copia certificada del acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente D.O. 334/2018, de su índice, del que se advierte dejo insubsistente el laudo de diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, así como todo lo actuado en el juicio laboral 334/2018, con posterioridad al auto de admitió la demanda, así como las consecuencias producidas y todos los actos subsecuentes, y ordenó la reposición del procedimiento única y exclusivamente por lo que ve al quejoso ***. Asimismo, mediante oficio recibido el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 2015, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, remitió las constancias de notificación y emplazamiento realizado al quejoso ****. De igual forma, mediante oficio recibido el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés y registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 2936, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, remitió copias certificadas del acta de audiencia de trece y diecisiete ambos de marzo del presente año, así como del acuerdo de veintisiete de marzo del presente año, del que se advierte que llegaron a un arreglo conciliatorio, mismo que ratificaron. En tales condiciones, se advierte que existe la imposibilidad de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Lo anterior, en virtud de que uno de los efectos de la ejecutoria es: (.) c) En su momento emitir el laudo correspondiente respecto de todos los demandados." Pues sólo de esa forma se podrá restituir a la amparista en el pleno goce de las garantías individuales violadas, como el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone. Lo anterior, pone de manifiesto que los efectos establecidos en la ejecutoria de amparo, no podrán ser satisfechos porque cambio el curso del juicio de origen, razón por la cual la autoridad responsable no dará cabal cumplimiento a la sentencia amparadora. En esas condiciones, este Juzgador advierte que en efecto existe imposibilidad jurídica para cumplir el fallo protector. Ahora bien, toda vez que existe controversia si procede el recurso de inconformidad o el incidente de inejecución de sentencia en contra del auto en el que se declara la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector en tales condiciones, este Juzgado de Distrito, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, el cual fue modificado por el Instrumento Normativo Aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del que se advierte que los recursos de inconformidad interpuestos en contra de las determinaciones, que tengan por cumplida una sentencia de amparo, que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir una sentencia de esa naturaleza u ordenen el archivo definitivo de un asunto, serán del conocimiento del Tribunal Colegiado correspondiente (artículo SEGUNDO, fracción XVI de dicho acuerdo). En tales condiciones, atendiendo a lo señalado en las líneas precedentes, este órgano jurisdiccional, adopta el criterio sustentado por la tesis aislada I.9o.P. (10a.), con número de registro 2016741, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2236, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECRETA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA CUMPLIR EL FALLO PROTECTOR. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que cuando un juzgador determine que una ejecutoria concesoria de amparo es de imposible cumplimiento, se debe aplicar por analogía el trámite de un incidente de inejecución de sentencia y no únicamente cuando exista conducta contumaz de la autoridad responsable en su cumplimiento. Asimismo, indicó que la competencia de dicha incidencia, tratándose del juicio de amparo indirecto, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en términos del último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Además, precisó que la determinación que la resuelve, en la que se verifique la imposibilidad del cumplimiento y se haga la declaración correspondiente, podrá ser impugnada en términos del artículo 201, fracción II, de la ley de la materia, a través del recurso de inconformidad, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare en definitiva si existe tal imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento. Sin embargo, tales consideraciones fueron emitidas con anterioridad a que el Pleno de ese Alto Tribunal aprobara el Instrumento Normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican diversas disposiciones del Acuerdo General Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del mismo Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y al envío de los de su competencia originaria a las Salas y Tribunales Colegiados de Circuito. A partir de estas modificaciones, es inconcuso que los Jueces de Distrito pueden declarar la imposibilidad material o jurídica para cumplir una sentencia de amparo, y que contra esta determinación, resulta procedente el recurso de inconformidad que nos ocupa, mismo que actualmente es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme a los puntos cuarto, fracción IV, y octavo, fracción I, del referido Acuerdo General 5/2013, en los que el Máximo Tribunal delegó su competencia originaria. De este modo, de conformidad con tales disposiciones, es procedente el recurso de inconformidad previsto en la fracción II del numeral 201 de la Ley de Amparo, contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir el fallo protector, mismo que debe resolver el Tribunal Colegiado de Circuito, siendo innecesario efectuar el trámite de inejecución de sentencia en los términos expuestos y posteriormente contra tal determinación acudir al recurso de inconformidad, en virtud de que esto era así cuando la competencia para conocer de este último medio de impugnación recaía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual actualmente no acontece, sino que debe ser el Tribunal Colegiado de Circuito quien directamente resuelva tal recurso y declare en definitiva si existe o no la aludida imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia que concede el amparo." Sin que pase inadvertida la diversa jurisprudencia 2a./J/2017 (10ª), emitida por la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 490, del Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, de mayo de 2017, con número de registro 2014210, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ORGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." Pues como se dijo anteriormente, el Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, a que hace alusión dicha jurisprudencia ha sido modificado. En consecuencia, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, se declara la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia de amparo, dejando a salvo los derechos de la quejosa para que haga valer lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a las partes; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I,INCISO C, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS , QUE EN SINTESIS DICE: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguense al presente sumario los oficios signado por la Presidenta y actuaria, ambas adscritas a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Iguala, Guerrero, mediante el cual informan en cumplimiento del fallo protector remiten copia certificada de diversas constancias. En ese sentido, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que una vez transcurrido el plazo, con o sin el desahogo de la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento, incumplimiento o en su caso, la imposibilidad de cumplimentar la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes.
Quedan 24 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · 3,053 expedientes
- Josefa Huerta Pantaleón19/2023
- Josue de Jesus Garcia Najera285/2018
- Josue Patiño Gonzalez14/2015
- Juan Alfredo Sierra Martínez243/2017
- Juan Andrés Santos Carranza382/2015
- Juan Antonio Morales Tapia200/2018
- Juan Antonio Soroa Rodríguez573/2014
- Juan Armando Hernandez Guzman201/2020
- Juan Arturo Moreno Morales402/2017
- Juan Bernabe Arroyo107/2023
- Juan Bernabé Fabián422/2015
- Juan Bernanbe Arroyo141/2023