Juan Antonio Salomón Mireles
Expediente 449/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Antonio Salomón Mireles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en el sentido que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veintiuno de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que se establece como fecha probable el veinte de octubre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado electrónicamente por el apoderado y representante legal de Petróleos Mexicanos Empresa Productiva del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento efectuado en autos y en alcance a su informe justificado, precisó que el diecinueve de septiembre del año en curso, el quejoso Juan Antonio Salomón, recibió el oficio GRRLRHSUR/SAPVER-DPBR-1600-2022, de nueve de agosto de la presente anualidad, con el que se le dio contestación a la solicitud presentada el doce de abril del año en curso, lo que acredita con la constancia respectiva. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la responsable la documental adjunta al oficio que ahora se recibe, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Ahora bien, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido consiste en: Atento a lo anterior, se vislumbra que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ello es así, toda vez que este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera que en la especie el quejoso Juan Antonio Salomón reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta a su solicitud presentada el doce de abril dos mil veintidós, en la cual pidió que se ampliara el beneficio contenido en la cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo, relativo al periodo de incapacidad, por el tiempo que sea necesario y se le siguiera pagando su salario retroactivo y actual. Al respecto, de las constancias remitidas por el aludido apoderado con su informe justificado y al diverso oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diez de agosto pasado en alcance a dicho informe, así como la documental adjunta al oficio de cuenta, se advierte que mediante oficio GRRLRHSUR/SAPVER-DPBR-1600-2022, de nueve de agosto del año en curso, la autoridad responsable dio contestación a dicho ocurso, mismo que se notificó al quejoso el diecinueve del presente mes y año. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Al margen de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el acto que le reclama al Centro Operativo de Recursos Humanos Activo Integral de Veracruz de Petróleos Mexicanos, consistente en la omisión o abstención de dar respuesta en breve término en su carácter de institución, en la cual pidió que se ampliara el beneficio contenido en la cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo, relativo al periodo de incapacidad, por el tiempo que sea necesario y se le siguiera pagando su salario retroactivo y actual, solo conlleva un actuación propia de la relación previa que une al mencionado Centro con el quejoso como particular, lo que sin duda, constituía aspectos que se enmarcan en una relación del ente asegurador con motivo de una relación de trabajo, lo cual no es un acto de autoridad en la vía constitucional. Es decir, es claro que no se trata de una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, en la que el primero actúe en un plano superior al segundo, toda vez que en dicha relación, no se crearon, modificaron, o extinguieron por sí o ante sí alguna situación jurídica que haya afectado la esfera legal de la parte quejosa, sin que para ello necesitara acudir ante los órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado que son las notas que distinguen a la autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues no se encontraría a discusión si fue correcta o incorrecta la razón por la cual no se emite respuesta al escrito petitorio en el que se solicita se ampliara el beneficio contenido en la cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo, relativo al periodo de incapacidad, por el tiempo que sea necesario y se le siguiera pagando su salario retroactivo y actual (cuestiones que serían materia de fondo ante el órgano jurisdiccional competente), sino lo que aquí importa es que no se trataría de un acto de autoridad, porque tiene naturaleza laboral, acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente entre el servidor público y la dependencia patronal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable vía electrónica.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado electrónicamente por el apoderado y representante legal de Petróleos Mexicanos Empresa Productiva del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento efectuado en autos y en alcance a su informe justificado, precisó que el diecinueve de septiembre del año en curso, el quejoso Juan Antonio Salomón, recibió el oficio GRRLRHSUR/SAPVER-DPBR-1600-2022, de nueve de agosto de la presente anualidad, con el que se le dio contestación a la solicitud presentada el doce de abril del año en curso, lo que acredita con la constancia respectiva. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la responsable la documental adjunta al oficio que ahora se recibe, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Ahora bien, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido consiste en: Atento a lo anterior, se vislumbra que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ello es así, toda vez que este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera que en la especie el quejoso Juan Antonio Salomón reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta a su solicitud presentada el doce de abril dos mil veintidós, en la cual pidió que se ampliara el beneficio contenido en la cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo, relativo al periodo de incapacidad, por el tiempo que sea necesario y se le siguiera pagando su salario retroactivo y actual. Al respecto, de las constancias remitidas por el aludido apoderado con su informe justificado y al diverso oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diez de agosto pasado en alcance a dicho informe, así como la documental adjunta al oficio de cuenta, se advierte que mediante oficio GRRLRHSUR/SAPVER-DPBR-1600-2022, de nueve de agosto del año en curso, la autoridad responsable dio contestación a dicho ocurso, mismo que se notificó al quejoso el diecinueve del presente mes y año. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Al margen de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el acto que le reclama al Centro Operativo de Recursos Humanos Activo Integral de Veracruz de Petróleos Mexicanos, consistente en la omisión o abstención de dar respuesta en breve término en su carácter de institución, en la cual pidió que se ampliara el beneficio contenido en la cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo, relativo al periodo de incapacidad, por el tiempo que sea necesario y se le siguiera pagando su salario retroactivo y actual, solo conlleva un actuación propia de la relación previa que une al mencionado Centro con el quejoso como particular, lo que sin duda, constituía aspectos que se enmarcan en una relación del ente asegurador con motivo de una relación de trabajo, lo cual no es un acto de autoridad en la vía constitucional. Es decir, es claro que no se trata de una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, en la que el primero actúe en un plano superior al segundo, toda vez que en dicha relación, no se crearon, modificaron, o extinguieron por sí o ante sí alguna situación jurídica que haya afectado la esfera legal de la parte quejosa, sin que para ello necesitara acudir ante los órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado que son las notas que distinguen a la autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues no se encontraría a discusión si fue correcta o incorrecta la razón por la cual no se emite respuesta al escrito petitorio en el que se solicita se ampliara el beneficio contenido en la cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo, relativo al periodo de incapacidad, por el tiempo que sea necesario y se le siguiera pagando su salario retroactivo y actual (cuestiones que serían materia de fondo ante el órgano jurisdiccional competente), sino lo que aquí importa es que no se trataría de un acto de autoridad, porque tiene naturaleza laboral, acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente entre el servidor público y la dependencia patronal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable vía electrónica.
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Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para esta fecha se encuentra prevista la audiencia constitucional; asimismo, que mediante proveído de cinco del mes y año en curso, se ordenó requerir a la autoridad responsable Departamento de Personal Boca del Río, representante local de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias en Boca del Río, Veracruz, para que dentro del término de tres días siguientes al de su notificación, informara si notificó al quejoso Juan Antonio Salomón Mireles, el oficio GRRLRHSUR/SAPVER-DPBR-1600-2022, de nueve de agosto de la presente anualidad, en el que se dio contestación a su escrito de petición de doce de abril de dos mil veintidós, sin que obre en autos el acuse de recibo respectivo; y, por ende, no ha trascurrido el término concedido a la referida autoridad. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de derechos humanos, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se fijan para su verificativo las doce horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre dos mil veintidós. Cabe precisar, que se fija la mencionada fecha para la celebración de la audiencia en comento, atento a que así lo permiten las condiciones imperantes en la actualidad, derivadas de que hasta esta data todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación continúan laborando bajo un esquema de trabajo de asistencia controlada, el cual se ha prorrogado, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma la vigencia del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, conforme al cual los órganos tienen asignado un horario presencial de labores restringido -distinto del habitual-, con un límite de personal que puede asistir a desempeñar labores presenciales. Se precisa lo expuesto, en atención a lo establecido en la Circular 1/2022 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se indicó que, atento a la dinámica actual de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debía justificarse en los acuerdos respectivos las razones por las cuales no fuera posible atender a los tiempos que establecen las leyes, derivado de la disminución de las actividades presenciales. Notifíquese.
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