Juan Antonio Saenz Salazar

Expediente 913/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
913/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Antonio Saenz Salazar
  • Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 913/2019-5 En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el presente juicio de amparo 913/2019-5, promovido por Juan Antonio Sáenz Salazar. El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar la Secretaria que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. Primeramente, se tiene por recibido el informe justificado registrado con el folio 14455, rendido por la autoridad responsable (fojas 10 a 13). A lo que el Juez provee: téngase por recibido el informe de mérito, dése cuenta con el mismo en la fase oportuna y glósese a los autos para que obre como corresponda, de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo. Enseguida, la Secretaria procede a dar lectura al escrito de demanda (foja 2), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por las autoridades responsables. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver este juicio de amparo. A continuación, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que la Secretaria da cuenta con la documental exhibida por la autoridad responsable como anexo a su informe justificado (fojas 10 a 13). A lo que se acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. No se formularon alegatos. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 913/2019-5; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas en Reynosa, turnado en esa fecha a este Juzgado Octavo de Distrito, Juan Antonio Sáenz Salazar promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, se registró con el número 913/2019-5, se ordenó dar los trámites administrativos comunes, pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, (fojas 3 a 5) la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional y los actos tienen ejecución en la misma. SEGUNDO. En principio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 547/4/2018, en el que la autoridad responsable reservó la calificación de pruebas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Al rendir su informe justificado la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, manifestó que no es cierto el acto reclamado (foja 10). Además, tal autoridad remitió copia certificada del acuerdo relativo a las pruebas emitido el ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio de origen; documental pública que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última. CUARTO. Ahora bien, de la documental pública allegada por la autoridad responsable, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este juicio de derechos fundamentales, efectivamente no existía la omisión reclamada, y tal circunstancia actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ." En efecto, del juicio constitucional en que se actúa, se advierte que el trece de agosto de dos mil diecinueve, Juan Antonio Sáenz Salazar reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta localidad, el auto de tres de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 547/4/2018, en el que se reservó la calificación de pruebas. Por su parte, la Presidente de la Junta responsable al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, además, adjuntó copia certificada del acuerdo relativo a la calificación de pruebas, emitido el ocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 11 a 13); cuya omisión constituye el acto reclamado en este asunto. Lo anterior prueba de manera fehaciente e indudable, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (trece de agosto de dos mil diecinueve), el acto reclamado no existía, al haberse emitido el ocho de agosto pasado el acuerdo correspondiente, con lo que se surte la causa de sobreseimiento en estudio. Cobra vigencia la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Octava Época (registro 213793), cuyo rubro y letra señalan: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Dadas las razones anotadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE en este juicio de amparo. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que no haya sido emplazada a este juicio de amparo la parte demandada en el juicio de origen, pues se estima que la presente determinación no le perjudica. Además, en su caso, estará en aptitud de impugnar esta resolución en los términos de la Jurisprudencia P.J. 41/98, visible en la página 65, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (registro 195673), del siguiente tenor: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA." La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 913/2019-5, promovido por Juan Antonio Sáenz Salazar, contra la autoridad responsable señalada en el resultando primero de esta resolución, por el acto reclamado y para los efectos anotados en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. L'IIDLM/Lida

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Sáenz Salazar; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 913/2019-5, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Sáenz Salazar, contra acto de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de aquél al que reciba la notificación del presente proveído, mismo que inclusive podrá ser rendido utilizando la vía fax que se sirva transmitir al número telefónico 899-926-30-74, y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama correspondiente a este Juzgado Federal, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Hidalgo número 145, Segundo Piso, Local 1, entre las calles Herón Ramírez y Francisco I, Madero, colonia Bellavista de esta ciudad, y como autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, al licenciado Aarón Salazar Maldonado. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan de Dios de León Sánchez, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2662/2019, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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