Juan Antonio Ruiz Pérez
Expediente 366/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 24/06/2016
Partes del expediente
- Juan Antonio Ruiz Pérez
- Poder Legislativo del Estado de Baja California, Mexicali.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
"se autorizan copias..."
- Principal
EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE TRECE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CUMPLIMIENTO ...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.
- Principal
Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el informe rendido por la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la Junta Directiva Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, residentes en Mexicali, mediante el cual informa que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, y para acreditar lo anterior, remiten oficios número STJD/088/2016, y DG/I82/2016, de seis y siete de junio de dos mil quince, dirigidos a Juan Antonio Ruiz Pérez, signados por el Presidente la Junta Directiva Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, respectivamente; en consecuencia, con dichos informes y constancias, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; y una vez trascurrido el plazo otorgado, con desahogo de vista o sin ella, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el oficio signado por el Actuario Judicial Federal adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y copia certificada de la resolución dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la Paz, Baja California Sur, en el amparo en revisión administrativo 549/2015, interpuesto por el quejoso Juan Antonio Ruiz Pérez, por conducto de su autorizado José Daniel Trujillo Ordorica, en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil quince, ejecutoria en la que se resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a JUAN ANTONIO RÍOS PÉREZ, contra las normas generales reclamadas a las autoridades responsables, Congreso del Estado de Baja California, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, todos con residencia en Mexicali, así como su aplicación atribuida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) y la junta directiva del mencionado instituto, ambas con residencia en Mexicali, para los efectos precisados en el considerando que antecede. TERCERO. Se desechan los recursos de revisión adhesivos, por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente ejecutoria. [.]." En consecuencia, agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, así como el cuaderno de antecedentes relativo, desglosando del mismo las copias certificadas con que se formó, toda vez que son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y háganse las anotaciones en el libre de gobierno respectivo. Ahora, la ejecutoria de referencia otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: ".para el efecto de que no se apliquen al quejoso los preceptos legales reclamados contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; y en la Ley que regula a los Trabajadores que refiere la fracción II apartado B, del artículo 99, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de Seguridad Social. Concesión que debe hacerse extensiva a los autos reclamados a las autoridades ejecutoras Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) y la junta directiva del mencionado instituto, por no haberse reclamado por vicios propios." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, Baja California, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos apuntados; apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo fijado, o de no manifestar el impedimento legal que tuviesen para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien días, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En la inteligencia de que, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Poder Legislativo del Estado de Baja California, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, Secretario General de Gobierno, y Oficial Mayor de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todas con residencia en Mexicali, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, como se indicó, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para el quejoso, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dése cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
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