Juan Antonio Ruiz Garcia

Expediente 2181/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2181/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Antonio Ruiz Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se declara firme el sobreseimiento y se ordena el archivo del expediente.

  2. Principal

    PRINCIPAL: ********************. PROM.: En treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria, doy cuenta al Juez, con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE.-Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable al que se acompañó diversas constancias relativas al acto reclamado. Ahora, en el presente sumario, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, se señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: El dejar de librar oficio al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas a fin de se sirva informar el adeudo de pago de cuotas del patrón Servicios de Salud de Tamaulipas en los términos del laudo de fecha 10 de agosto de 2018, dentro del expediente laboral 112/E01/2015. Así, se tiene que en la especie, haciéndose un análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias aportadas por la responsable, se tiene que de lo que se duele la parte quejosa Juan Antonio Ruiz Garcia, por parte la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, es de la omisión de: Proveer sobre el ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el mismo día, a través del cual solicitó se despacharan las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, específicamente, que se dictar auto de requerimiento de pago y embargo, se gire oficio a Instituto de Previsión y Seguridad Social en el Estado de Tamaulipas, y se expida por triplicado constancia de personalidad, así como copia certificada de todo lo actuado a partir del laudo, dentro del expediente laboral 112/E01/2015. De las documentales anexadas al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer sobre el ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el mismo día, a través del cual solicitó se despacharan las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, específicamente, que se dictar auto de requerimiento de pago y embargo, se gire oficio a Instituto de Previsión y Seguridad Social en el Estado de Tamaulipas, y se expida por triplicado constancia de personalidad, así como copia certificada de todo lo actuado a partir del laudo, dentro del expediente laboral 112/E01/2015, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en la especie de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto que la aquí parte quejosa Juan Antonio Ruiz Garcia reclama, es la omisión por parte de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de proveer sobre el ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dentro del sumario de origen. Sin embargo, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, y que obran en autos, se advierte que el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó un acuerdo en el que se pronunció sobre el escrito de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que esencialmente solicitaba la continuación del procedimiento de ejecución, que motivó el presente amparo. Acordándose en el sentido de que se estuviera a los autos de veinte junio del año dos mil diecinueve y auto de cinco de marzo dos mil veinte, ordenó la expedición de la constancia de personalidad del apoderado legal de la parte actora y la expedición de las copias certificadas a partir del laudo hasta la última actuación, previo pago realizado al Fondo Auxiliar. Por lo anterior, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de proveer sobre el ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el mismo día, a través del cual solicitó se despacharan las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, específicamente, que se dictar auto de requerimiento de pago y embargo, se gire oficio a Instituto de Previsión y Seguridad Social en el Estado de Tamaulipas, y se expida por triplicado constancia de personalidad, así como copia certificada de todo lo actuado a partir del laudo, dentro del expediente laboral 112/E01/2015, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que para la actualización de la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del expediente natural, necesariamente supone el impulso de la parte ejecutante (como carga procesal), dada su propia naturaleza. Es decir, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Luego, si en la especie, la autoridad responsable proveyó mediante el auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, a fin de lograr la ejecución del laudo dictado en autos, impulsado por la parte actora mediante ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, resulta lógico y jurídicamente razonable que se trata de una omisión genérica para lograr la ejecución del laudo, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio, de manera que si la parte quejosa promovió este juicio para combatir la omisión genérica de la autoridad laboral de llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo en los términos que refiere, es evidente que el acto omisivo atacado en el juicio de amparo que nos ocupa, fue atendido por la responsable, ello en los términos que han quedado precisados. A lo anterior, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2000025, y en la página 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual forma, suma a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 1a. XXIV/98, registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, Pagina 53, que reza: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Así también, la tesis aislada 2a. CXLI/97, registro 197269, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, Materia Común, Pagina 366, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Asimismo, a lo anterior, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2000011, consultable en la página 2771, del libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Karla Lizeth Ruiz Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable al que se acompañó diversas constancias relativas al acto reclamado. Ahora, en el presente sumario, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, se señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: El dejar de librar oficio al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas a fin de se sirva informar el adeudo de pago de cuotas del patrón Servicios de Salud de Tamaulipas en los términos del laudo de fecha 10 de agosto de 2018, dentro del expediente laboral 112/E01/2015. Así, se tiene que en la especie, haciéndose un análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias aportadas por la responsable, se tiene que de lo que se duele la parte quejosa Juan Antonio Ruiz Garcia, por parte la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, es de la omisión de: Proveer sobre el ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el mismo día, a través del cual solicitó se despacharan las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, específicamente, que se dictar auto de requerimiento de pago y embargo, se gire oficio a Instituto de Previsión y Seguridad Social en el Estado de Tamaulipas, y se expida por triplicado constancia de personalidad, así como copia certificada de todo lo actuado a partir del laudo, dentro del expediente laboral 112/E01/2015. De las documentales anexadas al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer sobre el ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el mismo día, a través del cual solicitó se despacharan las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, específicamente, que se dictar auto de requerimiento de pago y embargo, se gire oficio a Instituto de Previsión y Seguridad Social en el Estado de Tamaulipas, y se expida por triplicado constancia de personalidad, así como copia certificada de todo lo actuado a partir del laudo, dentro del expediente laboral 112/E01/2015, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en la especie de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto que la aquí parte quejosa Juan Antonio Ruiz Garcia reclama, es la omisión por parte de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de proveer sobre el ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dentro del sumario de origen. Sin embargo, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, y que obran en autos, se advierte que el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó un acuerdo en el que se pronunció sobre el escrito de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que esencialmente solicitaba la continuación del procedimiento de ejecución, que motivó el presente amparo. Acordándose en el sentido de que se estuviera a los autos de veinte junio del año dos mil diecinueve y auto de cinco de marzo dos mil veinte, ordenó la expedición de la constancia de personalidad del apoderado legal de la parte actora y la expedición de las copias certificadas a partir del laudo hasta la última actuación, previo pago realizado al Fondo Auxiliar. Por lo anterior, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de proveer sobre el ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el mismo día, a través del cual solicitó se despacharan las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, específicamente, que se dictar auto de requerimiento de pago y embargo, se gire oficio a Instituto de Previsión y Seguridad Social en el Estado de Tamaulipas, y se expida por triplicado constancia de personalidad, así como copia certificada de todo lo actuado a partir del laudo, dentro del expediente laboral 112/E01/2015, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que para la actualización de la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del expediente natural, necesariamente supone el impulso de la parte ejecutante (como carga procesal), dada su propia naturaleza. Es decir, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Luego, si en la especie, la autoridad responsable proveyó mediante el auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, a fin de lograr la ejecución del laudo dictado en autos, impulsado por la parte actora mediante ocurso de treinta de septiembre de dos mil veintidós, resulta lógico y jurídicamente razonable que se trata de una omisión genérica para lograr la ejecución del laudo, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio, de manera que si la parte quejosa promovió este juicio para combatir la omisión genérica de la autoridad laboral de llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo en los términos que refiere, es evidente que el acto omisivo atacado en el juicio de amparo que nos ocupa, fue atendido por la responsable, ello en los términos que han quedado precisados. A lo anterior, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2000025, y en la página 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual forma, suma a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 1a. XXIV/98, registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, Pagina 53, que reza: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Así también, la tesis aislada 2a. CXLI/97, registro 197269, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, Materia Común, Pagina 366, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Asimismo, a lo anterior, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2000011, consultable en la página 2771, del libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agregan los oficios signado por el Presidenta de la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Por otro lado, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, al rendir el informe de cuenta, se desprende que el licenciado ********************, tiene el carácter de apoderado legal de la parte actora, dentro de los autos del expediente laboral de donde emana el acto reclamado; en tales condiciones, téngasele por reconocida la personalidad con que comparece dentro del presente expediente. Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se reservó a proveer respecto a su solicitud de acceso al expediente electrónico, hasta en tanto se reconociera la personalidad con la que comparecía a la presente instancia, y tomando en consideración que en esta propia fecha se le reconoce tal carácter, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a ********************, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario ******************** y correo electrónico floressarno@hotmail.com en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido... Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese; y por correo electrónico a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este juzgado.

  4. Principal

    VISTO el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte no se encuentra debidamente integrado para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a efecto de que rinda el informe justificado que se le solicitó mediante proveído de ocho de diciembre del dos mil veintidós, el cual se le notifico el nueve de diciembre de dos mil veintidós según acuse que obra en el expediente electrónico. Lo anterior, por ser un hecho notorio que la citada autoridad se encontraba disfrutando de su periodo vacacional. Por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la citada audiencia, por lo que se difiere y se señala de nueva cuenta las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. En la inteligencia de que la misma, en términos de la última parte de la fracción II del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Para tal efecto, se pone a su disposición el número de reunión, contraseña y liga de acceso, en la que se llevará a cabo la audiencia constitucional programada en la hora y fecha señaladas en líneas precedentes, a la que podrá unirse con 15 minutos de anticipación. NÚMERO DE REUNIÓN (CÓDIGO DE ACCESO) CONTRASEÑA DE LA REUNIÓN ENLACE 2490 375 2167 sZtyemGM342 https://cjf.webex.com/cjf/j.php?MTID=mb96d3112851d7d2ad76e3b688b9e0423 En la inteligencia de que, para poder acceder a la reunión programada, deberá copiar el enlace de la reunión en el navegador de internet, e introducir el número de reunión y contraseña proporcionada. La audiencia constitucional se llevará a cabo sin la presencia física de las partes en las instalaciones del órgano jurisdiccional; no obstante, podrán comparecer vía ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings, o bien, a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Lo anterior, en términos de la fracción II del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo... Asimismo, se deja a su disposición el número de teléfono del presente órgano jurisdiccional ******************** extensión ******************** y ********************, a fin de estar en condiciones de dilucidar algún inconveniente que pudiera surgir al momento de ingresar a la reunión señalada, en un horario de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, en términos del artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Finalmente, de conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... NOTIFÍQUESE.

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