Juan Antonio Rojas Gaytan O Juan Antonio Rojas
Expediente 697/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Antonio Rojas Gaytan O Juan Antonio Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y atendiendo a que se negó tanto la medida cautelar provisional y como la definitiva, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. Asimismo, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando tercero de la interlocutoria de siete de diciembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia que en parte sobreseyó y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18° fracción I inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto, se negó el juicio de amparo, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI ".. Seguido que fue el trámite del juicio, la audiencia constitucional se celebró en sus fases de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De las constancias que integra el juicio de amparo, se advierte la parte quejosa reclama: El acuerdo dictado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, relativo a la negativa de darle acceso a la carpeta de investigación tramitada en su contra en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, la Fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género; negó la existencia del acto reclamado, pues refirió que la integración de la carpeta de investigación respecto de la cual el quejoso solicitó intervención, la llevan a cabo directamente los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía a su cargo; quienes además tienen la encomienda de acordar las peticiones que se presenten en dicha institución. Sin que la parte quejosa aportara prueba para desvirtuar dicha negativa. En torno al Fiscal General del Estado de Oaxaca, si bien no rindió informe justificado, lo cierto es que no es posible presumir la certeza del acto reclamado, pues de las constancias aportadas por la parte quejosa, concretamente del instructivo de notificación que le fue dirigido, se advierte la transcripción de la resolución dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, en la que le negó la intervención que solicitó. Lo que evidencia la inexistencia de la negativa reclamada al Fiscal General del Estado de Oaxaca, pues fue diversa autoridad ministerial la que emitió el acto impugnado. Así, procede sobreseer el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, negó la existencia del acto reclamado, pues adujo que la carpeta de investigación número 19873/FMUJ/UDVF/2020 en donde aparece como imputado el aquí quejoso, fue remitida a la Dirección de averiguaciones Previas y Procesos el día tres de agosto de dos mil veinte para continuar con su trámite; lo que además se corrobora con el acuse del oficio sin número que para tal efecto suscribió la representación social en mención. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, con el original del instrutivo de notificación aportado por el quejoso, que le fue dirigido y de cuyo contenido se advierte la transcripción de la resolución dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, en la que le negó la intervención que solicitó. Aunado a ello, mediante oficio terminación 123/2021, la Fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, dicha autoridad al atender el requerimiento formulado por este Juzgado en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, refirió que la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte mediante la cual la negaron el acceso a la carpeta de investigación al quejoso, sí fue emitida por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Licenciada Luvia Maived Gallardo López. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa de la autoridad en cuestión y se tiene por cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Aduce el quejoso que se viola en su perjuicio el artículo 1 de la Constitución Federal, pues la responsable no le dio intervención a la carpeta de investigación instruida en su contra. Que existe una evidente desigualdad procesal, toda vez que no se le debe restringir su derecho de defensa y acceso a los registros de investigación con la simple interpretación de que no está bajo el supuesto de detención, o de ser citado o declarar o testificar; sin embargo, refiere encontrarse bajo el supuesto de un acto de molestia, pues fue molestado en sus propiedades y en su información personal; se pidió información sobre sus menores hijos. Que el hecho de ordenar una investigación sobre él a los agentes ministeriales, realizando entrevistas a los vecinos y tomando fotografías en su domicilio, constituyen actos de molestia en su perjuicio, por lo que solicitó intervención para defender su derecho a la presunción de inocencia, el cual le fue negado por la responsable. Refiere que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal, pues se está realizando una investigación en su contra por un delito que desconoce; y a pesar de solicitar intervención le fue negado su derecho de defensa. Dice se viola el artículo 16 Constitucional, dado que se encuentra bajo el supuesto de una investigación y de ser entrevistado; sin embargo, la representación social responsable le negó su derecho a intervenir en la carpeta de investigación integrada en su contra, bajo el argumento de que no ha solicitado su comparecencia para que se reciba su declaración; y que por el hecho de no ser llamado ante el fiscal, no puede comparecer para hacer valer su derecho de defensa, sin embargo, los elementos policiacos realizaron actos de molestia. Asevera que se viola en su perjuicio el principio de igualdad entre las partes; así como el de presunción de inocencia, toda vez que las autoridades investigadoras, en todo momento deben valerse de actos de investigación con la finalidad de aportar los elementos necesarios para conocer la verdad. Los conceptos de violación sintetizados son infundados. El artículo 20, apartado A, fracción I; y apartado B, fracciones II y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales. I. El proceso tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] II. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada . [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuanto pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. [.]." De la interpretación de dicho precepto constitucional, se advierte que el proceso penal será oral y acusatorio. Tiene como finalidad que se cumplan con sus objetivos, a saber: A. Esclarecimiento de los hechos. B. Proteger al inocente. C. Procurar que el culpable no quede impune. D. Lograr efectivamente la reparación del daño en favor de la víctima u ofendido. Además, conforme lo dispuesto en el precepto constitucional invocado, en el proceso penal adversarial, se estableció que el imputado tendría acceso a todos los datos que solicite para su defensa y que constaran en el proceso; cuando se trate de la carpeta de investigación, siempre y cuando se colmara alguno de los siguientes supuestos: 1. Se encuentre detenido. 2. Sea citado para comparecer como imputado. 3. Sea sujeto de un acto de molestia. 4. Se pretenda recibir su entrevista. Ahora, el artículo 113, fracciones V y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula: "Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; [.] VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código." Además, el numeral 211, fracción I, estipula: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; [.]." De acuerdo a lo dispuesto, la etapa de investigación, y en específico la denominada "inicial", que es la que para el caso importa, inicia con la formulación de una denuncia o querella ante el Agente del Ministerio Público, y finaliza con la puesta a disposición del imputado ante el Juez de Control, a efecto de que le sea comunicada imputación. En esa primera etapa, la representación social busca esclarecer si los hechos materia de la denuncia o querella pudieran ser constitutivos de un hecho calificado por la ley como delito, y si el imputado intervino en su comisión, para que, de resultar necesario, solicite al Juez cite al imputado y, en audiencia pública y asistido de un defensor, conozca los hechos cuya comisión se le imputan, su calificación jurídica, quién se los atribuye, las pruebas que sustentan la imputación y si la representación social solicitará alguna medida cautelar. Etapa que tiene como finalidad que el imputado tenga conocimiento de los datos indispensables para poder preparar su defensa, y será en la parte complementaria de la investigación, en la que podrá ofrecer las pruebas que estime conducentes para contradecir la imputación formulada por el Ministerio Público, dado que dicha etapa culmina, en su caso, con la determinación que decrete el cierre de la investigación. De ahí que, durante la investigación inicial, el Ministerio Público únicamente tiene que recabar datos de prueba para establecer si, en su caso, existen elementos para continuar con la investigación de un hecho que, en apariencia, es de naturaleza delictiva y además, pudieran involucrar al imputado; y de los cuales llevará registro en la carpeta de investigación, por lo que tales actuaciones deben ser guardadas con sigilo; y además, carecen de valor probatorio para el dictado de una sentencia definitiva. Sobre los datos que se recaban en esta fase y, por ende, el derecho del imputado como sujeto del proceso, a imponerse de los mismos, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." Acorde con el precepto trascrito, la investigación inicial será reservada frente a terceros y en el caso de los imputados sólo tendrán acceso a los datos ahí contenidos en los supuestos antes plasmados. Ahora, en el caso, el quejoso reclama el acuerdo dictado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual la Agente del Ministerio adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, negó darle intervención en la carpeta de investigación integrada en su contra, al considerar que no se colocaba en alguno de los supuestos previstos en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Determinación que constituye el acto reclamado. Así, conforme lo dispuesto en los preceptos invocados, para tener acceso a los registros que constituyen la indagatoria, es necesario que el quejoso se ubique en alguno de los supuestos legales, pues la autoridad ministerial únicamente se encontraba obligada a dar intervención o información relacionada con la carpeta de investigación cuando el imputado: 1) se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado; 3) sea sujeto de un acto de molestia; y, 4) se pretenda recibir su entrevista; lo que en la especie no sucedió. Luego, si en el caso, no ha ocurrido ninguno de estos supuestos, es evidente que la representante social no se encontraba obligada a darle intervención o información respecto de la carpeta de investigación que se instruye en su contra. En ese sentido, resultan infundados los conceptos de violación, pues la negativa darle intervención en la carpeta de investigación, por no colocarse en alguno de los supuestos previsto por la ley para tal efecto, en forma alguna implica una imputación hacia su persona como quien probablemente hubiera llevado a cabo la conducta motivo de la indagatoria; y, en su caso, ello implique un acto de molestia dirigido a vulnerar su derecho de defensa, la presunción de inocencia ni el principio de igualdad procesal como lo refiere. Ello es así, pues como se indicó en párrafos anteriores, la etapa de investigación inicial únicamente tiene por objeto establecer si los hechos materia de la denuncia o querella pudieran ser constitutivos de un hecho calificado por la ley como delito, y si el imputado intervino en su comisión, para que, de resultar necesario, solicite al Juez cite al imputado y, en audiencia pública y asistido de un defensor, conozca los hechos cuya comisión se le imputan, su calificación jurídica, quién se los atribuye, las pruebas que sustentan la imputación y si la representación social solicitará alguna medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, a tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2016618 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h Materia(s): (Constitucional, Penal) Tesis: I.6o.P.102 P (10a.) DERECHO AL ACCESO A LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y A OBTENER COPIA DE ÉSTOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE CONFIGURA A FAVOR DEL IMPUTADO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE DETENIDO, SEA OBJETO DE UN ACTO DE MOLESTIA, O HAYA SIDO CITADO A ENTREVISTA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.- El artículo 20, apartado A, fracción V, apartado B, fracciones III, IV y VI, y apartado C, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de igualdad como eje rector del proceso penal acusatorio y oral, garantizando que el imputado y el acusador, constituido por la víctima y el Ministerio Público, cuenten con "igualdad procesal" para sostener sus respectivas hipótesis durante las tres etapas del proceso penal, entre ellas, la de investigación en su fase inicial. En ese sentido, para efecto de que las partes cuenten con la misma posibilidad de sostener sus posturas durante ésta, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el mismo derecho para la víctima y el imputado, sobre el acceso a los registros de investigación, así como la oportunidad de que obtengan una reproducción de éstos, conforme a los parámetros que dicha normativa prevé en sus artículos 109, fracción XXII y 113, fracción VIII. Ahora bien, el artículo 218 del mismo ordenamiento dispone que la carpeta de investigación no tendrá el carácter de reservada para el imputado y su defensa y, por consiguiente, tendrán acceso a ella cuando aquél se encuentre detenido, sea citado a comparecer, o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; asimismo, el diverso 219 prevé que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a "obtener copia", con la oportunidad debida para preparar la defensa; y, finalmente, el segundo párrafo del numeral 337 dispone que el acceso y obtención de copias de todos los registros de la investigación, cobra vigencia en los momentos procesales previstos en el artículo 218 citado. Por tanto, cuando en la investigación inicial el imputado se encuentre detenido, sea objeto de un acto de molestia o citado a entrevista por el agente del Ministerio Público, tiene derecho al acceso de los registros de investigación, así como a la obtención de copias de éstos, ya sea mediante copia fotostática o registro fotográfico o electrónico, para sostener su defensa durante la investigación inicial." De ahí que, previo a que se ejercite acción penal, el Ministerio Publico únicamente lleva acabo la recolección de datos de prueba que le permitan establecer la probabilidad en torno a la existencia del hecho denunciado; y si, en su caso, el imputado intervino en su comisión; por lo que no es en ese momento, en el que se realiza una imputación formal sobre su persona y, por ende, restringirle acceso a los registros de la investigación no afecta su derecho a una defensa adecuada, el cual será garantizado al momento en que se determine la existencia de elementos suficientes para solicitar le sea comunicada imputación inicial. Por lo tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo a la parte quejosa. SEXTO. Transparencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por (..:) en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARE NI PROTEGE a (.), en términos del considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento al último considerando de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO)
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta por el cual la Fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género, con sede en la Ciudad de Oaxaca, cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintisiete de enero pasado. De lo que se toma nota para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE..
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