Juan Antonio Rodriguez Soriano

Expediente 1035/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1035/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Antonio Rodriguez Soriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio enviado a través del Sistema de Interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, remite copia de la determinación de dieciocho de diciembre del año en curso, en la que calificó de ilegal el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Seis "Sureste", con residencia en Huimanguillo, Tabasco. Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio para que surta los efectos legales procedentes y por cumplido el requerimiento formulado en proveído de doce de diciembre pasado. Ahora, toda vez que el cumplimiento de la sentencia de amparo estaba supeditada a la determinación que emitiera el Juez competente calificara o no de legal el traslado del quejoso, circunstancia que ya aconteció, por tanto: Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, requiérase al Comisionado Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, el quejoso sea devuelto al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", y, remitan copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), con número de registro 2007911, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio suscrito por el Subdirector de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia del Director de área y en ausencia de éste, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en representación del Comisionado Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través del cual, remite copia certificada del oficio SSPC/PRS/28068/2019 por el que solicito a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con carácter de Juez Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, califique el traslado del aquí quejoso. Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio para que surta los efectos legales procedentes y este órgano jurisdiccional toma conocimiento de su contenido. Ahora, el estado procesal del presenta asunto evidencia lo siguiente: Mediante sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve se concedió el amparo y protección de la justica federal al quejoso para los efectos siguientes: a) De manera inmediata notifiquen la orden de traslado al juez competente, para que este a su vez dentro del término de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación proceda a calificar la legalidad o no del traslado. b) De no obtenerse la autorización judicial, sea devuelto el quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Así las cosas, mediante proveído de seis de noviembre pasado (fojas 99 y 100), causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En oficio recibido el veintiuno de dicho mes y año el Subdirector de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia del Director de Área y en ausencia de éste, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en representación del Comisionado Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la sentencia, solicitando para tal efecto una prórroga. Asimismo, mediante oficio recibido en esta fecha dicha autoridad refirió haber instado a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con carácter de Juez Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, a fin de que califique el traslado reclamado por el quejoso. Consecuentemente, con forme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Amparo, al advertirse que el cumplimiento de la sentencia de amparo depende del actuar de la Juez mencionada, es dable en el caso tenerla por vinculada al cumplimiento de la misma, pues todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica. Al caso es aplicable La jurisprudencia 1a./J. 57/2007, consultable en la página 144 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Así como tesis (IV Región)1o.6K (10a.), publicada en la página 2749 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, con número de registro 2011595, de rubro y texto. "AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. UNA VEZ RECONOCIDAS CON ESE CARÁCTER POR EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LAS SUPEDITÓ A DICHO CUMPLIMIENTO, AUN CUANDO NO HAYAN PARTICIPADO EN EL JUICIO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES. El artículo 197 de la Ley de Amparo prevé que toda autoridad que deba intervenir en el cumplimiento de una sentencia está obligada a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Por tanto, las que sean vinculadas al cumplimiento de una sentencia protectora, una vez reconocidas con ese carácter por el órgano de control constitucional, están legitimadas para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 81 de la ley de la materia contra la determinación que las supeditó a dicho cumplimiento, aun cuando no hayan participado en el juicio como autoridades responsables, pues les afecta directamente en su esfera jurídica, toda vez que en caso de oponerse a la ejecución de la sentencia, se harían acreedoras a cualquiera de las sanciones que impone el artículo 192 de la propia ley; incluso, el titular podría ser separado del puesto o cometer un hecho delictivo de los tipificados por el diverso 262, fracción V, de la misma ley." Por ende, con apoyo en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo gírese oficio con copia de la sentencia dictada en este juicio a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con carácter de Juez Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, y solicítese para que una vez que haya calificado la legalidad o no del traslado reclamado, lo haga del conocimiento a la brevedad posible al Comisionado Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, considerando que el cumplimiento esta subjudice a dicha calificación. En el entendido que dada la investidura con que cuenta, al ser perito en derecho, es sabedora de los procedimientos a seguir durante la substanciación de un juicio de garantías. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Finalmente, dígase al Comisionado Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que una vez que la Juez Vinculada le informe la resolución respecto de la calificación del traslado, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio suscrito por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Seis "Sureste", a través del cual, comunica las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo decretada, e informa que remitió diversa documentación para tal fin a su homologo del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y anexos adjuntos para que surtan los efectos legales procedentes; además este órgano jurisdiccional toma conocimiento de su contenido y se requiérase a la responsable a fin de que una vez que de cumplimiento a la sentencia de amparo remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237 fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio suscrito por el Subdirector de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia del Director de Área y en ausencia de éste, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en representación del Comisionado Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través del cual, hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que se encuentra realizando las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la sentencia, por lo cual solicita una prórroga. Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio para que surta los efectos legales procedentes y este órgano jurisdiccional toma conocimiento de su contenido. Otórguesele la prórroga solicitada para que dentro del improrrogable plazo de diez días previsto en la fracción I del ordinal 297 de la codificación señalada, dé cumplimiento al requerimiento formulado, término que deberá computarse a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente determinación; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de seis de noviembre pasado. Notifíquese.

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