Juan Antonio Rodríguez Martel

Expediente 1322/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1322/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Juan Antonio Rodríguez Martel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 24/07/2019; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se determinó: Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto de nueve de julio de dos mil diecinueve en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso y autorizado en términos amplios del primero, por el que realizan diversas manifestaciones con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y solicitan se vincule para tal propósito a diversas autoridades; agréguese a los autos y téngaseles realizando sus consideraciones. Sin embargo, en atención a lo solicitado no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte demandada en el juicio de origen, misma que fue condenada a cubrir las cantidades laudadas, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo y por ende vincularse al cumplimiento de la protección constitucional. Lo anterior, en razón de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 363/2017, se pronunció específicamente sobre el tema que en este juicio se pretende. Efectivamente, en el estudio abordado por la superioridad se dilucidó la cuestión de que las autoridades que habían figurado como parte en un procedimiento laboral, las cuales habían sido condenadas, adquirían el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando omitían cumplir de manera voluntaria con el laudo. En ese sentido, estableció que el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala que cualquier institución, servicio y/o dependencia de la administración pública de la Federación, de las entidades federativas o municipios, están colocadas en la misma situación que cualquier otra parte del procedimiento; sin embargo, dicho artículo establece, además, el privilegio de inembargabilidad de sus bienes. De la misma manera, señaló que en las diversas jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la propia Segunda Sala, se había abordado al tema planteado; estableciendo que las dependencias de la administración pública que hubieren sido parte en el juicio laboral de origen, adquirían la calidad de autoridad responsable cuando eran omisas en cumplir con el laudo, siempre y cuando la ley que regulara el procedimiento no previera un procedimiento para ejecutarlo. Es así, que abordó el estudio de los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; y, concluyó que dicha legislación cuenta con un amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución del laudo, como lo son la imposición de multas y la orden de suspensión del cargo, razón por la cual, estableció que las partes en el juicio de origen se encuentran en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales. Asimismo, señaló que para allegar a esa determinación no era obstáculo que la ley en estudio no contemplara como medida de apremio el embargo; toda vez que, los medios de apremio no necesariamente deben culminar en el embargo, aunado a que ante el incumplimiento de las medidas establecidas en la legislación de Jalisco el Tribunal de origen puede dar vista a la autoridad competente por la posible comisión de un delito, al ser una cuestión de orden público. Dichos argumentos fueron plasmados de la siguiente manera: [se omite transcripción]. En razón de lo anterior, no ha lugar a vincular al cumplimiento a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, quien fue parte demandada en el juicio laboral de origen, al encontrarse en el mismo plano de igualdad con al aquí quejoso en esa contienda; aunado a que la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevén el procedimiento respectivo para lograr la ejecución del laudo.

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