Juan Antonio Rodriguez Arvizu

Expediente 671/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
671/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Juan Antonio Rodriguez Arvizu

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que logra advertirse que transcurrió para las partes el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Incidente de suspensión. Sin que en el presente asunto se hubiere solicitado la apertura del incidente de suspensión. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Documento original. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Se comisiona al actuario. En el entendido de que, en el supuesto que el domicilio oficial de la autoridad responsable se encuentre cerrado o no cuente con correo institucional donde pueda recibirse el oficio que se gire; instrúyase a los actuarios adscritos para que practiquen la notificación del presente proveído en el domicilio oficial, una vez que reanude sus labores, sin necesidad de nuevo acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte, ante la oficialía Común de los Juzgados de Distritos, con residencia en esta ciudad, recibida en esa misma fecha en este Juzgado, (1) ************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que precisó en su escrito de demanda. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto se violaron, siendo los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo fue admitida mediante proveído de dos de octubre de dos mil veinte, se registró con el número 671/2020, y se ordenó la formación del expediente relativo, admitiéndose en sus términos, se solicitaron los informes justificados correspondientes, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Considerando: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Acuerdo General 03/2013, en relación con el 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, luego del examen integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias que integran este juicio, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa expuso sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía, podemos concluir que en el caso se reclaman: Expedición de justicia lenta y retardada en relación al señalamiento de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera de los plazos y términos legales, refiere el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo; y, Su notificación. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado, procede verificar la existencia del acto precisado, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juntas Especial Número Uno, Dos y Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y sus respectivos actuarios adscritos a dichas Juntas, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente el acto que se les reclamó, sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción eficaz para desvirtuar dicha negativa, razón por la cual al no quedar demostrada la existencia de los actos reclamados a dicha autoridades señaladas como responsables, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio respecto de la misma. Sirve como sustento para lo anterior, la Jurisprudencia por reiteración número VI. 2o. J/20, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, consultable en la página 627, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, visible bajo número de registro 227634, cuyo rubro y texto señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el caso, las diversas autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y su respectivo actuario adscrito a dicha Junta, al rendir su informe justificado reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además está corroborado con las constancias relativas al juicio de origen, que en copia certificada fueron allegadas a este contradictorio federal por la propia junta responsable, las que como documentos públicos, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen. Dicho precepto legal dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." Ahora, el análisis de la causa de improcedencia en comento, conlleva a materializar la restitución del daño producido por el acto de autoridad, a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; pues en caso de apreciar alguna modificación al entorno jurídico en que surgió éste, que tornará fácticamente imposible lograr los fines propuestos por el legislador para el juicio de garantías, ningún fin positivo tendría darle curso legal, porque de todas formas lo resuelto no trascendería a la esfera jurídica del peticionario de amparo; el contenido normativo del citado dispositivo revela que para que tenga lugar esta causal de improcedencia es menester reunir los siguientes requisitos: a) Que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto que en ella se reclame subsista; b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió dicho acto reclamado; y c) Que por haber dejado de existir la materia u objeto de éste, no pueda surtir efecto legal o material. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Tesis de jurisprudencia vigente en términos del artículo Sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo, virtud que interpreta disposiciones esencialmente iguales, según se precisa en el siguiente cuadro comparativo: LEY DE AMPARO ANTERIOR LEY DE AMPARO VIGENTE Artículo 73, fracción XVII. Artículo 61, fracción XI. 73. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y. Precisado lo anterior, a pesar de que la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, esto es, la emisión del acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, mediante el cual radicó el juicio laboral 2051/2020 3-B, promovido por la parte quejosa y señaló para las diez horas del diecinueve de noviembre del año en curso, para el desahogó la conciliación, demanda y excepciones, prevista por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, de las propias constancias remitidas por la autoridad se advierte que al haber sido debidamente notificadas las partes dentro del juicio laboral, ya se llevó a cabo en la citada fecha el desahogo la conciliación, demanda y excepciones; con lo cual dejó de existir la materia el presente juicio de amparo indirecto, pues su fin u objeto era resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y si la fijación para el desahogó de la primera diligencia fue dentro de los plazos y términos legales, refiere el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que aun y cuando examinara la legalidad de la emisión del acto reclamado, de llegar a conceder la tutela de la justicia federal, es incuestionable que este no trascendería a la esfera jurídica de la parte quejosa por haber desaparecido el objeto y materia de aquélla, por lo que se insiste, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII de la ley de Amparo. En las condiciones anotadas, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia precisada en este apartado, con sustento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juico de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de diciembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda el oficio y anexo, remitidos por la autoridad responsable, mediante cual remite constancias que le fueron requeridas y en alcance al informe justificado. Al respecto resulta aplicable la tesis: XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Vista. Atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las pruebas documentales que la autoridad señalada como responsable exhibe junto con su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, y la certificación que antecede, que el presente expediente no está plena y debidamente integrado, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de tres días otorgado mediante proveído de veintitrés del mes y año que transcurre a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de que remita constancias para mejor proveer respecto del fallo que será dictado en el presente juicio.. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las trece horas con veinte minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese.

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