Juan Antonio Rivera Rodríguez
Expediente 111/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Antonio Rivera Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el arábigo 86 de la normativa de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 81, fracción I, inciso e), de la legislación aplicable, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Anotaciones Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el ordinal 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los dispositivos 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el arábigo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, y no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino Además, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó, de conformidad a lo previsto en el precepto 21, inciso a), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión En el presente asunto, no se tramitó incidente de suspensión. Ley de Transparencia Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero y considerando tercero de esta resolución, por las razones de orden jurídico establecidas en el diverso cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos de su considerando último. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la misiva 4079/2023, firmada vía electrónica con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad, con la que remite el informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos Encargado del 1. Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, autorizado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para dictar Sentencias, por ser del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, con el mismo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del 1. Juez Primero de lo Familiar; 2. Secretario Judicial expedientes pares del Juzgado Primero de lo Familiar; y 3. Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar, todos de Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "IV. ACTO RECLAMADO. Lo constituyen: A). presentación de mi escrito ante el juez primero de la familiar de esa ciudad de salina Cruz, Oaxaca, con fecha ******************** solicitándole respetuosamente que señalara fecha para la audiencia a de alegatos con efectos para la citación de oír sentencia interlocutoria dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia que promoví en la vía incidental dentro del expediente familiar número ******************** del índice del juzgado primero de lo familiar como lo justifico fehacientemente con la copia simple del mismo que anexo al presente escrito de demanda para los efectos de ley a que haya lugar en el presente juicio de garantías. B). Como consecuencia de lo anterior, la falta de notificación, dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al juicio principal ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de salina cruz, Oaxaca; y; De la ejecutora reclamo la falta de notificación para la audiencia de alegatos dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia que promoví anexo al expediente familiar número ********************." ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número ******************** DESECHAMIENTO Resulta oportuno analizar la aludida demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse de manera manifiesta e indudable causas de improcedencia del juicio de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- El artículo 145 de la Ley de Amparo precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esta tesitura, como se adelantó, respecto del 2. Secretario Judicial expedientes pares del Juzgado Primero de lo Familiar, en Salina Cruz, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el artículo 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclamen no sean actos de autoridad propiamente dicha; en atención a que el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos que en favor de todo gobernado tutela la Constitución General de la República, frente a los actos de un ente del Estado que goza de una facultad de imperio, es decir, el acto que se tilda de transgresor de garantías debe revestir las siguientes características: unilateralidad, imperatividad y coercitividad, ya que sin los precisados supuestos, no habrá acto de autoridad y sin éste, no será procedente el juicio constitucional. En efecto, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dentro de las facultades del Secretario de Acuerdos está, entre otras, la de autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera entraña un acto decisorio, sino sólo la de dar fe de que las determinaciones judiciales, efectivamente fueron pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno; de ahí que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia I.2o.P.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, que aparece en la página 87 del tomo VII, enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, registro IUS 223613, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". En esas condiciones, el amparo promovido en contra de dicha autoridad, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5° fracción II del mismo ordenamiento legal; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por notoria y manifiesta improcedencia, únicamente en cuanto a dicho secretario se refiere. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117 y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo únicamente por lo que respecta al acto reclamado a las siguientes autoridades: Ordenadoras 1. Juez Primero de lo Familiar. Salina Cruz, Oaxaca. Ejecutora 3. Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar. Salina Cruz, Oaxaca. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, y sin que haya lugar a solicitar a las autoridades señaladas como responsables informe previo, toda vez que no fue solicitada por el quejoso la suspensión de los actos reclamados, de conformidad a lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS Con apoyo en los arábigos 115, 116 y 117 de la legislación aplicable, pídanse a las autoridades responsables sus informes justificados, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según la hipótesis, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 238 de esa legislación. En la inteligencia de que dichos informes deberán remitirlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vaya a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y dentro del término establecido en el 117 de la Ley de Amparo. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, vía fax y/o correo electrónico, el oficio que se gire en este expediente a la autoridad responsable foránea. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Con el mismo fundamento, apercíbaseles que de no enviar su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los ordinales 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la normativa de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente. SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de las autoridades, el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio y no se propicie el riesgo de contagio por el referido virus; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se hace vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dicha responsable para que proporcione el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo antes mencionado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que una vez fijada la celebración de la audiencia, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del ordinal 30 de la legislación aplicable, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dichas autoridades que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándolas de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Se reserva a proveer, de ser el caso, respecto a quién le asiste el carácter de tercero interesado, así como lo relativo a su emplazamiento, hasta en tanto se cuente con el informe justificado que rindan las autoridades responsables. PRUEBAS Se tienen por anunciadas las pruebas que refiere el impetrante del amparo, consistentes en actuaciones que en su momento adjunte como soporte probatorio la responsable. Por otra parte, en cuanto a la prueba documental que dice ofrecer el impetrante del amparo, no se admite, dado que no la exhibe, ya que únicamente adjunta la relativa en la que se aprecia su firma y folio de recepción por parte de la autoridad que señala como responsable. Así también, se tienen por ofrecidas la presuncional legal y humana, mismas que dada su naturaleza, en este acto se desahogan, sin perjuicio de relacionarlas al dictarse sentencia, DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio del impetrante para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************; y como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere el impetrante, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener inscritas sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los faculte a ejercer legalmente como licenciados en derecho, por lo que deberán actuar en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto demuestre el registro correspondiente ante el aludido sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el arábigo 17 de la Constitución; con fundamento en el arábigo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación de los Secretarios y Secretarias certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los numerales 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente.
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