Juan Antonio Rivera Lorca

Expediente 333/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 38 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
333/2022
Año
2022
Actuaciones
38
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Rivera Lorca
  • Secretario de Salud Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas por conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I, inciso b), del citado artículo, éste debe ser depurado, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y se negó y se concedió la suspensión definitiva; en tal virtud, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Igualmente, se hace la precisión de que este expediente carece de relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico sí lo tiene el presente juicio de garantías, y si lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos de los que se advierte, que mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se le requirió a la parte quejosa para que manifestara bajo protesta de decir verdad, si la menor quejosa ha sido inoculada con la vacuna autorizada para ello, o la imposibilidad que hubiere tenido, sin que hubiera desahogado la prevención hecha. Ahora bien, y toda vez que resulta un hecho notorio para este Secretario encargado del despacho, que el dieciséis de junio del año en curso, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo menor, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre cinco a once años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Por otra parte, de la lectura de las constancias que integran los presentes autos se advierte que las autoridades responsables, Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Comisionado Federal de dicha dependencia y Secretaría de Salud Federal, ambos con sede en la ciudad de México, no cumplieron con las prevenciones que se les hizo en acuerdos de quince de julio y veintinueve de agosto, ambos del año en curso, respectivamente, no obstante estar debidamente notificados, tal y como se advierte de los comprantes de entrega de estafeta de recibido de dichas autoridades, en el sentido de que manifestaran si insisten en la interposición de los recursos de revisión que interpusieron en autos mediante proveídos de diez de mayo y uno de agosto, ambos del año en curso, respectivamente, en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, se hace efectivo los apercibimientos decretados en los proveídos de mérito; por tanto, se omiten las remisiones de dichos medios de impugnación para su substanciación. Atento a lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución, que en su único punto resolutivo AMPARÓ a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sentado lo anterior, es menester traer a colación que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto que la parte impetrante reclamó, medularmente lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de inocular a la menor quejosa, con las dos dosis de la vacuna antes referida. En virtud de lo anterior, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la menor de edad de iniciales ******************** Asimismo, por auto de fecha de hoy, causó ejecutoria la citada resolución, las autoridades estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. A efecto de restituir a la referida menor quejosa en el goce de sus derechos fundamentales las autoridades responsables y las que se vinculan al cumplimiento de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, deberán: El Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su ámbito de facultades, gestionar a la mayor brevedad y utilizando el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano adquieran la formulación de 10 microgramos de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (tapa naranja). Realizado lo anterior, el Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a quien se vincula al cumplimiento, realice los trámites administrativos necesarios a efecto de autorizar la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (tapa naranja) en menores de cinco a doce años. Por su parte la Secretaría de Servicios y/o Servicios de Salud del Estado de Yucatán, el Delegado Estatal de la Secretaría de Bienestar en el Estado, y el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación vs Covid-19 Operativo Correcaminos, a quienes también se vincula al cumplimiento, deberán, previo dictamen médico de resultar viable y mediante consentimiento por escrito de los padres de la niña quejosa, aplicar el esquema completo de vacunación apropiado para la edad de la menor quejosa, conforme los estándares internacionales reconocidos, conforme se expuso en esta sentencia.." Así, como se aprecia, esencialmente los efectos para los cuales se emitió la sentencia de referencia es para que las responsables incluyan a la niña quejosa en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, a fin de que fuera inoculada con el esquema completo de la vacuna Pfizer/BioNTech contra la enfermedad COVID-19. Ahora bien, como se dijo en el proveído veintinueve de agosto de dos mil veintidós, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora federal que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro para vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo menor, así como seleccionar la entidad y Municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre cinco a once años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso se encuentra cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, pues como quedó evidenciado, las autoridades federales y estatales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad entre cinco a once años (rango de edad en el que se encuentra la menor quejosa), con la vacuna Pfizer/BioNTech, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de las dosis de la vacuna, inició el veintiocho de junio del año en curso, en esta ciudad, donde tiene su domicilio la menor aludida, incluso. Por tanto, es evidente que, con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia oficial de la titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; por autorización otorgada en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5739/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de la Secretaria Libia Beatriz Cua Mejia, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Visto lo informado en la cuenta que antecede, resulta un hecho notorio que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, está disponible el registro para vacunación a niños de cinco a once años, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; y que en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio referido, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado. En consecuencia, requiérase, vía estafeta, a la autoridad responsable Secretaría de Salud Federal, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, manifieste si insiste en la interposición del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, a fin de no llevar a cabo actuaciones innecesarias, en virtud de lo señalado en el párrafo que antecede. Con el apercibimiento que de no cumplir, dentro del término señalado, con lo requerido anteriormente, se omitirá la remisión de dicho medio de impugnación para su substanciación. Hágase del conocimiento de las autoridades arriba señaladas, que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información requerida podrán rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión Por otro lado, en mérito de lo anterior, prevéngase a la parte quejosa, para que en el término de tres días hábiles, legalmente computado, indique BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si el menor quejoso ya ha sido inoculado con la vacuna autorizada para ello o la imposibilidad que hubiere tenido para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, primero de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a estos el oficio signado vía electrónica por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Secretario de salud, ambos con sede en la Ciudad de México, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y formula agravios; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; entréguese copia del escrito de expresión de revisión y agravios vía estafeta a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito con el que de igual forma expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado; todo ello se reserva, hasta en tanto obren los acuses de recibo de los oficios remitidos a las autoridades responsables que tienen su residencia fuera de la ciudad en la que este órgano jurisdiccional tiene su asiento, con la cual se les comunicó la resolución interlocutoria dictada en este asunto, así como el oficio donde se le comunique el presente acuerdo. Lo anterior de conformidad con el criterio aplicado por la Superioridad en este Circuito, en términos de lo establecido en la jurisprudencia que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias en el momento indicado, a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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